Una resolución del Inpec contemplaba recluir en una guarnición militar al exsenador Antonio del Cristo Guerra de la Espriella, condenado por corrupción en el escándalo de Odebrecht. El documento, fechado el 10 de septiembre de 2026, apareció en medio de los cuestionamientos al presidente Abelardo de la Espriella, quien había prometido actuar con firmeza frente a los políticos condenados que permanecieran en instalaciones militares.
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El caso adquirió una dimensión política cuando Iván Cepeda preguntó si existía un parentesco entre el condenado y el presidente y si podía tratarse de un favorecimiento familiar. La denuncia fue divulgada por Cepeda en su cuenta de X. El senador afirmó que Guerra había salido de La Picota, en Bogotá, hacia una guarnición militar de Corozal, Sucre. Su cuestionamiento se apoyó en las declaraciones previas de De la Espriella sobre el tratamiento penitenciario de los políticos condenados.
El congresista recordó que el mandatario había anunciado medidas contra los políticos que permanecieran en reclusión domiciliaria o en instalaciones castrenses. Según Cepeda, el presidente había asegurado que no le temblaría el pulso para ordenar traslados. La denuncia puso a prueba la coherencia entre ese discurso público y las decisiones administrativas relacionadas con la ubicación de Guerra de la Espriella.
El Ministerio de Justicia respondió mediante un comunicado en el que precisó que el exsenador se encontraba en la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Sincelejo, conocida como La Vega. La cartera aseguró que permanecía bajo custodia del Inpec y negó que estuviera privado de la libertad en una guarnición militar o en una estación de policía.
Más datos de la denuncia del senador @IvanCepedaCast sobre el traslado de Antonio Guerra de la Espriella a una guarnición militar:
— Espinosa (@EspinosaRadio) September 29, 2026
Conté hace minutos que @MinjusticiaCo e @INPEC_Colombia niegan ese traslado, y dicen que está en una cárcel en Sincelejo.
Ahora, sí había una… pic.twitter.com/3OfRpQGWHv
Sin embargo, en medios se informó que el periodista Jorge Espinoza divulgó una resolución del Inpec que contemplaba ubicar al condenado en la Brigada de Infantería de Marina número 1, en Corozal. El documento fue firmado el 10 de septiembre por el coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, director del instituto penitenciario, y señalaba una instalación ubicada en el kilómetro 2 de la vía Corozal-Sincelejo.
La existencia de esa resolución plantea preguntas distintas de las formuladas inicialmente por Cepeda. Aunque el Ministerio negó que el traslado a la guarnición se hubiera materializado, falta esclarecer qué motivó la decisión administrativa, qué condiciones de reclusión se contemplaron y por qué el condenado permanecía en Sincelejo. También resulta relevante conocer si la destinación militar fue modificada o quedó sin ejecutarse.
El historial judicial de Antonio Guerra permite comprender la relevancia del caso. En marzo de 2022, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema lo condenó inicialmente a 13 años y ocho meses de prisión por delitos relacionados con el entramado de Odebrecht. La decisión incluyó concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, aunque fue absuelto de cohecho propio.
La sentencia examinó actuaciones ocurridas cuando Guerra integraba la Comisión Tercera del Senado. Según el fallo reseñado por Cablenoticias, el entonces congresista ejerció influencia indebida sobre el presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional para favorecer el apalancamiento requerido por la sociedad portuguesa AFA Vías. Los hechos estaban relacionados con gestiones irregulares realizadas durante el último trimestre de 2012.
Ayer denuncié el traslado del prisionero Antonio Guerra de la Espriella y pregunté por el parentesco que se ha señalado con el señor Abelardo de la Espriella.
— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) September 29, 2026
Hoy, después de esa pregunta pública, Guerra regresa a La Picota. Se frustró esta movida. https://t.co/LTP8qvqKoL
Las cifras del expediente también son significativas. La primera sentencia estableció un incremento patrimonial injustificado superior a 587 millones de pesos entre 2012 y 2017. La Corte examinó además una prebenda de 4.000 millones de pesos destinada a lobistas, de la cual correspondieron 200 millones a Guerra. Estos montos formaron parte del análisis judicial sobre las irregularidades atribuidas al excongresista.
En abril de 2025, la Sala de Casación Penal modificó parcialmente la sentencia. Mantuvo la condena por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, pero absolvió a Guerra del delito de concierto para delinquir. La pena definitiva quedó fijada en 11 años y cinco meses de prisión, acompañada de una multa de 1.175 millones de pesos. La Corte también ordenó su captura inmediata. La controversia penitenciaria involucra, por tanto, a un exsenador con una condena firme por corrupción, no simplemente a una persona investigada.
El episodio deja bajo escrutinio la aplicación de las promesas presidenciales sobre privilegios penitenciarios. Si el Gobierno pretende establecer un tratamiento uniforme para políticos condenados, resulta pertinente explicar los criterios aplicados a cada traslado. La publicación de la resolución, sus fundamentos y cualquier modificación posterior permitiría comprobar si el procedimiento siguió las reglas ordinarias o respondió a circunstancias excepcionales debidamente justificadas.
ANTONIO DEL CRISTO GUERRA DE LA ESPRIELLA
— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) September 28, 2026
Me informan que el señor Antonio del Cristo Guerra de la Espriella ha sido trasladado de la cárcel La Picota a una guarnición militar en Corozal, Sucre.
Hace unos días, el país pudo escuchar y ver una locución en la que Abelardo de la…
La respuesta del Ministerio de Justicia aclaró el lugar de reclusión reportado el 29 de septiembre, pero no resolvió por completo las preguntas sobre la destinación inicialmente contemplada. También queda pendiente una explicación institucional sobre las condiciones del traslado desde Bogotá y las razones de la ubicación actual. Esas precisiones son necesarias para contrastar las decisiones del Inpec con las declaraciones públicas del presidente.
El caso de Antonio del Cristo Guerra de la Espriella reúne una condena de más de once años, una resolución que contemplaba una instalación militar y una denuncia sobre posible trato preferencial. La versión oficial niega que el condenado esté en un batallón. La discusión pendiente es documental y administrativa, y exige establecer qué se ordenó, qué se ejecutó y por qué.
