¡La plata de las donaciones a la fundación de la primera dama no aparece, pero sí apareció el ataque y perfilamiento a la jueza que exigió respuestas!

La fundación de la primera dama, Ana Lucía Pineda, recibió donaciones para los damnificados del terremoto, pero sigue sin aclararse públicamente cuánto dinero recaudó y cómo lo utilizó. Dos juzgados admitieron tutelas para exigir información, mientras el Gobierno de Abelardo de la Espriella enfrenta cuestionamientos por sus respuestas.

La plata de las donaciones para las víctimas del terremoto está en el centro de una controversia judicial que involucra directamente a Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella. Según denunció el senador Alejandro Ocampo, la primera dama y su fundación no han informado cuánto dinero recibieron, en qué lo utilizaron ni quién supervisa los recursos recaudados para los damnificados.

La situación se agravó cuando la Presidencia respondió a la tutela presentada por el congresista. Según Ocampo, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, no entregó las cifras solicitadas y dedicó parte de su contestación a cuestionar publicaciones personales de la jueza que admitió el recurso. El senador denunció que las preguntas sobre el dinero continuaban sin una respuesta de fondo. 

El caso tiene como protagonista a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, constituida el 7 de julio de 2026 y representada legalmente por Ana Lucía Pineda. La organización fue presentada como uno de los canales para recibir donaciones de la campaña Colombia, Un Solo Corazón, impulsada tras el terremoto del 10 de agosto. La fundación ha recibido aportes millonarios de empresas privadas y de donaciones internacionales destinados a las zonas afectadas. 

La magnitud de la tragedia explica la importancia de conocer el destino de cada aporte. El movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 7,4 y dejó, según el balance del 25 de septiembre, 335 personas muertas y 4.516 heridas. Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero estuvieron entre las regiones afectadas por una emergencia que movilizó recursos y campañas de solidaridad. 

Los daños económicos también fueron enormes. En una columna de La Silla Vacía la investigadora Olga Lucía González recogió una estimación preliminar de 26 billones de pesos en pérdidas materiales. La cifra, correspondiente a una evaluación anterior, permite dimensionar las necesidades de reconstrucción, aunque no representa el dinero recaudado por la fundación ni permite establecer cuánto recibió efectivamente si evidencia la dimensión de la situación y la necesidad de claridad sobre cualquier recurso al rededor de la atención de la tragedia.

El senador Alejandro Ocampo, integrante del Pacto Histórico y segundo vicepresidente del Senado, radicó el 24 de agosto un derecho de petición para solicitar información sobre los recursos. Buscaba conocer los montos recaudados, los gastos realizados y los mecanismos de auditoría. Ante la falta de respuesta que denunció, acudió a una acción de tutela para solicitar la protección de su derecho a recibir información.

El Juzgado 38 de Familia de Bogotá admitió la tutela el 22 de septiembre y vinculó al Dapre, al Ministerio de Hacienda, a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas y a Ana Lucía Pineda. El despacho concedió 48 horas corridas para que se pronunciaran sobre los hechos. También advirtió sobre las consecuencias procesales previstas en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991. 

El 25 de septiembre, Ocampo afirmó que únicamente el Dapre había respondido entre las cuatro partes accionadas. Sin embargo, cuestionó que su contestación no resolviera las preguntas principales. De acuerdo con el congresista, la Presidencia dedicó parte del documento a examinar publicaciones de la jueza en X y a cuestionar su imparcialidad, un asunto distinto de las cifras y los controles solicitados.

La controversia tampoco se limita al proceso iniciado por Ocampo. También se ha informado que el Juzgado Octavo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Barranquilla admitió otra tutela, presentada por Steven Liévano. En el auto conocido el 23 de septiembre, ese despacho también concedió 48 horas para rendir un informe y aportar pruebas relacionadas con las donaciones recibidas por la fundación. 

Liévano había solicitado información sobre los ingresos de la campaña, los gastos efectuados, los bienes adquiridos o entregados y el saldo que permanecería en las cuentas de la organización. Su reclamación amplía las preguntas sobre el manejo de las ayudas, pues no se limita al total recaudado. También busca establecer qué parte de los recursos se habría utilizado y qué cantidad permanecería disponible. 

Otro aspecto examinado por Ocampo es la participación de entidades estatales en la difusión de la campaña. Según el senador, la cuenta de la fundación fue promovida por Radio Nacional de Colombia, Señal Colombia e Inravisión. También afirmó que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, apareció en un video grabado en Buenaventura invitando a realizar aportes a la organización representada por la primera dama. 

La participación institucional también fue examinada por otros medios. En la columna de Olga Lucía González se citó una investigación de Cuestión Pública sobre la presencia de soldados, integrantes de la Defensa Civil y funcionarios territoriales en publicaciones de la campaña. La autora mencionó además al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, quien invitó a empleados de su administración a donar un día de salario. 

Ese respaldo de entidades y funcionarios plantea una pregunta sobre la relación entre el Gobierno y una organización privada. Ocampo solicitó establecer si existieron convenios, autorizaciones, apoyo logístico u otros vínculos entre la Presidencia y la fundación. La condición de primera dama de Pineda no la convierte por sí misma en funcionaria pública, por lo que también importa precisar bajo qué mecanismos se promovieron los aportes. 

La organización fue constituida aproximadamente un mes antes de la posesión presidencial del 7 de agosto. Entre sus iniciativas figura Tigresas Moviéndose con Corazón, una red de mujeres. Posteriormente, su cuenta fue presentada como canal de donaciones para la emergencia. La cercanía entre su representante legal y el jefe de Estado forma parte de los motivos por los que el congresista solicita aclaraciones sobre el respaldo institucional. 

La discusión sobre transparencia tampoco equivale a una conclusión judicial sobre apropiación indebida de recursos. Las publicaciones consultadas documentan solicitudes de información, respuestas cuestionadas y tutelas admitidas, pero no establecen que Ana Lucía Pineda o la fundación hayan desviado donaciones. Precisamente, conocer los ingresos, egresos, soportes y controles permitiría evaluar el manejo de los aportes sin sustituir la evidencia por sospechas. 

Ocampo anunció que insistirá ante el juzgado para obtener una respuesta clara sobre las cifras y la destinación del dinero. También pretende que se examinen las consecuencias procesales de la falta de contestación que denuncia. Por ahora, las actuaciones conocidas no constituyen una decisión definitiva sobre el manejo de los fondos. Corresponderá a los despachos judiciales determinar las obligaciones de respuesta de cada parte vinculada. 

La información pendiente es concreta y verificable. Se trata de establecer cuánto dinero recibió la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, qué donaciones en especie ingresaron, cuáles fueron entregadas, qué gastos se efectuaron y quién supervisó esas operaciones. Son datos necesarios para que donantes y damnificados conozcan el recorrido de la ayuda. Las dos tutelas buscan que esas preguntas reciban respuestas documentadas.

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