La antigua abogada de intereses de Álex Saab, nombrada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella para dirigir la Sociedad de Activos Especiales, devolverá siete propiedades relacionadas con el empresario. Entre ellas aparece una mansión de 28.000 millones de pesos en Barranquilla. La decisión de devolver los bienes coincide con una confesión de lavado de dinero presentada por Saab ante un tribunal estadounidense.
Le puede interesar: ¡Se le cayó la “maestría” al Viceministro de Vivienda! Se presentaba como magíster, pero la Universidad Externado confirmó que no tiene titulo
La coincidencia es especialmente preocupante por los nombres involucrados. Diana Patricia Bravo Vélez trabajó hasta julio de 2026 en De la Espriella Lawyers, firma fundada por el actual presidente, y participó como abogada en asuntos relacionados con Saab. Ahora preside la entidad que restituirá los inmuebles en el marco del proceso judicial respectivo.
El periodista Daniel Coronell expuso el caso en su espacio El Reporte Coronell, el 28 de septiembre. Su investigación reconstruyó la trayectoria profesional de Bravo, su llegada a la SAE y el proceso judicial sobre los bienes. La funcionaria asumió la dirección de una entidad encargada de administrar propiedades sometidas a medidas de extinción de dominio, incluidas las vinculadas con organizaciones criminales.
La SAE le devolverá a Álex Saab una mansión valorada en casi 3.000 millones de pesos, que había sido decomisada por extinción de dominio. No lleva ni tres meses como presidente @ABDELAESPRIELLA y ya empezó a cumplirles a sus amigos corruptos. pic.twitter.com/QnEr7BLK3q
— 🌎Un Nuevo Orden (@1NuevoOrden) September 28, 2026
La decisión que obliga a restituir los inmuebles fue adoptada el 7 de septiembre por el Tribunal Superior de Medellín. Los magistrados confirmaron un fallo de primera instancia que negó la extinción de dominio solicitada por la Fiscalía. La conclusión judicial fue que las pruebas aportadas no permitían acreditar el origen ilícito de las siete propiedades. Contra esa determinación no procede recurso ordinario.
La historia judicial comenzó años antes. En julio de 2020, la Fiscalía ocupó siete bienes relacionados con la sociedad Promotora Dubera S.A.S. El 17 de enero de 2025, un juzgado especializado de Barranquilla negó la extinción de dominio. La Fiscalía 36 Especializada y el Ministerio Público apelaron, pero el Tribunal de Medellín confirmó la decisión en septiembre de 2026.
La mansión de Barranquilla concentra buena parte de la atención. Está ubicada en el barrio Riomar, tiene aproximadamente 3.740 metros cuadrados y su valor ha sido estimado en 28.000 millones de pesos. Según Coronell, fue construida sobre terrenos donde anteriormente existían seis residencias. Su tamaño y características la convirtieron en una de las propiedades más reconocibles del expediente.
La propiedad incluye una cancha de tenis de polvo de ladrillo instalada en la terraza. En su investigación Coronell relató que Saab la mandó construir para que su esposa, la modelo italiana Camila Fabri, pudiera practicar ese deporte después de que al empresario le negaran el ingreso al Country Club de Barranquilla. Ese detalle ilustra las características de una residencia cuya adquisición fue examinada por la justicia colombiana.
El ilegítimo le está devolviendo los bienes al mafioso Saab, su cliente y amigo, para que no cante en Estados Unidos. Está usando a la SAE justamente para lo contrario de lo que está concebida. Para ellos gobierna. pic.twitter.com/OxhrgYcHpV
— Celso Tete Crespo 🇨🇴 (@CelsoTeteC) September 29, 2026
La casa figuraba a nombre de Dubera S.A.S., sociedad cuyo único accionista era el contador Julio César Ruiz Maestre. El periodista señaló que este no disponía de recursos suficientes para justificar la adquisición. La Fiscalía vinculó los inmuebles con operaciones atribuidas a Saab, pero los jueces concluyeron que el material presentado no alcanzaba para demostrar las causales de extinción de dominio.
Uno de los aspectos centrales del expediente está en los contratos venezolanos utilizados para justificar la procedencia de los recursos. Según el fallo, la sociedad presentó documentación de un contrato por 60 millones de dólares con la Fundación Propatria 2000, que incluía un anticipo de 42 millones, y otro por 293,9 millones de dólares relacionado con el Ministerio de Vivienda venezolano.
El segundo contrato contemplaba la construcción de 4.162 viviendas y obras de infraestructura en los estados venezolanos de Miranda y Carabobo. Estos documentos fueron examinados para establecer el origen de los recursos utilizados en las propiedades. La controversia está en que los contratos relacionados con el entorno de Nicolás Maduro también han sido objeto de investigaciones internacionales sobre presuntas irregularidades financieras.
