¡En plena búsqueda de sobrevivientes, Alejandro Eder mandó a los caleños a sus casas! Polémica y rechazo por el toque de queda tras el terremoto

Mientras Cali seguía buscando sobrevivientes entre edificios colapsados, el toque de queda decretado por Alejandro Eder abrió una nueva batalla en las calles. Familias y líderes comunitarios cuestionaron una restricción que, según sus críticas, podía dificultar la búsqueda nocturna de desaparecidos, en una ciudad golpeada por muerte, miedo y destrucción.

La enorme tragedia dejó a la ciudad de rodillas, y por eso con perplejidad los caleños se preguntaban durante la noche del lunes ¿Cómo pueden pedirle a una familia que se quede en casa cuando todavía no sabe dónde está uno de los suyos? Esa fue el reclamo que hizo la ciudad después de que el alcalde Alejandro Eder decretara toque de queda en Cali mientras continuaban las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país.

La medida comenzó a las 8:00 de la noche del 10 de agosto y se extendió hasta las 6:00 de la mañana del 11 de agosto. Eder justificó la decisión en las amenazas de saqueo y en la necesidad de garantizar condiciones de seguridad para los organismos de socorro. Sin embargo, mientras la administración municipal hablaba de proteger los rescates, ciudadanos y líderes comunitarios cuestionaban si una restricción nocturna podía terminar convirtiéndose en un obstáculo para quienes seguían buscando vivos a sus familiares, amigos y vecinos entre los escombros.

El propio alcalde explicó que existían “alertas y amenazas de saqueo en varios puntos de la ciudad” y aseguró que la prioridad era “proteger a la ciudadanía y garantizar que los organismos de socorro puedan continuar con las labores de rescate tras el sismo”. También anunció la militarización de distintos sectores, patrullajes de Policía y Ejército, alerta roja hospitalaria y la declaración de calamidad pública.

Pero la emergencia tenía otra cara. En distintos puntos de Cali, los ciudadanos seguían llegando a las zonas afectadas. El terremoto había convertido calles, viviendas y establecimientos comerciales en escenarios de búsqueda desesperada. El País documentó cómo en la galería La Alameda los ciudadanos se acercaron a remover escombros con sus propias manos mientras los socorristas intentaban escuchar señales de personas que podían continuar atrapadas. Dos sobrevivientes fueron trasladados en ambulancia mientras los equipos de emergencia mantenían la búsqueda.

La escena resulta difícil de ignorar. Mientras una ciudad intentaba recuperar el silencio necesario para escuchar debajo del concreto, también tenía que lidiar con una orden que restringía la circulación nocturna. Y ahí apareció el cuestionamiento ciudadano. Una líder comunitaria, citada en publicaciones difundidas en redes sociales, expresó su desconcierto ante la decisión y rechazó que se pudiera considerar político el reclamo. “Pero como me vienen a decir que estoy politizando la situación. En serio es que no me cabe en la cabeza como el alcalde decreta toque de queda, cuando en puntos como el refugio aún seguimos buscando vidas”, manifestó.

Otra publicación cuestionó directamente la lógica de la medida al plantear si quienes estaban buscando a familiares y vecinos debían abandonar esas labores durante la noche. La crítica apuntaba al corazón de la decisión de Eder. En una emergencia de esta magnitud, la seguridad no solo consiste en evitar saqueos o controlar las calles, sino también en garantizar que quienes buscan sobrevivientes puedan actuar con rapidez cuando cada minuto puede ser determinante.

El terremoto ocurrió a las 7:34 de la mañana y tuvo una magnitud de 7,4. Cali fue una de las ciudades más golpeadas. Las entidades expertas reportaron inicialmente al menos 30 estructuras colapsadas, mientras avanzaban las labores de rescate. En hospitales también se vivieron escenas dramáticas. En el Hospital Universitario, parte de la unidad de cuidados intensivos de cardiología se desplomó y más de 100 pacientes terminaron concentrados en un parqueadero convertido en espacio improvisado de atención.

