Durante décadas, miles de futbolistas en Colombia han llenado estadios, generado millones de pesos en derechos de televisión y patrocinio, pero muchos de ellos han jugado sin contratos claros, con salarios atrasados, sin seguridad social y sometidos a condiciones laborales que en cualquier otro sector serían consideradas inaceptables. Esa realidad podría comenzar a cambiar con el decreto que prepara el Gobierno del presidente Gustavo Petro y que busca imponer reglas laborales obligatorias para el deporte profesional, una decisión que ya provoca incomodidad entre varios dirigentes del fútbol colombiano.
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El borrador del decreto, representa uno de los cambios más profundos que haya conocido el fútbol profesional colombiano. La propuesta establece que ningún futbolista ni integrante del cuerpo técnico podrá competir o entrenar sin un contrato laboral escrito y sin estar afiliado al sistema de seguridad social. La iniciativa del Ministerio del Trabajo pretende acabar con prácticas que durante años han sido denunciadas por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), organización que ha documentado múltiples casos de incumplimientos salariales, contratos precarios e incluso futbolistas obligados a desempeñarse sin garantías mínimas mientras generan enormes ingresos para los clubes.
Uno de los aspectos que más impacto genera es la obligación de garantizar igualdad salarial y de oportunidades para las mujeres deportistas y los cuerpos técnicos femeninos. El decreto es contundente al establecer que «las organizaciones deportivas deberán garantizar a las mujeres deportistas profesionales y al cuerpo técnico femenino igualdad de trato y oportunidades en el acceso, permanencia, promoción y remuneración, en condiciones equivalentes a las de sus pares masculinos».
🚨⚽ Por primera vez en la historia del fútbol colombiano, un decreto del Ministerio del Trabajo obligaría a clubes, ligas y federaciones a formalizar los contratos de los deportistas profesionales. 🔎 CAMBIO tuvo acceso al documento, que se conoce a pocas semanas de la salida…
— CAMBIO (@estoescambio) July 8, 2026
La medida golpea directamente una de las mayores deudas del fútbol colombiano. Las cifras recopiladas por Acolfutpro durante 2025 resultan demoledoras. El gremio denunció equipos donde 24 jugadoras compartían únicamente tres habitaciones, clubes que llegaron a acumular hasta dos meses de salarios atrasados en plena fase final del campeonato y futbolistas lesionadas que terminaron siendo desafiliadas del sistema de salud cuando más necesitaban atención médica.
Incluso en abril de 2025 la organización denunció que más de 100 futbolistas de la Liga Femenina disputaban el campeonato sin contrato laboral ni afiliación a la seguridad social, situación que provocó un fuerte debate nacional sobre el abandono en que permanecía el fútbol femenino colombiano.
Pero el decreto va mucho más allá de la igualdad salarial. El proyecto establece que la jornada laboral máxima será de 42 horas semanales y reconoce como tiempo de trabajo no solamente los partidos y entrenamientos, sino también las concentraciones y los desplazamientos oficiales que tradicionalmente nunca fueron considerados dentro de la jornada laboral.
Además, fija un descanso obligatorio mínimo de 72 horas entre competencias oficiales, una medida sustentada en recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y en lineamientos sobre bienestar de los futbolistas reafirmados por la FIFA durante 2025. La intención es reducir el desgaste físico que durante años ha sido motivo de críticas por parte de médicos deportivos y especialistas que advertían sobre calendarios excesivamente exigentes para los jugadores.
#Voces | A pocas semanas de finalizar el gobierno del presidente Gustavo Petro, el Ministerio del Trabajo prepara un decreto que modificaría las condiciones laborales de los deportistas profesionales en Colombia. La iniciativa busca formalizar la contratación en clubes, ligas y… pic.twitter.com/Nv34uzK54Y
— Voces (@vocesco) July 9, 2026
El proyecto también pone freno a una práctica ampliamente cuestionada relacionada con los derechos de imagen. Según el borrador, la remuneración principal deberá reconocerse como salario ordinario, evitando que algunos clubes utilicen pagos por derechos de imagen como mecanismo para disminuir obligaciones laborales y prestacionales, una práctica sobre la cual ya se había pronunciado la Corte Suprema de Justicia en decisiones de 2017 y 2018.
Las transferencias de jugadores también sufrirían cambios históricos. Ningún préstamo o cesión temporal podrá realizarse sin el consentimiento expreso del futbolista, mientras que las transferencias definitivas también requerirán su autorización. El club vendedor tendrá que ponerse al día con cualquier deuda pendiente antes de concretar el traspaso y, además, quedarán prohibidas las cláusulas que limiten la libertad del jugador para fichar por otro equipo cuando termine su contrato.
El proyecto incorpora igualmente protocolos obligatorios contra el acoso laboral y el acoso sexual, medidas especiales para proteger la maternidad de las futbolistas, reconocimiento de incapacidades derivadas de enfermedades ginecológicas como endometriosis, síndrome de ovario poliquístico o dismenorrea severa, además de exigir programas permanentes de medicina deportiva, rehabilitación física y acompañamiento psicológico.
El Gobierno del Cambio ha tenido y tiene un compromiso inquebrantable con la dignificación de todas las formas de trabajo en Colombia. La reglamentación del contrato especial para deportistas profesionales y cuerpos técnicos, materializa un mandato constitucional y un anhelo…
— Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) July 9, 2026
El trasfondo social del decreto resulta aún más preocupante cuando se observan las cifras citadas por la Corte Constitucional. Según datos incorporados en una sentencia de 2024, el 58 % de los futbolistas colombianos apenas alcanzó la educación primaria, el 40 % terminó el bachillerato y únicamente el 2 % logró acceder a estudios universitarios, lo que convierte a muchos jugadores en trabajadores especialmente vulnerables frente a dirigentes y empresarios.
Precisamente por esa situación, el Gobierno de Gustavo Petro considera que el deporte profesional no puede seguir funcionando bajo esquemas laborales excepcionales que permitan desconocer derechos fundamentales reconocidos para cualquier trabajador colombiano. Mientras algunos sectores del fútbol advierten sobre mayores costos para los clubes, otros consideran que resulta difícil seguir defendiendo un modelo donde quienes generan el espectáculo terminan siendo los menos protegidos.
El debate apenas comienza, pero el mensaje del Gobierno es claro. El fútbol colombiano ya no podrá seguir construyéndose sobre contratos ambiguos, desigualdad salarial o ausencia de derechos laborales para quienes convierten este deporte en una de las mayores industrias del país.
