La inseguridad de la “patria milagro” de Abelardo espantó al primer crucero de la temporada: el Freewinds cambió de ruta y Santa Marta comienza a pagar la crisis

La crisis de seguridad de Santa Marta ya golpeó al turismo internacional. El Freewinds canceló su llegada por temor tras el paro armado, hoteles registraron ocupaciones de apenas 15 % en algunos sectores y Estados Unidos lanzó alertas. La estrategia de seguridad de Abelardo de la Espriella enfrenta consecuencias económicas concretas.

El Freewinds debía abrir la temporada de cruceros 2026-2027 en Santa Marta, pero nunca apareció en el puerto. La alarmante inseguridad de las últimas semanas cambió el itinerario y convirtió una esperada jornada turística en una preocupante señal para la economía local. La cancelación ocurrió después del paro armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y de varios días de miedo, amenazas y vehículos incendiados.

El golpe evidencia el mal manejo de la situación por parte de Abelardo de la Espriella. Aunque más de 1.100 integrantes de la Fuerza Pública fueron desplegados y de que De la Espriella aseguró que el orden público estaba controlado, la imagen que llegó a los operadores internacionales fue diferente. Hoteles sufrieron cancelaciones, varios gobiernos extranjeros emitieron alertas y el primer crucero de la temporada decidió seguir de largo.

Jacqueline Vives, vicepresidenta de Anato Caribe, confirmó que la decisión había sido tomada durante la semana de violencia. “Obviamente, en el momento que ocurrieron los hechos tomaron una determinación desde la semana pasada de que no llegara el barco por tema de seguridad a la ciudad”, explicó la dirigente gremial sobre la cancelación que afectó la apertura de la temporada.

El Freewinds es un buque de 134 metros que opera en el Caribe y pertenece a la Iglesia de la Cienciología. Su escala estaba prevista para el lunes 28 de septiembre y debía inaugurar el calendario 2026-2027. Anato Caribe aseguró posteriormente que todavía no tenía confirmados nuevos arribos de cruceros antes de noviembre.

La cancelación llegó después de días particularmente violentos. Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada impusieron un paro armado en represalia por una operación de la Fuerza Pública contra esa estructura. Se sabe que el grupo cuenta con más de 800 integrantes y que la parálisis continuó incluso después del despliegue ordenado por De la Espriella para recuperar el control territorial.

Vehículos fueron incendiados, comerciantes recibieron amenazas y el transporte quedó afectado. Estados Unidos reaccionó con una alerta para sus ciudadanos en Santa Marta, Magdalena y La Guajira, incluyendo la Troncal del Caribe, Palomino, los accesos al Parque Tayrona y la Zona Bananera. La recomendación incluía evitar sectores con disturbios, bloqueos, grandes concentraciones y operaciones de seguridad.

El impacto económico fue inmediato. Carlos José Jaramillo, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Santa Marta, calificó aquellos días como una de las situaciones complejas enfrentadas por la ciudad. Los comerciantes reportaron pérdidas superiores a 42.000 millones de pesos y miles de establecimientos tuvieron que cerrar o restringir sus actividades ante las intimidaciones.

Otros cálculos mostraron una dimensión todavía más preocupante. Se han estimado pérdidas diarias de hasta 39.500 millones de pesos durante la parálisis y alrededor del 95 % del comercio permaneció cerrado. Más de 22.000 empresas resultaron afectadas por una demostración de fuerza criminal que golpeó directamente a una ciudad cuya economía depende ampliamente del comercio y del turismo.

Los hoteles tampoco escaparon. Cotelco Magdalena confirmó cancelaciones y solicitudes de aplazamiento de reservas justo antes de la semana de receso escolar. En el corredor turístico comprendido entre Neguanje y Palomino, algunos establecimientos registraron ocupaciones que no superaban el 15 %. También disminuyó el ritmo de reservas en El Rodadero, Bello Horizonte, Pozos Colorados, Don Jaca, Taganga y el Centro Histórico.

