Mientras millones de adultos mayores celebran la llegada de un alivio económico histórico, en Ibagué estalló una fuerte polémica por lo que ciudadanos califican como una burda apropiación política de un beneficio que tiene nombre propio: Gobierno Nacional y Gustavo Petro. Desde este 23 de diciembre comenzó el pago del bono de $230.000 del programa Colombia Mayor, una transferencia que llega a más de tres millones de personas sin pensión y en condición de vulnerabilidad, pero que en la capital del Tolima estaría siendo presentada como un “logro” de la alcaldesa uribista, desatando indignación en redes sociales.
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Prosperidad Social confirmó que el ciclo 12 de pagos se extenderá hasta el 12 de enero de 2026 y será operado por el Banco Agrario en todo el país. La medida hace parte de la estrategia Dignidad Mayor – Rumbo al Pilar Solidario, un paso clave hacia la Reforma Pensional impulsada por el presidente Gustavo Petro para garantizar un ingreso mínimo a quienes fueron excluidos históricamente del sistema. “Esta acción refuerza la política de envejecimiento digno y representa un paso firme hacia el Pilar Solidario”, explicó el director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, al referirse a la ampliación del programa que hoy beneficia a tres millones de personas mayores.
Cumplimos. Tres millones de abuelos y abuelas ya hacen parte de Colombia Mayor. 1,3 millones de beneficiarios nuevos, con un bono pensional de 230 mil pesos. 1,7 beneficiarios antiguos, pasaron de recibir 80 mil a 230 mil pesos. Esto es #DignidadMayor @petrogustavo… pic.twitter.com/aE7EbctPVW
— Mauricio Rodríguez Amaya (@mao_rodriguez1) December 22, 2025
El propio presidente Petro fue contundente al anunciar el inicio de los pagos: “El Gobierno del Cambio le cumple a nuestros abuelos y abuelas. Ya son 3 millones de personas mayores que comienzan a recibir los 230.000 pesos del bono pensional del programa Colombia Mayor en todo el país”, dejando claro que se trata de una política nacional financiada con recursos del Estado. Para este ciclo, el Gobierno destinó más de 600.000 millones de pesos, según lo establecido en el CONPES 4176 de 2025, una cifra que evidencia la magnitud del esfuerzo fiscal.
Sin embargo, en los últimos días empezó a circular un video grabado en Ibagué que encendió la controversia. En las imágenes se observa a adultos mayores haciendo fila para reclamar el subsidio mientras una mujer los entrevista y les pregunta a quién deben agradecer el aumento. Varias personas responden que a la alcaldesa de la ciudad, Johana Aranda, e incluso una adulta mayor afirma, entre risas, que la invitará “a tomar un cafecito” con el dinero recibido, convencida de que el ingreso es gracias a ella. Para muchos usuarios en redes, el video no es espontáneo, sino una estrategia política que raya en el engaño.
🛑 DESCARO!!!
— De Perogrullo (@OjoMudo) December 19, 2025
Miren lo que hace la Alcaldía de Ibagué con las filas y la gente que está reclamando los $230.000 que entrega el Gobierno Petro!!!
⚠️ Ojo!!! Lo mismo pasa en la mayoría de municipios del país.
Hijueputas opositores que se la pasan hablando mierda de Petro, pero… pic.twitter.com/vRd9WCuPD7
Las denuncias apuntan directamente a la administración municipal, señalando que estaría induciendo a error a los beneficiarios al atribuirse un programa que no fue creado, financiado ni ejecutado por la Alcaldía. Colombia Mayor es una política del Gobierno Nacional, operada por Prosperidad Social y articulada con la Reforma Pensional del presidente Petro, no un favor personal ni una gestión local. “Eso es aprovecharse de la necesidad de los abuelos para hacer politiquería”, escribió un usuario indignado, mientras otros exigieron respeto por una población que históricamente ha sido marginada.
El contraste es evidente: mientras desde Bogotá se estructura una renta básica solidaria para combatir la pobreza extrema en la vejez de todo el país, en Ibagué se estaría distorsionando la realidad para sacar rédito político. El bono de $230.000 no nació en una alcaldía ni depende de colores partidistas locales; es el resultado de una decisión de Estado que busca saldar una deuda social con quienes trabajaron toda su vida sin llegar a una pensión. En medio del alivio que representa este pago para millones de hogares, la polémica deja una pregunta incómoda: ¿hasta dónde están dispuestos algunos mandatarios locales a llegar para colgarse medallas que no les pertenecen?