Entre quienes decidieron permanecer en medio de la emergencia estuvo Stefanía Cedeño, jefa de enfermería de una de las unidades afectadas. La mujer explicó su decisión con una frase que terminó retratando el espíritu de quienes continuaron trabajando pese al peligro. “No pude salir y dejarlos tirados”, relató.

Ese mismo espíritu apareció entre los ciudadanos que insistieron en permanecer cerca de los lugares afectados. La discusión, por supuesto, no significa que todos los caleños hayan desobedecido el toque de queda. Las fuentes disponibles muestran cuestionamientos ciudadanos y presencia de personas que continuaron vinculadas a las labores de emergencia.

Entre los exceptuados por el decreto estaban la Fuerza Pública, la Fiscalía, el Ministerio Público, la Defensa Civil, la Cruz Roja y otros organismos de socorro. También podían movilizarse médicos, personal sanitario, ambulancias, periodistas, trabajadores de vigilancia, funcionarios públicos, personas que necesitaran atención en salud y quienes participaran directamente en labores de rescate. Incluso fueron incluidos operadores de grúas, cargadores y maquinaria amarilla necesarios para remover los escombros.

La propia amplitud de esas excepciones demuestra la dimensión de la emergencia. No se trataba de una noche cualquiera. Tampoco era una ciudad enfrentada únicamente a un problema de seguridad. Era una población intentando encontrar personas atrapadas, verificar el estado de sus familiares y determinar cuáles estructuras podían colapsar después de las réplicas.

El terremoto dejó además amplias zonas sin servicios esenciales. Según los reportes, sectores de Cali quedaron parcialmente incomunicados, mientras se presentaban interrupciones de agua, energía y telecomunicaciones. Los teléfonos celulares tenían dificultades para establecer comunicación y muchos bomberos y socorristas llegaron por iniciativa propia a los lugares afectados.

En ese escenario, la decisión de Eder quedó atrapada entre dos urgencias. Por un lado, la administración defendió la necesidad de impedir saqueos y garantizar condiciones de seguridad. Por otro, las comunidades reclamaron que la prioridad absoluta debía ser encontrar a quienes todavía podían estar con vida.

Eder insistió en que las primeras 48 horas eran críticas y pidió permitir que los rescatistas trabajaran. “Necesitamos que los rescatistas puedan trabajar y que podamos llegar a las personas que aún están atrapadas”, afirmó el alcalde. El problema es que esa misma frase podía ser utilizada para formular la pregunta que comenzó a recorrer las redes sociales. Si llegar hasta las personas atrapadas era la prioridad, ¿qué condiciones necesitaban realmente quienes estaban ayudando a encontrarlas?

La respuesta de la Alcaldía fue reforzar la presencia militar y policial. La Cadena SER informó posteriormente que el Gobierno nacional anunció el despliegue de más de mil hombres para proteger y resguardar Cali frente a posibles desmanes y situaciones de orden público. Para ese momento, las cifras oficiales habían aumentado a 35 fallecidos, cerca de 700 heridos y 188 desaparecidos en la capital del Valle del Cauca.

La dimensión de esas cifras explica por qué el debate sobre el toque de queda no desapareció con la llegada de la mañana. En una tragedia de esta magnitud, la discusión ya no es simplemente si había que controlar las calles. El verdadero interrogante es cómo garantizar simultáneamente seguridad, rescate, movilidad humanitaria y participación ciudadana sin que una medida termine afectando otra.

Las familias tenían razones para no querer abandonar los lugares donde podían estar sus seres queridos. Cali quedó así frente a una imagen contradictoria. Militares patrullando las calles mientras ciudadanos removían escombros. Una orden que buscaba proteger a la población mientras algunos habitantes sentían que la restricción podía alejarlos de la posibilidad de encontrar a quienes buscaban. Una administración intentando recuperar el control mientras una ciudad entera intentaba recuperar vidas.

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