Abelardo de la Espriella llevó al Congreso una reducción de 170.000 millones de pesos para la justicia transicional. Ante este preocupante panorama Volker Türk, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió garantizar la financiación de la JEP y para la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. El ajuste, aprobado en primer debate del Presupuesto General de la Nación para 2027, afecta al Sistema Integral de Paz y ha provocado advertencias sobre las consecuencias para las víctimas del conflicto armado.
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Son 140.000 millones de pesos menos para inversión y otros 30.000 millones para funcionamiento. La propuesta inicial contemplaba una reducción de 100.000 millones, pero el ajuste terminó aumentando en 70.000 millones. El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, ha advertido sobre una posible asfixia económica del tribunal encargado de investigar graves crímenes del conflicto.
El llamado internacional llegó el lunes 28 de septiembre por medio de Volker Türk, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El funcionario pidió garantizar recursos suficientes para la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Su pronunciamiento destacó los avances restaurativos alcanzados por Colombia desde el Acuerdo de Paz firmado en 2016.
🔴¡LA ONU LO DICE CLARO!
— Sandra Chindoy (@sandra_chindoy) September 28, 2026
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, hablo de frente “Es fundamental que el Sistema, en el que tanto se ha invertido, continúe implementándose” #ONU #JEP #Abelardo pic.twitter.com/f7StXTQQfZ
Türk puso especial atención en los procesos que reúnen a antiguos integrantes de las FARC-EP y miembros del Ejército en actividades de reparación. Para Naciones Unidas, estos trabajos constituyen una experiencia significativa de justicia transicional. El alto comisionado insistió en que los mecanismos creados para atender a las víctimas deben disponer de condiciones institucionales y financieras que permitan continuar sus labores.
La discusión presupuestal se desarrolla sobre un monto general de 634,9 billones de pesos para 2027. El proyecto inicialmente contemplaba reducir 100.000 millones a la JEP, pero la ponencia elevó esa cifra a 170.000 millones. El Gobierno y las bancadas participantes plantearon redistribuir parte de esos recursos hacia otras necesidades del Estado.
De acuerdo con la distribución reportada, 100.000 millones de pesos se destinarían a fortalecer la justicia ordinaria y otros 70.000 millones al sector deporte. La decisión enfrenta necesidades públicas diferentes dentro de un mismo presupuesto. El punto de controversia es si la reducción deja recursos suficientes para las investigaciones, las sanciones restaurativas y las demás obligaciones del tribunal.
El proyecto avanzó el 23 de septiembre en las comisiones económicas conjuntas del Congreso. Uno de los bloques presupuestales recibió 65 votos favorables y uno contrario, incluyendo las asignaciones sectoriales. La aprobación, sin embargo, no convirtió el presupuesto en ley. El texto todavía debe superar su discusión en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes.
Abelardo quiere acabar con la JEP, para que no sepan quién financiaba los paras. pic.twitter.com/a2oazLrBQv
— Alejandro Ocampo (@alejoocampog) September 21, 2026
El Ejecutivo ha defendido el ajuste como parte de una política de racionalización del gasto. Según la ponencia citada por Infobae, la redistribución responde a restricciones fiscales y pretende preservar los recursos necesarios para las funciones misionales de la JEP. Esa es la posición gubernamental. La suficiencia real de las asignaciones sigue siendo objeto de controversia entre las autoridades presupuestales y la jurisdicción.
Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, ha expresado preocupación por el impacto financiero de las propuestas. Infobae recogió su advertencia sobre una posible asfixia económica de la institución. El magistrado dirige un tribunal que debe avanzar en investigaciones sobre responsabilidades de antiguos guerrilleros, integrantes de la Fuerza Pública y otros comparecientes por conductas relacionadas con el conflicto armado colombiano.
El trabajo de la JEP no se limita a imponer sanciones. También incluye esclarecer patrones de violencia, identificar responsables, reconocer a las víctimas y desarrollar medidas restaurativas. Entre sus investigaciones aparecen casos de reclutamiento de menores por las antiguas FARC y ejecuciones extrajudiciales atribuidas a agentes estatales. Sus decisiones tienen efectos sobre la verdad judicial y la situación jurídica de miles de comparecientes.
