Una tonelada de CO₂ puede convertirse en un título contable, pasar por certificadores privados, terminar comprada por una compañía y servir para afirmar que una emisión fue compensada. En Colombia, además, esos créditos pueden utilizarse dentro del mecanismo legal de no causación parcial del impuesto nacional al carbono. El problema aparece cuando se pregunta algo elemental, ¿Esa tonelada realmente dejó de llegar a la atmósfera?
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La respuesta resulta mucho menos tranquilizadora que la etiqueta verde. Un estudio publicado en Nature Communications examinó evidencia sobre 2.346 proyectos y casi 1.000 millones de toneladas de CO₂ equivalente en créditos. Su estimación fue demoledora para los proyectos analizados. Menos del 16 % de los créditos emitidos representaría reducciones reales de emisiones.
Esa cifra significa que comprar un crédito no demuestra automáticamente que exista una reducción climática equivalente. La misma investigación encontró apenas un 25 % de reducción efectiva estimada en proyectos estudiados de deforestación evitada, precisamente una categoría especialmente relevante para los mercados forestales.
Ahí comienza la discusión sobre si algunas compensaciones terminan funcionando como un enorme paño de agua tibia. La compañía mantiene una actividad que produce emisiones y adquiere créditos generados por otra actividad que supuestamente evitó o capturó CO₂. La transacción puede compensar contablemente una emisión, pero su integridad climática depende de adicionalidad, permanencia, líneas base, ausencia de doble conteo y mediciones suficientemente rigurosas.
🧾El mercado de los bonos de carbono es una de las principales apuestas para reducir el carbono en la atmósfera.
— MutanteOrg (@MutanteOrg) April 23, 2026
Esto quiere decir que las empresas contaminantes pueden comprar bonos de carbono (un bono por cada tonelada de CO2 enviada a la atmósfera)🌎, es decir un pedazo de… pic.twitter.com/keTtL0HkEh
Colombia agregó otro ingrediente a esa ecuación. Empresas como Terpel y Biomax aparecen mencionadas en la guía aportada para esta investigación como usuarias de créditos vinculados al mecanismo de no causación del impuesto al carbono. Sin embargo, la legislación vigente ya no permite neutralizar mediante ese mecanismo la totalidad del tributo. Desde la reforma tributaria de 2022, la no causación no puede superar el 50 % del impuesto causado.
El incentivo económico es perfectamente legal cuando se cumplen los requisitos. Y justamente por eso la calidad del crédito importa tanto. Para 2026, la DIAN fijó la tarifa general en $29.070,49 por tonelada de CO₂ equivalente y recordó que todavía está lejos del techo legal de tres UVT, equivalente este año a $157.122. Una compensación ambiental puede tener, por tanto, consecuencias climáticas y tributarias perfectamente cuantificables.
El mercado tampoco es pequeño. Dejusticia señala que entre 2007 y 2022 se emitieron mundialmente créditos equivalentes a 4.700 millones de toneladas de CO₂ y que en Colombia había cerca de 100 proyectos en marcha hasta 2022. El país posee aproximadamente 60 millones de hectáreas de bosque natural, convirtiendo territorios de Amazonía, Pacífico y Orinoquía en espacios particularmente atractivos para estos negocios ambientales. Investigación de Dejusticia sobre el mercado de carbono
Pero detrás de las toneladas aparecen personas. La investigación de María Adelaida Ceballos Bedoya para Dejusticia advierte que los mercados pueden incentivar conservación, pero documenta cuestionamientos relacionados con derechos humanos, debilidad del Estado para regular y controlar los proyectos y conflictos que afectan especialmente a comunidades étnicas. El debate también ha sido estudiado desde la academia, incluida la Pontificia Universidad Javeriana, en investigaciones y trabajos jurídicos sobre mercados de carbono, autonomía territorial y derechos de pueblos étnicos. Su caso central está en Cumbal, Nariño, territorio indígena convertido en escenario de disputas por un proyecto de carbono.
🕵 #SeñalInvestigativa Aunque el Parque Natural Regional Bosque de Galilea fue declarado como área protegida en 2019, los campesinos se enteraron que había sido usurpado. Los habitantes se enteraron que en el Bosque funcionaba un proyecto de "bonos de carbono" que cobraba… pic.twitter.com/pwsNSR788i
— Señal Colombia (@SenalColombia) August 3, 2026
Cumbal conserva aproximadamente 49.000 hectáreas de páramo y el 93 % de sus habitantes se autorreconoce como indígena, según Dejusticia. Allí surgió el proyecto Pachamama Cumbal. La investigación encontró problemas de transparencia y participación y sostiene que la comunidad completa no recibió información ni prestó consentimiento. Incluso después de decisiones judiciales que suspendieron el proyecto, Dejusticia reportó que aparentemente continuó la comercialización de créditos.
La historia de Pirá Paraná resulta aún más contundente porque llegó hasta la Corte Constitucional y despertó el interés de centros académicos y jurídicos. Dejusticia, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes elaboraron conjuntamente un concepto relacionado con la tutela presentada por el Consejo Indígena del Pirá Paraná y ACAIPI. En la sentencia T-248 de 2024, la Corte registró que se negociaron 1.307.794 toneladas de CO₂ por más de $25.489 millones. A las comunidades vinculadas con ACAIPI les correspondían aproximadamente $11.652 millones.
