¿Cuánto cuesta que una madre muera sin saber dónde enterraron a su hijo? Esa pregunta debería estar detrás de cualquier discusión sobre los recursos de la JEP. Sin embargo, Abelardo de la Espriella respalda una propuesta para quitarle $100.000 millones precisamente cuando la justicia transicional entra en una fase decisiva de sentencias, investigaciones y seguimiento de sanciones. La disputa no es solamente por dinero. Es por verdad, justicia y memoria.
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Detrás de las cifras hay algo mucho más difícil de recortar de un presupuesto. Hay familias que esperaron durante décadas, víctimas que tuvieron que escuchar cómo sus muertos eran llamados guerrilleros, niños llevados a la guerra y secuestrados que sobrevivieron años de cautiverio. Desfinanciar a la institución encargada de esclarecer esos crímenes significaría, según las advertencias de su presidente Alejandro Ramelli, comprometer justamente la etapa en la que ese enorme trabajo debe convertirse en justicia.
Las cifras oficiales desmontan además la idea de una jurisdicción que simplemente ha permanecido inmóvil. A marzo de 2026, la Sala de Reconocimiento había realizado 368 imputaciones de responsabilidad, correspondientes a 333 comparecientes, incluidos 114 máximos responsables provenientes de las antiguas Farc-EP y 243 de la Fuerza Pública. La tasa total de reconocimiento frente a las imputaciones llegaba al 90,21 %.
Hay otro dato que obliga a mirar la discusión desde los ojos de las víctimas. Para marzo, la JEP registraba 14.779 víctimas individuales y 424 sujetos colectivos acreditados en sus macrocasos. Había realizado 2.650 versiones voluntarias a 2.467 personas y desarrollado 237 diligencias de construcción dialógica y coordinación interjurisdiccional e intercultural. No son solamente expedientes. Son miles de personas entrando al sistema judicial para reclamar respuestas.
“Yo soy latonero profesional automotriz del SENA (…) limpie el nombre de mi hijo, él no fue guerrillero”#YoCreoEnLaJEP pic.twitter.com/t6QYrb57lJ
— Sindicato del SENA (@sindesenacol) September 20, 2026
La memoria que ha construido la Jurisdicción también modificó lo que Colombia sabía sobre su propia guerra. Sus investigaciones documentaron 21.396 secuestros atribuidos a las antiguas Farc-EP y establecieron inicialmente que al menos 7.837 personas fueron asesinadas y desaparecidas para presentarlas falsamente como bajas en combate. También documentó 18.677 niñas y niños reclutados y decenas de miles de víctimas de violencia sexual y basada en género. No son estadísticas menores. Son dimensiones de la guerra que durante años permanecieron fragmentadas.
Y existe una cifra todavía más difícil de convertir en discurso político. El informe de marzo registra 2.028 cuerpos exhumados o recuperados, 249 identificados y 153 entregados dignamente a sus familias. Cada entrega significa que una familia pudo terminar una búsqueda que en algunos casos había consumido décadas. La JEP también mantenía 30 medidas cautelares decretadas y en seguimiento para proteger personas, información, lugares y memoria.
Eso explica por qué reducir la discusión a cuántas sentencias se han producido puede ofrecer una fotografía incompleta. La justicia transicional también investiga patrones criminales, contrasta testimonios, identifica máximos responsables, busca desaparecidos y determina quién reconoce responsabilidad y quién debe enfrentar un juicio adversarial. Hasta marzo se habían realizado 12 audiencias públicas de reconocimiento y 212 máximos responsables habían reconocido responsabilidad y verdad plena.
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— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) September 20, 2026
Y las sentencias ya comenzaron. A marzo, la Sección de Primera Instancia para casos de reconocimiento reportaba dos sentencias dialógicas y 19 condenados, siete pertenecientes a las antiguas Farc-EP y doce a la Fuerza Pública. En la ruta adversarial, destinada a quienes no reconocen responsabilidad, ya existía además una sentencia y continuaban otros procesos. Es decir, reconocimiento no significa simplemente cerrar expedientes sin consecuencias judiciales.