Omar García Silva, presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena, advirtió que detrás de esas cancelaciones existen trabajadores, proveedores y familias que dependen del turismo. El dirigente gremial pidió que Policía, Ejército y Armada mantengan presencia permanente en los corredores turísticos y las zonas rurales, y no únicamente durante emergencias o temporadas de alta afluencia de visitantes.

El Gobierno respondió a la crisis con militarización. De la Espriella ordenó “blindar la región” y recuperar el control territorial después de la amenaza de paro armado de las ACSN. Más de 500 soldados y 600 policías fueron desplegados inicialmente en Santa Marta y Ciénaga. Sin embargo, durante esos mismos días persistieron cierres y temores entre comerciantes y residentes pese al dispositivo anunciado.

La diferencia entre presencia militar y percepción de seguridad quedó reflejada precisamente en el turismo. Una naviera internacional no necesita esperar a que desaparezca cada patrulla para modificar una ruta. Evalúa riesgos, advertencias diplomáticas y capacidad de respuesta. En Santa Marta, la consecuencia fue concreta. El Freewinds no llegó y los empresarios comenzaron a trabajar para convencer nuevamente a los viajeros de que podían regresar.

Sí está demostrado que la decisión del Freewinds respondió a la situación de seguridad. Así lo confirmó Jacqueline Vives. También está documentado que el paro armado ocurrió después de una operación estatal contra las ACSN y que el Gobierno respondió aumentando la presencia militar. La discusión política se concentra ahora en la preocupación por las consecuencias en la temporada venidera.

El propio sector turístico reconoce que la ciudad volvió progresivamente a la normalidad. Vives aseguró que Santa Marta está operando nuevamente y que Anato trabaja con el Viceministerio de Turismo en una campaña para recuperar su imagen. El problema es que las decisiones internacionales se toman con anticipación y las fotografías de vehículos quemados, comercios cerrados y carreteras bloqueadas permanecen después de terminar la emergencia.

La recuperación tampoco depende únicamente de publicidad. Cotelco pidió presencia permanente de la Fuerza Pública porque considera que la confianza turística necesita condiciones sostenidas de seguridad. La preocupación es económica. Una habitación cancelada afecta al hotel, pero también al taxista, al restaurante, al guía, al operador turístico, al comerciante y al trabajador informal que esperaba ingresos derivados de ese visitante.

Santa Marta enfrenta además un calendario complicado. El sector esperaba aprovechar la semana de receso escolar para aumentar la ocupación, pero las cancelaciones aparecieron precisamente antes de ese periodo. En algunos establecimientos del corredor Neguanje-Palomino, tener apenas 15 % de ocupación representa una señal especialmente preocupante para empresarios que dependen de temporadas específicas para sostener empleos e ingresos durante el año.

La ciudad conserva, además, una importante programación de cruceros para los últimos meses de 2026. Calendarios especializados registran escalas previstas desde noviembre de embarcaciones como Royal Clipper, AIDAdiva, Explora I, Crystal Serenity y Grandeur of the Seas. La preocupación en Santa Marta es que el episodio del Freewinds se repita.

La crisis deja una prueba concreta para la política de seguridad de Abelardo de la Espriella. Su Gobierno puede exhibir operativos, capturas, bajas y despliegues militares, pero el turismo internacional utiliza otro indicador igualmente contundente, la confianza. Cuando una embarcación modifica su itinerario por razones de seguridad, el impacto deja de medirse solamente en partes militares y comienza a sentirse directamente en los bolsillos.

El Freewinds siguió de largo, los hoteleros comenzaron a contar cancelaciones y algunos establecimientos vieron caer su ocupación hasta el 15 %. Santa Marta intenta recuperar la normalidad, pero los empresarios están preocupados. La controversia sobre De la Espriella queda planteada en esos resultados y en la capacidad de su Gobierno para impedir que la violencia siga ahuyentando visitantes.

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