La diferencia de fechas resulta determinante. El Tribunal Superior de Medellín adoptó su decisión el 7 de septiembre y, ocho días después, Álex Saab compareció ante la justicia estadounidense para reconocer su participación en una conspiración de lavado de dinero. La declaración de culpabilidad ocurrió el 15 de septiembre ante la jueza Kathleen M. Williams, en el Distrito Sur de Florida.
La abogada que defendió a Saab fue nombrada presidente de la SAE por Abelardo.
— Miguel Ángel (@romeroygris) September 29, 2026
Realismo trágico el de este titular: pic.twitter.com/gn1w9vNxQA
Saab, de 54 años, cambió su declaración anterior de inocencia y aceptó colaborar con las autoridades estadounidenses. También acordó entregar 195 millones de dólares vinculados con el esquema investigado. El caso incluye operaciones relacionadas con contratos públicos venezolanos y recursos destinados a programas sociales. La declaración representa una admisión penal en Estados Unidos, aunque no establece automáticamente el origen de cada inmueble examinado en Colombia.
El empresario reconoció su participación en operaciones financieras ilícitas relacionadas con funcionarios del Gobierno venezolano. El acuerdo judicial contempla que suministre información sobre otros involucrados. El delito por el que se declaró culpable puede acarrear una pena máxima de 20 años de prisión. Su colaboración será uno de los elementos considerados dentro del procedimiento penal estadounidense.
Otro elemento que se destaca es la referencia del Tribunal colombiano a la situación judicial previa de Saab en Estados Unidos. Los magistrados mencionaron el desistimiento de cargos ocurrido durante el Gobierno de Joe Biden como un elemento adicional dentro de su valoración probatoria. Sin embargo, esa circunstancia era anterior a la declaración de culpabilidad que Saab presentó en Miami el 15 de septiembre.
La secuencia deja dos resultados judiciales diferentes. En Colombia, la Fiscalía no logró demostrar los requisitos para extinguir el dominio de siete bienes vinculados con Dubera. En Estados Unidos, Saab admitió responsabilidad en una conspiración de lavado de dinero. Ambos procedimientos examinaron cuestiones jurídicas distintas, por lo que la confesión estadounidense no convierte automáticamente las propiedades colombianas en bienes de origen ilícito.
A pagar favores! Saab se declaró culpable de lavado en EE.UU., pero la SAE devolverá 7 inmuebles ligados a él. Su presidenta, exsocia de De la Espriella Lawyers, fue abogada en asuntos de Saab, según Daniel Coronel. Lo cierto es que DEBIÓ DECLARARSE IMPEDIDA. Con @petrogustavo,… pic.twitter.com/pW6m6UrQFD
— Isabel Vera (@IsabelVeraPacto) September 29, 2026
La situación de Diana Patricia Bravo Vélez agrega otra dimensión al caso. La funcionaria trabajó durante más de diez años en De la Espriella Lawyers, donde llegó a ser socia, y fue nombrada presidenta de la SAE en agosto de 2026. Su trayectoria profesional incluye actuaciones relacionadas con intereses de Saab, aunque no está acreditado que haya intervenido en este proceso específico de extinción de dominio.
Por eso, el asunto también plantea interrogantes sobre eventuales conflictos de interés. Resulta pertinente establecer qué asuntos relacionados con Saab atendió Bravo durante su ejercicio profesional, quiénes fueron sus clientes y si esas relaciones tienen alguna conexión con las sociedades beneficiarias de la restitución. La coincidencia profesional merece una explicación institucional, pero no demuestra por sí misma una actuación irregular de la presidenta de la SAE.
El nombramiento de Bravo también sitúa al Gobierno de Abelardo de la Espriella en la discusión sobre los controles aplicados a sus altos funcionarios. La trayectoria de la presidenta de la SAE y su relación anterior con el bufete fundado por el mandatario son hechos relevantes para examinar el proceso de selección.
La SAE tendrá que materializar una decisión judicial favorable a la restitución de los inmuebles. Su presidenta no tiene facultades para desconocer una sentencia firme por las controversias públicas que rodean al beneficiario. Lo que sí corresponde aclarar es cómo se gestionará el procedimiento, qué funcionarios participarán y si existe alguna circunstancia que exija revisar posibles impedimentos conforme a las reglas aplicables.
La controversia deja abiertas preguntas sobre el expediente colombiano, la actuación de la Fiscalía y las relaciones profesionales de quien hoy dirige la SAE. También muestra la importancia de distinguir entre una sentencia que niega la extinción de dominio por insuficiencia probatoria y una declaración de inocencia sobre todas las actividades de un empresario. Ninguna de esas conclusiones puede sustituir a la otra.
La mansión de Riomar y los otros seis bienes deberán ser restituidos conforme al fallo colombiano, pese a que Saab reconoció posteriormente su participación en una conspiración de lavado de dinero en Estados Unidos. La coincidencia temporal y los antecedentes profesionales de Bravo justifican un examen público de las actuaciones institucionales.
