Abelardo de la Espriella llevó su confrontación con el expresidente Gustavo Petro hasta la insinuación de acuerdos judiciales. De la Espriella pidió que los investigados por corrupción reciban beneficios si entregan pruebas contra el expresidente. La solicitud, formulada durante su alocución del 27 de septiembre, pone bajo discusión los límites de la intervención presidencial en procesos que corresponden a autoridades independientes.
Le puede interesar: ¡Carlos Carrillo arrasa en sondeo digital por la Alcaldía de Bogotá! Despega con 33,3 % en el primer sondeo de medios alternativos
De la Espriella les pidió a quienes han sido investigados por corrupción arrepentirse y colaborar con la justicia. El problema institucional aparece cuando ese llamado se concentra expresamente en el Gobierno de Gustavo Petro. La búsqueda de pruebas debe responder a hechos investigados con la independencia de la justicia, no a la necesidad de instigar acusaciones y a la persecución presidencial.
Durante la alocución, De la Espriella solicitó a las autoridades evaluar negociaciones amparadas en la legislación penal. En los pronunciamientos planteó que los investigados colaboraran a cambio de beneficios y aportaran pruebas sobre otros participantes. Sin embargo, la posibilidad de negociar penas no constituye una facultad presidencial. Los acuerdos corresponden a las autoridades judiciales competentes.
#Nacional l El presidente Abelardo De La Espriella pidió evaluar acuerdos con personas investigadas que hayan pertenecido a la estructura de corrupción del gobierno anterior. #Radioreloj #Radiorelojcali pic.twitter.com/meAMWR9oj4
— Radio Reloj Cali (@radiorelojcali) September 28, 2026
El anuncio llegó después de la decisión del Consejo de Estado que decretó la pérdida de investidura del expresidente del Senado Iván Name, vinculado al escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD. De la Espriella utilizó esa determinación para cuestionar al Gobierno anterior, aunque una decisión contra un congresista no establece la responsabilidad penal del expresidente Gustavo Petro.
El caso de la UNGRD tiene antecedentes concretos. Sneyder Pinilla, antiguo subdirector de la entidad, recibió una condena de cinco años y ocho meses de prisión tras un preacuerdo con la Fiscalía. También han sido investigados antiguos funcionarios como Olmedo López, exdirector de la entidad. Estos expedientes demuestran la existencia de investigaciones por corrupción, pero sus resultados deben atribuirse individualmente a las personas involucradas.
La colaboración judicial, además, no es un mecanismo que necesite ser creado por el actual presidente. La legislación colombiana ya permite negociar con acusados que aceptan cargos o suministran información. La Fiscalía interviene en esos procedimientos y los jueces ejercen los controles correspondientes. La declaración de De la Espriella solo demuestra el interés por intervenir en la justicia.
La discusión resulta especialmente delicada porque De la Espriella ha formulado acusaciones directas contra su antecesor sin entregar pruebas o llevar las denuncias ante las dependencias correspondientes. En una alocución del 13 de septiembre responsabilizó a Petro de la crisis fiscal y atribuyó a su administración actos de corrupción, nuevamente sin evidencias.
¿No dizque este gobierno no iba a negociar con delincuentes…? https://t.co/DV6GMoYxAv
— Vladdo (@VLADDO) September 28, 2026
La diferencia entre cuestionar una administración y demostrar la responsabilidad personal de quien la encabezó es decisiva. La existencia de funcionarios investigados, contratos irregulares o recursos desviados no permite concluir que el expresidente ordenó o participó en esos hechos. Una eventual acusación contra Petro tendría que apoyarse en pruebas concretas, obtenidas legalmente y sometidas al examen de las autoridades competentes.
La controversia tiene otro antecedente. Según informó The Associated Press, Gustavo Petro denunció a De la Espriella ante la Corte Penal Internacional por persecución política. El expresidente afirmó que había presentado la denuncia antes de entregar el cargo el 7 de agosto.
El medios se divulgaron conversaciones extraídas del teléfono de Olmedo López que reconstruyen sus contactos con Vladimir Fernández, antiguo secretario jurídico de la Presidencia y actual magistrado de la Corte Constitucional. Según la investigación, Fernández intervino en gestiones relacionadas con el nombramiento de López y mantuvo comunicaciones sobre asuntos de la entidad.
También se informó que Fernández envió a López dos resoluciones del Ministerio de Hacienda, cada una por 700.000 millones de pesos. La investigación describe reuniones y mensajes que forman parte del expediente. La misma información precisó que Fernández no había sido acusado formalmente en el caso. Por tanto, esos hallazgos deben examinarse sin convertir automáticamente las relaciones administrativas o comunicaciones personales en pruebas de participación delictiva.
Presidente @ABDELAESPRIELLA el que verdaderamente se enriqueció gracias a la plata del narcotráfico y la cocaina fue usted cuando defendió a tanto hampón que hoy niega.
— Santiago Osorio M. (@osoriosantiago) September 28, 2026
Tenga un poco de respeto Presidente: Sin mostrar un solo estudio serio, usted mira una economía que se mueve… pic.twitter.com/I5LTxTtzjz
Por otra parte, la administración Petro reportó actuaciones para recuperar recursos relacionados con el escándalo. En junio de 2026, la Presidencia informó que la UNGRD había frenado giros irregulares por más de 600.000 millones de pesos y recuperado 10.000 millones asociados al caso de los carrotanques. Estas cifras corresponden al balance institucional presentado por Carlos Carrillo.
El debate también debe distinguir las funciones de los organismos de control. La Contraloría examina responsabilidades fiscales y la Procuraduría adelanta actuaciones disciplinarias dentro de sus competencias. Por eso, cualquier afirmación sobre la responsabilidad o ausencia de responsabilidad de Petro debe precisar qué autoridad se pronunció, sobre cuáles hechos y mediante qué decisión, y hasta ahora ninguna ha acusado al expresidente.
De la Espriella tiene la posibilidad de denunciar irregularidades y aportar información a las autoridades, como cualquier ciudadano. Su condición de presidente, sin embargo, hace especialmente importante separar los pronunciamientos políticos de las decisiones de fiscales y jueces. Una investigación independiente debe poder establecer responsabilidades tanto si sus conclusiones coinciden con las acusaciones del Gobierno como si terminan contradiciéndolas.
La persecución de Abelardo de la Espriella al expresidente Gustavo Petro al parecer continuará desarrollándose en escenarios políticos. Las declaraciones de De la Espriella están documentadas, al igual que las investigaciones contra antiguos funcionarios y la denuncia de persecución presentada por Petro. Lo que no puede darse por demostrado mediante esas declaraciones es la culpabilidad personal del expresidente. Cualquier determinación corresponde exclusivamente a las autoridades competentes, con pruebas y garantías procesales.
