La posibilidad de que los congresistas colombianos dejaran de recibir cerca de 10 millones de pesos mensuales quedó, por ahora, congelada. En una decisión que ya desató un intenso debate e indignación nacional, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto expedido por el gobierno de Gustavo Petro que eliminaba la llamada prima especial de servicios, beneficio que representaba casi una tercera parte del salario de los legisladores y que debía desaparecer a partir del 20 de julio, cuando se posesionara el nuevo Congreso.
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El decreto firmado por el presidente Petro eliminaba esa prima especial creada durante el gobierno de Juan Manuel Santos en 2013. Ese beneficio ascendía este 2026 a 18.098.558 pesos mensuales, lo que permitía que cada congresista recibiera un salario bruto superior a 55 millones de pesos y un ingreso neto cercano a 32 millones, después de descuentos por impuestos y aportes.
La medida fue adoptada por el conjuez Héctor Santaella Quintero, quien consideró que era necesario detener temporalmente la entrada en vigencia del decreto mientras se estudia de fondo su legalidad. La decisión representa un duro golpe para una de las iniciativas más populares impulsadas por el Gobierno Nacional y revive el debate sobre los elevados ingresos que reciben los congresistas en un país donde millones de ciudadanos sobreviven con ingresos muy inferiores.
#Política l El Alto Tribunal suspendió el decreto del gobierno @petrogustavo que eliminó la prima de servicios de unos 18 millones de pesos para legisladores. El jefe de Estado hizo fuertes cuestionamientos sobre la caída de estos decretos. pic.twitter.com/muxF6NRtzx
— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) July 17, 2026
Sin esa prima, los cálculos oficiales indicaban que el ingreso neto de los congresistas bajaría aproximadamente a 22 millones de pesos mensuales, una reducción cercana a los 10 millones por parlamentario. Según las proyecciones del Gobierno, la medida significaría además un ahorro cercano a 62 mil millones de pesos al año para las finanzas públicas. Sin embargo, esa reducción quedó suspendida mientras el Consejo de Estado estudia las seis demandas presentadas contra el decreto.
En su decisión, el conjuez Santaella sostuvo que disminuir el salario de los congresistas no solo afecta a los legisladores, sino también a otros funcionarios del Estado cuyos ingresos están atados a esa escala salarial. «Disminuir los ingresos de los miembros del Congreso de la República dista de ser una operación desprovista de efectos colaterales», señala el auto, advirtiendo que la medida podría impactar a una importante cantidad de servidores públicos de distintas ramas del poder público.
El Consejo de Estado también manifestó preocupación porque el decreto generaría diferencias salariales entre personas que ocuparían exactamente el mismo cargo. Según el documento judicial, los congresistas elegidos por primera vez recibirían un salario diferente al de quienes ya venían ejerciendo funciones parlamentarias. «Los mismos empleos, con idéntica carga de trabajo y simétricas responsabilidades, comenzarán a percibir distintas remuneraciones en función del momento de su vinculación al cargo», indica la decisión. Para el alto tribunal, ese escenario podría vulnerar el principio constitucional de igualdad salarial para quienes desempeñan exactamente las mismas funciones.
El Consejo de Estado decidió suspender provisionalmente el Decreto 30 de 2026, expedido por el presidente @petrogustavo, que eliminaba la prima especial de servicios de los congresistas. Y aunque se trata de una medida preventiva, el mensaje que se le envía al país es… https://t.co/ZfdMdK6EEK
— Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) July 17, 2026
Otro de los argumentos que pesó en la suspensión provisional fue el eventual efecto sobre la Rama Judicial. El conjuez advirtió que modificar la remuneración de los congresistas podría afectar el salario de magistrados y otros funcionarios judiciales cuyos ingresos se calculan tomando como referencia la remuneración del Congreso.
Incluso, el auto advierte que esa situación podría generar «un riesgo plausible de afectación del clima organizacional, desestímulo de la productividad y del compromiso institucional», además de disminuir el atractivo de la Rama Judicial para nuevos profesionales.
La demanda que dio origen a esta decisión fue presentada por el abogado Sady Andrés Orjuela Bernal, quien calificó el decreto como una medida «populista» y sostuvo que eliminar la prima constituye un retroceso en derechos laborales sin una justificación constitucional suficiente.
Pero este proceso no surgió de la nada. Desde hace meses ya existían fuertes movimientos jurídicos para intentar salvar la prima especial. Contra el decreto se presentaron seis demandas, varias de ellas impulsadas por personas cercanas al Congreso. Entre los demandantes aparecen el abogado Francisco Javier Araujo, defensor del senador Wadith Manzur; Antonio Luis García, contratista de la Secretaría General del Senado; y Víctor Velásquez Pérez, abogado conocido por demandar decretos del Gobierno Nacional.
¿Por qué cae siempre los decretos que reducen el salario de un congresista en manos de un magistrado?
— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 17, 2026
Porque los sueldos de todos los más altos salarios de los funcionarios públicos se protegen entre sí.
Se configura una élite completamente separada económica y socialmente de… https://t.co/qjnO86qez6
Las investigaciones periodísticas que han presentado el tema también han mostrado que el caso ha despertado interés dentro de la Procuraduría. El procurador Gregorio Eljach designó un agente especial para intervenir en el proceso, y desde esa entidad ya se había solicitado suspender provisionalmente el decreto mientras se resolvía el fondo del litigio.
Resulta llamativo que el antiguo decreto que creó esta prima especial llevaba más de 13 años esperando una decisión definitiva en el Consejo de Estado, pese a haber sido demandado desde 2013. Sin embargo, las acciones judiciales contra la eliminación del beneficio avanzaron con una rapidez que no pasó desapercibida para distintos sectores políticos y ciudadanos.
La suspensión es únicamente provisional y todavía falta que el Consejo de Estado adopte una decisión definitiva sobre la legalidad del decreto. Mientras tanto, la reducción salarial que muchos colombianos esperaban para el nuevo Congreso queda congelada. La discusión también llega en un momento políticamente sensible, pues el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella deberá decidir si mantiene la defensa jurídica del decreto expedido por Gustavo Petro o si opta por derogarlo definitivamente.
Por ahora, los millones continúan en disputa. Uno de los mayores recortes a los privilegios históricos del Congreso quedó detenido por decisión judicial, alimentando nuevamente el debate sobre si la clase política está realmente dispuesta a compartir los sacrificios económicos que enfrentan millones de colombianos todos los días.
