Colombia acaba de recibir un duro recordatorio de una realidad que muchas veces solo ocupa titulares cuando ocurre una tragedia. Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el país y dejó en evidencia la dimensión de los desafíos que puede enfrentar el Estado cuando una emergencia golpea simultáneamente a varios territorios. En ese escenario, la discusión que el expresidente Gustavo Petro planteó días atrás sobre los recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, adquiere una dimensión que va mucho más allá de cualquier diferencia política.
Le puede interesar: “Gracias por tanto, presidente”: Senador Wally despidió a Petro con emotivo mensaje recordando la educación gratuita, la reforma pensional, las tierras para el campesinado y la paz
El expresidente había cuestionado la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente apartes del Decreto 802 de 2026, mediante el cual se buscaba facilitar un traslado de $4 billones hacia la UNGRD. El Gobierno defendía esos recursos como parte de una estrategia para prepararse frente al fenómeno de El Niño y sus posibles consecuencias sobre el agua, los alimentos y la energía. Los organismos de emergencia evalúan los daños provocados por el terremoto que golpeó especialmente al occidente del país. En redes muchos ciudadanos se cuestionan si Colombia está suficientemente preparada para responder ante una emergencia como esta.
Petro había lanzado una advertencia que sus críticos calificaron de exagerada, pero que hoy vuelve a cobrar relevancia en medio de una nueva emergencia nacional. “Si no se lleva de inmediato recursos para el agua potable, el crecimiento de la producción de alimentos y la energía solar, habrá una crisis humanitaria y ambiental en Colombia en el mes de diciembre”, escribió el mandatario en referencia al riesgo asociado con El Niño.
Estúpida decisión política.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 11, 2026
que no sabe de la ciencia. pic.twitter.com/YAUgBPAbZR
La discusión no significa que los $4 billones estuvieran destinados al terremoto ocurrido el 10 de agosto. El punto es otro. La UNGRD es una de las instituciones centrales del Estado para coordinar la respuesta ante desastres, y la capacidad financiera para actuar rápidamente puede marcar la diferencia cuando una emergencia exige atención inmediata.
El terremoto dejó esa realidad expuesta de manera dramática. El movimiento tuvo epicentro en San José del Palmar, Chocó, y fue percibido en numerosas ciudades. En las primeras horas, la gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba-Curi, confirmó que en Quibdó había personas heridas y graves daños en edificaciones. La emergencia obligó a desplegar equipos de rescate y a realizar evaluaciones en diferentes municipios.
El Servicio Geológico Colombiano también reportó réplicas después del movimiento principal. La dimensión del fenómeno obligó a las autoridades a concentrar esfuerzos en verificar estructuras, atender personas afectadas y establecer el alcance de los daños.
Y ese es precisamente el punto que vuelve a poner sobre la mesa la discusión planteada por Petro. Las emergencias no siempre pueden anticiparse en su fecha, intensidad o lugar. Colombia puede enfrentar una sequía, una inundación, un terremoto, un deslizamiento, una emergencia climática o cualquier otra situación que obligue al Estado a movilizar recursos con rapidez.
Nunca se les olvide que hace dos semanas toda la derecha celebraba que el Consejo de Estado había saboteado el traslado de miles de millones para fortalecer la UNGRD, que había decretado el presidente Petro.
— El Latinoamericano (@ManuelBeltrn14) August 10, 2026
El propio Decreto 802 de 2026 estableció una situación de desastre de carácter nacional asociada al riesgo del fenómeno de El Niño y señaló la necesidad de contar con instrumentos de planeación y recursos para atender de manera inmediata una eventual emergencia. La norma estableció además que la UNGRD tendría un papel central en la coordinación de las acciones de reducción del riesgo, preparación, respuesta y recuperación.
Sin embargo, el Consejo de Estado puso freno provisional a dos apartes del decreto. La decisión no declaró ilegal de manera definitiva todo el mecanismo ni significa que Colombia haya quedado sin recursos para atender cualquier emergencia. Lo que hizo el alto tribunal fue suspender temporalmente disposiciones que, según su análisis preliminar, podían permitir al Gobierno modificar partidas presupuestales sin la autorización legal correspondiente.