Esa diferencia resulta fundamental frente a uno de los argumentos utilizados contra la JEP. El senador Enrique Gómez, promotor del recorte de $100.000 millones, ha llamado a la entidad “jurisdicción de la impunidad” y cuestionado sus costos.
Pero las críticas legítimas sobre velocidad, sanciones o participación de las víctimas son una discusión distinta a impedir que la Jurisdicción tenga capacidad material para concluir sus procesos. El propio diseño de la JEP contempla una ruta adversarial para quienes rechazan reconocer responsabilidad. Hasta marzo, 21 integrantes de la Fuerza Pública que no reconocieron verdad fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación, encargada de activar ese procedimiento.
La justicia restaurativa tampoco consiste exclusivamente en declaraciones dentro de una audiencia. Para marzo se habían certificado 269 Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador-Restaurador, mientras 101 estaban en proceso de certificación. La Secretaría Ejecutiva había construido 198 metodologías restaurativas, implementado 97 prácticas y registrado 6.562 bitácoras destinadas a verificar las actividades realizadas por comparecientes en la ejecución de esos trabajos.
Rechazamos contundentemente el intento de desfinanciar la @JEP_Colombia. Su presidente, el magistrado Alejandro Ramelli, lo advirtió con claridad: entre recortar su presupuesto y cerrarla “no es que exista mucha diferencia”.
— Ana Teresa Bernal Montañéz (@anateresabernal) September 19, 2026
Quitarle $100.000 millones mientras se respalda esta… pic.twitter.com/bLP7ZPBT0x
La dimensión internacional vuelve todavía más delicada la confrontación. En mayo de 2026, la fiscal adjunta de la Corte Penal Internacional, Nazhat Shameem Khan, visitó la JEP y, según la propia Jurisdicción, afirmó que la comunidad internacional la veía como un modelo exitoso. La relación tiene además un antecedente crucial. Colombia y la Fiscalía de la CPI suscribieron en 2021 un acuerdo de cooperación después del cierre del examen preliminar sobre el país.
Por eso el debate presupuestal no ocurre sobre una institución que haya terminado su misión. Todo lo contrario. Su propio informe muestra procesos activos de búsqueda, juzgamiento y acompañamiento. Solo en representación judicial, 21.733 víctimas individuales y 530 sujetos colectivos estaban siendo representados ante las salas de la JEP, mientras 13.490 víctimas contaban con acompañamiento psicosocial garantizado y se habían realizado 30.796 acompañamientos individuales.
La pregunta entonces no debería reducirse a cuánto cuesta la JEP, sino también a cuánto le costaría a Colombia interrumpir el esclarecimiento de esos crímenes. Ramelli ha advertido que reducir los recursos en este momento comprometería investigaciones, sentencias y atención a las víctimas. La controversia ocurre cuando la Jurisdicción ya había aprobado técnicamente su anteproyecto presupuestal para 2027 y cuando debe culminar etapas decisivas de su mandato.
#YoCreoEnLaJEP porque ha devuelto la tranquilidad a miles de familias que buscaron a sus seres queridos durante décadas. Junto a la @UBPDcolombia, ha entregado dignamente 296 cuerpos e intervenido lugares como La Escombrera, en Medellín, uno de los lugares más difíciles de… pic.twitter.com/ByZBKEbEkR
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) September 20, 2026
Una madre que lleva veinte años buscando a su hijo no mide la justicia en balances contables. La mide en un cuerpo identificado, un responsable que reconoce lo ocurrido, una sentencia y una explicación sobre aquello que durante décadas nadie quiso contarle. Allí está el verdadero tamaño de esta discusión. Se pueden debatir costos, resultados y sanciones. Lo que no puede convertirse en una cifra prescindible es el derecho de las víctimas a conocer la verdad.
Porque detrás de 2.028 cuerpos recuperados no hay 2.028 números. Hay nombres. Detrás de 249 identificaciones hay familias. Detrás de 153 entregas dignas hay duelos que finalmente pudieron comenzar. Y por eso la pregunta que propone El precio del olvido golpea donde esta discusión realmente duele. ¿Quién gana cuando la justicia se queda sin herramientas? Las víctimas, definitivamente, no. Colombia no puede financiar el olvido. #YoCreoEnLaJEP.
