¡Justicia para las que nunca se rindieron! Gobierno Petro salda deuda histórica con más de 300 mil mujeres buscadoras con nueva ley de reconocimiento

Con el Decreto 063 de 2026, el Gobierno del presidente Gustavo Petro reconoce y protege por primera vez a más de 300 mil mujeres que durante décadas buscaron a sus familiares desaparecidos sin apoyo del Estado.

Durante décadas, miles de mujeres en Colombia caminaron solas por cementerios, montañas, ríos y archivos judiciales buscando a sus familiares desaparecidos. Lo hicieron sin respaldo estatal, enfrentando amenazas, estigmatización y el peso de una memoria que el país muchas veces prefirió ignorar. Hoy, el Gobierno del presidente Gustavo Petro asegura haber dado un paso que busca cambiar esa historia: la expedición del Decreto 063 de 2026, una norma que por primera vez reglamenta de manera integral la Ley de Mujeres Buscadoras y reconoce formalmente a más de 300 mil mujeres que han dedicado su vida a encontrar a sus seres queridos desaparecidos.

Desde el Gobierno lo califican como una deuda histórica saldada con quienes han sostenido la memoria del país en medio del conflicto armado. Durante años, estas mujeres, madres, hijas, hermanas y esposas, no solo lideraron búsquedas humanitarias, sino que se convirtieron en guardianas de la verdad frente a la violencia y la desaparición forzada. Sin embargo, lo hicieron casi siempre sin garantías reales del Estado.

La nueva reglamentación pretende cambiar ese panorama. Según el Ministerio de Justicia, el decreto establece por primera vez medidas integrales de protección y reconocimiento que incluyen acceso a justicia, salud, educación, vivienda, autonomía económica y mecanismos de protección frente a las violencias que enfrentan muchas de estas lideresas. Además, reconoce a las mujeres buscadoras como actoras fundamentales en la construcción de verdad, memoria y no repetición dentro del proceso de paz del país.

Uno de los elementos que más destacan desde el Gobierno es la forma en que se construyó la norma. A diferencia de otras políticas públicas elaboradas únicamente desde los despachos oficiales, esta reglamentación se diseñó con una amplia participación de las propias víctimas. Más de 600 mujeres buscadoras de todo el país participaron directamente en el proceso, junto con más de mil aportes ciudadanos, en lo que el Ministerio de Justicia ha descrito como uno de los ejercicios participativos más amplios en materia de política pública para víctimas en Colombia.

El mensaje político detrás de la medida también es claro: el Gobierno del Cambio busca reconocer que durante años estas mujeres fueron quienes sostuvieron la búsqueda de la verdad cuando el Estado no lo hizo. En redes sociales y espacios públicos, múltiples voces han recordado que fueron precisamente ellas quienes denunciaron desapariciones, documentaron casos y mantuvieron viva la exigencia de justicia cuando el silencio institucional dominaba el país.

Con el decreto ya firmado, el Ejecutivo plantea que se abre una nueva etapa en la política de víctimas, en la que las mujeres buscadoras dejan de ser únicamente símbolo de resistencia y pasan a tener reconocimiento institucional, garantías y protección concreta del Estado.

Para miles de familias que aún buscan a sus desaparecidos, la medida representa algo más que un acto administrativo. Es el reconocimiento de una lucha que ha durado décadas y que, según el propio Gobierno, no puede volver a recaer únicamente sobre los hombros de quienes han cargado con el dolor de la ausencia.

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