La Unidad de Búsqueda enfrenta sus propias dificultades financieras. Según informó El Universal el 17 de septiembre, la entidad solicitó 112.002,5 millones de pesos para inversión en 2027, pero la asignación contemplada en la enmienda presupuestal era de 59.636,5 millones. La cifra representaba una disminución de 16.636,5 millones frente a los 76.273 millones asignados durante 2026.
#ATENCIÓN | “Sería la primera vez en la historia donde una entidad pública es sometida a la quiebra”. Ante las comisiones económicas, el magistrado de la JEP Raúl Sánchez pidió reconsiderar el recorte al tribunal y aseguró que están dando resultados, pero que con el nuevo… pic.twitter.com/yBnM3AfhN2
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 24, 2026
La diferencia entre los recursos solicitados y los previstos preocupa por las tareas que desarrolla la Unidad. Su trabajo incluye investigaciones humanitarias, intervenciones forenses, identificación de restos, presencia territorial y acompañamiento a familiares. La entidad ha advertido que la disminución podría afectar las capacidades destinadas a esclarecer el paradero de más de 137.000 personas desaparecidas durante el conflicto armado colombiano.
Una de las experiencias destacadas por Naciones Unidas ocurre en el cementerio San Antonio de Padua, ubicado en Pitalito, Huila. Allí antiguos miembros de las FARC-EP y del Ejército participan conjuntamente en la localización y recuperación de restos humanos. El objetivo es contribuir a la identificación de personas desaparecidas y permitir que sus familias reciban información sobre lo ocurrido.
Estas actividades forman parte de las medidas restaurativas desarrolladas dentro del modelo de justicia transicional. La participación de antiguos adversarios tiene un significado particular porque involucra a personas que pertenecieron a organizaciones enfrentadas durante décadas. Naciones Unidas destacó esa colaboración como una contribución a la verdad y la reparación, sin desconocer las responsabilidades individuales por las violaciones cometidas.
El contexto político también resulta relevante. Durante su campaña, Abelardo de la Espriella cuestionó la existencia de la JEP y planteó acabar con ella. Ya en el Gobierno, las iniciativas legislativas y presupuestales relacionadas con el tribunal han provocado discusiones sobre su continuidad, sus competencias y la financiación necesaria para cumplir el mandato establecido tras el Acuerdo de Paz.
#Política | Congresistas del Pacto Histórico, junto con organizaciones sociales y de víctimas, acudieron a la Corte Penal Internacional y al Consejo de Seguridad de la ONU para alertar sobre el futuro de la JEP y la UBPD.
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 23, 2026
La representante, Laura Beltrán, afirmó que las… pic.twitter.com/BG3hzJ4VYb
Desde la JEP y organizaciones vinculadas al seguimiento del Acuerdo de Paz se advierte que las restricciones pueden afectar el cumplimiento de obligaciones pendientes. La discusión no depende únicamente del monto asignado, sino de las actividades concretas que podrían quedar limitadas.
El Comité de Seguimiento y Monitoreo a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad también expresó inquietud. El organismo señaló que el recorte de 170.000 millones de pesos contraviene una de las recomendaciones formuladas por la Comisión en su informe final. La advertencia se suma a los cuestionamientos sobre la financiación de los mecanismos encargados de implementar las medidas de verdad y reparación.
La discusión ocurre cuando se cumplen diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz. Durante ese periodo, Colombia creó instituciones y procedimientos específicos para investigar graves violaciones, buscar desaparecidos y reconocer responsabilidades. El aniversario encuentra al país debatiendo cuánto debe invertir en esos mecanismos y cómo equilibrar las obligaciones derivadas del acuerdo con las restricciones de las finanzas públicas.
El Congreso conserva la posibilidad de modificar las asignaciones durante el trámite legislativo. Las plenarias deberán examinar tanto la justificación fiscal del Gobierno como las necesidades expuestas por las entidades del Sistema Integral de Paz. Entre los asuntos pendientes están los recursos de inversión, la capacidad operativa y la continuidad de los proyectos restaurativos que involucran a víctimas y comparecientes.
El llamado de Volker Türk sitúa la financiación de la JEP y la Unidad de Búsqueda en una discusión que trasciende la distribución del presupuesto. Las dos instituciones tienen responsabilidades vinculadas con los derechos de las víctimas y los compromisos del Acuerdo de Paz. La decisión legislativa sobre los recursos de 2027 determinará con qué capacidades podrán continuar sus investigaciones, búsquedas y medidas de reparación.
