Abelardo de la Espriella abrió un peligroso frente contra la JEP justo cuando la justicia transicional entra en una fase decisiva para las víctimas. El recorte adicional de $100.000 millones impulsado por Enrique Gómez, director de Salvación Nacional, recibió el respaldo presidencial pese a que la jurisdicción ya enfrenta una brecha presupuestal considerable. Desfinanciarla ahora podría comprometer investigaciones, sentencias, seguimiento de sanciones, protección de víctimas y procesos relacionados con algunos de los crímenes más graves del conflicto colombiano.
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La Procuraduría ya habí advirtió en 2024 que limitar el presupuesto de la JEP comprometería su capacidad para impartir justicia, ejecutar sanciones y juzgar graves violaciones de derechos humanos, e incluso señaló riesgos relacionados con una eventual intervención de la Corte Penal Internacional. Ahora Alejandro Ramelli denuncia una posible estrategia para impedir el funcionamiento de la jurisdicción y advierte que un recorte semejante podría conducirla a la parálisis. Las alarmas están encendidas en diferentes sectores sociales y políticos.
El golpe sería doble. Antes de que Enrique Gómez apareciera con sus tijeras presupuestales, la JEP ya había solicitado $947.642 millones para 2027 y encontró apenas alrededor de $821.000 millones contemplados en el proyecto presentado por el Gobierno. La diferencia ronda los $125.000 millones. Ramelli ya había calificado esa situación como “dramática” y advertido sobre problemas para terminar investigaciones y garantizar sentencias a las víctimas.
Con dos iniciativas radicadas por los partidos de gobierno ante el Congreso se evidencia la existencia de una estrategia para impedir el funcionamiento de la JEP.
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) September 18, 2026
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Ahora Salvación Nacional pretende sacar otros $100.000 millones de funcionamiento y entregárselos al Consejo Superior de la Judicatura. Si la propuesta prosperara sin otras modificaciones presupuestales, la asignación contemplada para la JEP caería a unos $721.000 millones. La iniciativa todavía no está aprobada. Necesita superar el trámite del Presupuesto General de la Nación, recibir los avales correspondientes y obtener respaldo del Congreso.
Gómez intenta presentar semejante tijeretazo como una operación para salvar a la justicia ordinaria. “Estamos solicitando que se reduzcan en $100.000 millones los recursos de funcionamiento de la JEP”, explicó el senador. El dinero sería utilizado para nuevos despachos judiciales o formalizar cargos. También calificó los resultados de la jurisdicción como “desastrosos y lamentables”, una valoración política que la propia información institucional permite contrastar.
Porque reducir el trabajo de la JEP a unas cuantas sentencias resulta engañoso. Su informe de gestión de 2025 registra 11.736 comparecientes con decisiones sobre su sometimiento y 14.260 víctimas acreditadas. También documenta las primeras sentencias contra máximos responsables. La jurisdicción, además de juzgar, representa víctimas, brinda asistencia jurídica y psicosocial, desarrolla investigaciones y debe verificar el cumplimiento de las sanciones restaurativas.
Ese es precisamente uno de los argumentos con los que Ramelli ha respondido a quienes intentan medir a la JEP como si fuera simplemente otro tribunal. La institución cumple simultáneamente funciones que en la justicia ordinaria están repartidas entre diferentes organismos. Solamente durante 2025 se reportaron 20.160 víctimas representadas ante procesos judiciales y 13.382 acompañamientos psicosociales, dimensiones que desaparecen cuando todo se reduce al número de sentencias.
La @JEP_Colombia como toda institución de justicia no es perfecta y ha cometido errores, pero ha logrado un acercamiento a la verdad como nunca lo pudo hacer la justicia ordinaria en Colombia.
— Félix de Bedout (@fdbedout) September 18, 2026
A la JEP la quieren acabar no por lo que no ha hecho hasta ahora, si no por lo que ya…
La advertencia no viene únicamente de la JEP. Ya en 2024, la Procuraduría General de la Nación alertó que reducir su presupuesto podría comprometer gravemente la capacidad de garantizar justicia a las víctimas, implementar las sanciones y juzgar a responsables de graves violaciones de derechos humanos. El Ministerio Público incluso advirtió que decisiones que debiliten la justicia transicional podrían abrir nuevamente la puerta a la intervención de la Corte Penal Internacional, y reclamó al Estado garantizar los recursos necesarios para cumplir las sanciones y las medidas de reparación.
La preocupación aumenta porque el recorte aparece cuando el reloj institucional de la justicia transicional corre. La JEP se aproxima al cierre de investigaciones y debe avanzar hacia el juzgamiento de los restantes macrocasos, además de monitorear las sanciones ya impuestas. “Vamos a tener serios problemas para el monitoreo de las sentencias, para poder cerrar las investigaciones, para que las víctimas por fin tengan unas sentencias”, había advertido Ramelli sobre la brecha presupuestal existente.
El respaldo de Abelardo tampoco aparece de la nada. De la Espriella ha sido crítico de la JEP desde antes de llegar a la Presidencia y ahora el partido que avaló su candidatura intenta materializar esa posición mediante el presupuesto. El movimiento resulta especialmente contundente porque no propone aumentar paralelamente los recursos de la justicia ordinaria, sino sacar directamente $100.000 millones de la jurisdicción transicional para trasladarlos al Consejo Superior de la Judicatura.
#Atención | La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP avanza en la investigación de violencias de género cometidas al interior de las antiguas Farc-EP.
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) September 18, 2026
En el #Caso07, llamó a rendir versión a Sandra Ramírez Lobo, y en el #Caso11, al antiguo Secretariado de esta guerrilla.… pic.twitter.com/ZPhjTEbTy9
El argumento de enfrentar a la JEP con la justicia ordinaria abre además una falsa disyuntiva política. Que jueces y despachos ordinarios necesiten recursos no demuestra que la justicia transicional pueda perderlos sin consecuencias. De hecho, el Presupuesto General de 2027 planteado por el Gobierno asciende a $634,9 billones y representa un incremento frente al año anterior, aunque simultáneamente existen fuertes disputas sobre cómo distribuir esos recursos entre inversión y funcionamiento.
El momento escogido para meter las tijeras tampoco es menor. La JEP ya enfrenta restricciones administrativas derivadas de las medidas gubernamentales sobre el gasto. Una circular de Ramelli explicó que las limitaciones estaban afectando nuevas contrataciones, viajes de contratistas y algunos servicios en proceso contractual. La jurisdicción había solicitado al Ministerio de Hacienda evitar afectaciones que comprometieran directamente el cumplimiento de sus responsabilidades misionales.
La batalla que se avecina, por tanto, va mucho más allá de una discusión contable sobre $100.000 millones. En juego están investigaciones sobre secuestros, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y otros crímenes del conflicto armado, pero también la posibilidad de que miles de víctimas lleguen finalmente al cierre judicial de procesos que llevan años esperando. Desfinanciar la institución en semejante momento tendría consecuencias directas sobre esa misión.
Por ahora Abelardo puede escribir “cúmplase”, pero constitucionalmente el mensaje presidencial no convierte la propuesta de Gómez en una decisión ejecutada. Los $100.000 millones todavía están en manos del trámite presupuestal del Congreso. Allí se definirá si prospera un recorte que Ramelli considera capaz de comprometer seriamente el funcionamiento de la JEP justo cuando las víctimas esperan que años de investigaciones terminen finalmente convertidos en justicia.
