Acusar a un expresidente de ordenar un asesinato político es una afirmación de enorme gravedad. María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay, señaló directamente a Gustavo Petro durante una entrevista con La FM. Sin embargo, cuando la periodista le preguntó si tenía pruebas, respondió que estaba expresando una opinión personal y que correspondía a la Fiscalía establecer responsabilidades.
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Petro rechazó los señalamientos y anunció que iniciará acciones penales y civiles. La controversia enfrenta una acusación pública contra el exmandatario con una pregunta fundamental sobre su sustento probatorio. Tarazona afirmó que Petro habría ordenado el crimen y colaborado con el Gobierno venezolano, pero hasta el momento no ha presentado evidencias que permitieran comprobar semejante imputación.
La declaración se produjo durante el programa Tarde, pero llegó, de La FM, el miércoles 21 de octubre. «En mi opinión personal, Gustavo Petro sabía que iban a matar a Miguel, dio la orden de matar a Miguel y se alió con la dictadura de Maduro para asesinarlo», aseguró Tarazona en la entrevista. Llama la atención que la FM eliminó de la red social X la publicación de dicha entrevista, sin embargo, algunos usuarios de esta red guardaron pantallazos de la misma.
María Claudia Tarazona, en entrevista con La FM, incriminó a Gustavo Petro en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: "Sabía que iban a matar a Miguel, dio la orden de matar a Miguel y se alió con la dictadura de Maduro para asesinar a Miguel". https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/FYAVuadC6l
— Revista Semana (@RevistaSemana) October 22, 2026
La periodista le preguntó expresamente por las pruebas que respaldaban sus palabras y le advirtió sobre posibles consecuencias judiciales. Tarazona respondió que estaba formulando una opinión, no una acusación formal. «La acusación la hace la Fiscalía», sostuvo. También manifestó que sentiría tranquilidad si Petro terminara en prisión, aunque reconoció que corresponde a las autoridades determinar quién ordenó el asesinato.
La respuesta del expresidente llegó mediante su cuenta de X. «Se acabó esta estrategia de desprestigio», escribió, antes de cuestionar que la expresión «en mi opinión» pudiera utilizarse para evitar responsabilidades judiciales. Petro anunció que adelantará procesos legales y negó categóricamente cualquier participación de su Gobierno en el atentado contra el dirigente del Centro Democrático.
El exmandatario también recordó una reunión que, según su relato, sostuvo con Miguel Uribe Turbay y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Aseguró que entonces les garantizó respeto a la oposición durante su administración. «Quien asesinó al senador Miguel Uribe nada tiene que ver con el gobierno», afirmó, al insistir en que el caso debe resolverse mediante investigaciones judiciales.
Se acabó esta estrategia de desprestigio, aquí usa el termino "en mi opinión" para evadir los procesos judiciales. Y vamos a adelantar los procesos, yo no soy como muchos de la derecha que han hecho matar a los que piensan diferente. Personalmente le dije al senador Miguel Uribe Turbay y al expresidente Alvaro Uribe con los cuales hice una reunión en mi oficina para decirles que en mi gobierno la oposición tendría todas las garantías de nuestra ley y la constitución. Así lo hice y la realidad de esto a cuatro años marcan una realidad de absoluto respeto del gobierno a la oposición. Quien asesinó al senador Miguel uribe nada tiene que ver con el gobierno y este tema debe dilucidarse en el proceso penal y civil que he decidido que se inicie por este tipo de infamias contra mi.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 22, 2026
El asesinato de Miguel Uribe Turbay ocurrió después del atentado perpetrado el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, en Bogotá. El senador y precandidato presidencial murió posteriormente a consecuencia de las heridas. Su crimen desencadenó una investigación sobre los autores materiales, los organizadores y quienes financiaron la operación.
La Fiscalía conformó un Grupo de Tareas Especiales mediante la Resolución 001683 del 19 de junio de 2025. El 21 de octubre de 2026, la investigación había vinculado formalmente a dieciséis personas, de las cuales ocho habían sido condenadas. También fue sancionado un adolescente señalado de disparar contra el dirigente político durante el atentado.
Las pesquisas han incluido posibles responsabilidades de integrantes de la Segunda Marquetalia. La investigación judicial continúa y las autoridades buscan establecer la cadena de mando del crimen. La existencia de estas líneas investigativas no ha atribuido responsabilidades a otros dirigentes políticos, incluido Petro, ni sustituye las pruebas que deben examinar los fiscales y jueces competentes.
Tarazona también ha señalado al excongresista Luis Alberto Albán, conocido como Marcos Calarcá, y ha mencionado presuntos recursos procedentes de Venezuela. Entre los elementos divulgados figura un mensaje que, según ella, habría circulado en abril de 2025 y advertía sobre la preparación de un atentado. La autenticidad, el origen y el contenido de esas comunicaciones están bajo verificación judicial.
🔸"La muerte de Miguel Uribe valió la pena si Cepeda no gana las elecciones". Así habla María Claudia Tarazona sobre el crimen de su esposo y padre de su hijo. Es desconcertante hasta dónde llegan por ambición y por poder politico. https://t.co/SgNAl7OD81
— ♦️ JΛNDR3S (@JANDR3S__) March 25, 2026
El 20 de octubre de 2026, la Fiscalía ordenó compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia para examinar información relacionada con antiguos congresistas del partido Comunes. La decisión fue comunicada por Deicy Jaramillo Rivera, delegada para la Seguridad Territorial. Es claro que la actuación no constituye una condena ni demuestra que las personas mencionadas hayan participado en el asesinato.
La remisión se produjo después de una solicitud del ministro de Justicia, Iván Cancino, para profundizar las investigaciones. El Ministerio pidió revisar posibles vínculos con Luis Alberto Albán. La Fiscalía explicó que incorporó la información aportada por Tarazona y su representación de víctimas, incluyendo diligencias para verificar fuentes, comunicaciones y posibles relaciones con el crimen.
El enfrentamiento entre Petro y Tarazona tampoco comenzó con esta entrevista. Durante 2025, la viuda había cuestionado declaraciones del entonces presidente sobre las hipótesis del asesinato y acudió a mecanismos judiciales. El nuevo episodio intensifica una disputa pública en la que confluyen el dolor de una familia, las responsabilidades de las autoridades y los derechos de las personas señaladas.
La muerte de Miguel Uribe Turbay exige esclarecer quiénes planearon, financiaron y ejecutaron el atentado. Esa búsqueda de justicia también requiere diferenciar sospechas, testimonios y pruebas judicialmente verificadas. Petro anunció que acudirá a los tribunales para responder a los señalamientos. Corresponderá a las autoridades establecer tanto las responsabilidades por el magnicidio como el alcance jurídico de las declaraciones públicas.