La Corte concluyó algo mucho más grave. El proyecto REDD+ se desarrolló sin el consentimiento de las comunidades indígenas y los acuerdos de conservación suscritos posteriormente no podían subsanar esa irregularidad. También determinó que los particulares demandados no actuaron con la debida diligencia para prevenir o mitigar los impactos negativos generados sobre la población indígena del río Pirá Paraná. El caso, estudiado también por investigadores y juristas de la Pontificia Universidad Javeriana, puso así en discusión no solamente el carbono, sino la autonomía, el gobierno propio y la capacidad de las comunidades para decidir sobre sus territorios.
El caso de Carrizal, Guainía, resulta todavía más revelador sobre la opacidad. El resguardo Guajibo y Puinave tiene 9.870 hectáreas y en febrero de 2022 líderes suscribieron con Masbosques un contrato por diez años. El 3 de octubre de ese mismo año, Cercarbono certificó nada menos que 1.451.898 créditos, que posteriormente podían transferirse y venderse en el mercado voluntario.
(1/4) El mercado de los bonos de carbono llegó a Colombia sin reglas claras, pasando por alto a pueblos y comunidades que por generaciones han cuidado de los territorios sobre los que se negocia. El país tiene la oportunidad de remediar ese error. Le contamos 🧵 pic.twitter.com/uuvwQGp8fk
— Dejusticia (@Dejusticia) June 5, 2026
¿Y cuánto se vendió, a quién, por qué precio y cuánto terminó realmente en manos indígenas? Precisamente ahí apareció el agujero informativo. El documento aportado señala que la comunidad no recibió reportes verificables sobre créditos emitidos, transferidos o retirados, precios, ingresos ni distribución de beneficios. Cuando Eliberto Lara y Samuel Lara solicitaron información en marzo de 2025, Masbosques condicionó inicialmente su entrega y posteriormente la negó.
El Ministerio de Ambiente tampoco salió bien parado en ese expediente. Ante las solicitudes formuladas por la comunidad, informó que todavía elaboraba una estrategia de seguimiento y que no tenía lista la regulación necesaria para realizar la vigilancia correspondiente. El resultado descrito por el documento fue desconcertante. Un negocio capaz de generar más de 1,4 millones de créditos funcionaba mientras la propia comunidad reclamaba información fundamental sobre lo ocurrido.
Buenaventura aporta otro caso inquietante. Desde 2019, Tángara Forest y Biofix desarrollaron un proyecto REDD+ en territorios de los Consejos Comunitarios de los ríos Mayorquín, Papayal y Raposo. Un documento académico aportado para esta investigación y elaborado con participación de la Pontificia Universidad Javeriana sostiene que se hizo sin consentimiento previo, libre e informado y señala como compradores de créditos a Terpel, Cenit y Biomax. ICONTEC y AENOR participaron en validaciones o verificaciones y BioCarbon Registry certificó el proyecto.
El cuestionamiento va todavía más lejos. El informe sostiene que ICONTEC y AENOR certificaron requisitos técnicos, pero no verificaron sobre el terreno la existencia de los Consejos Comunitarios ni su derecho a decidir. Según el documento, los informes presentaron los terrenos como privados y a las comunidades como ocupantes, pese a que la Agencia Nacional de Tierras confirmó la vigencia de títulos colectivos otorgados en 1998 y 1999.
El mercado de los bonos de carbono ha alterado la vida de las comunidades indígenas del Amazonas, que ahora se enfrentan a amenazas y extorsiones de organizaciones criminales que les exigen parte del dinero que reciben por cuidar los bosques. @CINEP_PPPhttps://t.co/Tl8FyHz54l pic.twitter.com/S2LHBmn3bw
— Vorágine (@VoragineCo) April 27, 2025
La controversia colombiana encaja además en una alarma internacional. Otro estudio de Nature Communications, concentrado en los 20 mayores compradores corporativos entre 2020 y 2023 en tres grandes registros, encontró que 87 % de las compensaciones adquiridas provenían de tipos de proyectos considerados de alto riesgo de sobreestimar reducciones. Los investigadores también encontraron una preferencia corporativa por créditos baratos.
Por eso sería simplista concluir que todos los créditos de carbono son inútiles, pero igualmente arriesgado tratarlos como certificados automáticos de virtud ambiental. La evidencia científica disponible muestra enormes diferencias de calidad. Un crédito sólido necesita demostrar que la reducción es real y adicional, que no desaparecerá después, que no se contabiliza dos veces y que las comunidades que conservan el territorio conocen y aceptan el negocio.
Existe entonces una alerta para empresas, certificadores y Estado. Si una compañía continúa generando emisiones, compra un título para compensarlas y además obtiene legalmente una reducción de hasta el 50 % en la causación del impuesto al carbono, la credibilidad ambiental depende de que detrás del papel exista una tonelada verdaderamente evitada. Si esa equivalencia falla, lo verde corre el riesgo de quedarse en contabilidad.