El argumento jurídico es importante. El tribunal cuestionó que el decreto permitiera realizar “traslados indeterminados” que podían modificar la distribución del presupuesto aprobada por el Congreso. También señaló dudas sobre el mecanismo mediante el cual se pretendía ejecutar determinados recursos. Pero una cosa es la discusión sobre la legalidad del mecanismo presupuestal y otra muy diferente es ignorar la necesidad de fortalecer financieramente al sistema de gestión del riesgo.
La tragedia también pone sobre la mesa una discusión que trasciende a Petro y al gobierno que termina. Un país como Colombia, expuesto a múltiples amenazas naturales y climáticas, necesita instituciones capaces de reaccionar antes, durante y después de una emergencia.
Desde el choco abelardo fue dio un discurso y no llevó ni una botella de agua. No se vio por ningún lado. Poso para corruptos medios de comunicación y se fue. #SOSCHOCO pic.twitter.com/8jGvTiH1fa
— ruben arango (@RubenSelvaYMar) August 11, 2026
El Gobierno de Petro había planteado que los recursos tendrían tres grandes prioridades frente al fenómeno de El Niño. Agua potable para regiones vulnerables, apoyo a la producción de alimentos y expansión de soluciones de energía solar. El mandatario incluso habló de una posible “megasequía” durante los meses finales de 2026 y comienzos de 2027.
Ahora aparece una emergencia de naturaleza completamente diferente. El terremoto demuestra que los riesgos no llegan necesariamente en el orden que las autoridades esperan. Por eso, la discusión sobre los $4 billones merece ser observada desde una perspectiva menos partidista. Colombia necesita saber cuánto dinero tiene disponible para responder ante una catástrofe, qué mecanismos puede utilizar el Gobierno para movilizarlo y qué tan rápido puede llegar a las comunidades afectadas.
La propia decisión del Consejo de Estado deja claro que la urgencia no puede convertirse en una excusa para saltarse los controles legales. Pero también sería peligroso interpretar esos controles como una razón para mantener débil la capacidad de respuesta del Estado. Lo que Colombia necesita es una UNGRD con recursos suficientes, controles estrictos, transparencia, capacidad técnica y velocidad de respuesta.
La discusión adquiere todavía más importancia cuando las imágenes de las zonas afectadas por el terremoto muestran a comunidades esperando ayuda, edificios afectados y organismos de socorro trabajando contra el reloj. Petro había advertido que perder tiempo frente a una emergencia climática podía tener consecuencias graves. “Lo que viene no es lluvia, sino muchísimo sol”, afirmó el presidente al referirse a la sequía prevista. Su preocupación estaba relacionada con El Niño, no con el terremoto, pero el desastre ocurrido ahora permite entender la dimensión de una pregunta mucho más amplia.
Ya la cifra de fallecidos pasa de 200 la mayoría en Pereira, Cali y Chocó, mas de 2500 heridos en 50 edificios y 250 viviendas colapsadas.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 11, 2026
Están moviendo recursos privados y activaron la ayuda internacional. Es el informe es del ingeniero Javier Pava.
Alguien reporte en donde…
¿Puede Colombia darse el lujo de llegar a una emergencia sin tener los recursos suficientes para responder? Ese interrogante seguirá sobre la mesa incluso después de que termine el rescate y se conozca el balance definitivo del terremoto. Porque las emergencias pasan, pero el riesgo permanece.
Y mientras el país atiende el impacto en Chocó, Cali, Pereira, Manizales y otras zonas afectadas, la discusión sobre la UNGRD deja de ser exclusivamente un asunto de carácter político. Se convierte en una pregunta sobre la capacidad del Estado colombiano para proteger a sus ciudadanos cuando la naturaleza vuelve a golpear.
En ese sentido, la advertencia de Petro puede ser discutida políticamente, cuestionada jurídicamente o incluso rechazada por sus opositores. Pero el terremoto acaba de poner sobre la mesa una verdad difícil de ignorar. Colombia necesita una institución de gestión del riesgo preparada financieramente para responder a las emergencias antes de que estas se conviertan en tragedias mayores.
La controversia por los $4 billones continuará en los tribunales y en el debate político. La necesidad de contar con recursos para atender emergencias, sin embargo, seguirá existiendo independientemente de quién ocupe la Casa de Nariño. Y esa es quizás la parte más incómoda de la discusión. Un terremoto no pregunta quién gobierna, qué partido ganó las elecciones ni qué funcionario firmó un decreto. Cuando la emergencia llega, el Estado simplemente tiene que estar preparado.
