¡Madres del Catatumbo le envían carta a Abelardo y le lanzan duro reclamo: exigen que deje la guerra y busque la paz! La población civil sigue pagando las consecuencias

Las madres del Catatumbo le enviaron un mensaje a Abelardo de la Espriella que resume el sufrimiento de miles de familias atrapadas en la violencia. La Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz exigió una salida negociada al conflicto armado, acuerdos humanitarios y garantías para proteger a la población civil después de meses de enfrentamientos en Norte de Santander.

La carta pone al Gobierno frente a una exigencia que no puede resolverse con operaciones militares. Las madres denuncian desplazamientos, desapariciones, amenazas y niños expuestos al reclutamiento armado. Su petición cuestiona la eficacia de una respuesta centrada en la confrontación y reclama que la actual administración abra caminos de diálogo para evitar que más familias pierdan a sus seres queridos.

El documento, fechado el 16 de noviembre de 2026, está dirigido directamente al jefe de Estado y firmado por Carmen García, presidenta de la asociación. Las mujeres se presentan como campesinas, habitantes rurales y víctimas del conflicto armado que han sostenido a sus familias en medio de la violencia. Su principal exigencia es que el Gobierno busque una solución negociada.

La organización describe una tragedia que continúa mucho después de los enfrentamientos. En su carta habla de madres que esperan noticias de sus hijos, mujeres que perdieron a sus compañeros y familias obligadas a abandonar sus viviendas. También recuerda el miedo de los niños a asistir a la escuela, una consecuencia cotidiana de la presencia de grupos armados.

Las cifras muestran la magnitud de la tragedia humanitaria en el Catatumbo. Según ACNUR, desde el 16 de enero de 2025, más de 114.000 personas fueron desplazadas y otras 45.000 sufrieron confinamiento o restricciones de movilidad, con corte a enero de 2026. La Defensoría del Pueblo también documentó 117 homicidios entre enero y abril de 2025. Por su parte, la Unidad para las Víctimas registró 112.140 víctimas por hechos ocurridos durante 2025, según su balance de febrero de 2026. Son cifras de distintos periodos que evidencian el impacto de la confrontación sobre la población civil.

El reclamo no se limita a pedir conversaciones. Las Madres del Catatumbo exigen que el Gobierno abra y sostenga espacios de diálogo, impulse acuerdos humanitarios y escuche directamente a las víctimas. También solicitan compromisos verificables para proteger a las comunidades, conseguir la liberación de personas retenidas y detener el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.

La situación humanitaria se agrava por la persistencia de ataques con explosivos transportados mediante drones. Los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc completaron 22 meses desde el 16 de enero de 2025. Las acciones armadas siguen afectando a comunidades rurales que enfrentan riesgos incluso dentro de sus propias viviendas.

Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas del Conflicto Armado, denunció afectaciones recientes en Filo el Gringo, jurisdicción de El Tarra. También reportó que una mujer resultó herida en Pacelli, zona rural de Tibú, y advirtió sobre ataques en San Martín de Loba, Sardinata, donde habitantes recurrieron a banderas y prendas blancas para identificarse como civiles.

Mayorga también cuestionó que el fortalecimiento de la presencia militar no haya conseguido detener los ataques en diferentes sectores del Catatumbo. Según su testimonio, las comunidades continúan enfrentando explosivos, minas antipersonales, secuestros y reclutamiento de menores. Su llamado coincide con el de las madres en reclamar una respuesta estatal que incluya protección efectiva y atención humanitaria.

Las mujeres recuerdan que no han permanecido inmóviles ante la crisis. Su organización ha acompañado a familias desplazadas, protegido a mujeres amenazadas y desarrollado iniciativas culturales para alejar a los menores del reclutamiento. Sin embargo, advierten que estos esfuerzos comunitarios necesitan respaldo institucional, recursos y garantías para quienes trabajan por la paz en territorios afectados por la violencia.

La exigencia también está dirigida a las organizaciones armadas. Las madres reclaman que respeten la vida de la población civil y mantengan a los menores fuera de sus estructuras. Su propuesta no plantea abandonar las responsabilidades estatales de seguridad, sino acompañarlas con acuerdos humanitarios y mecanismos verificables que reduzcan los riesgos para las familias atrapadas en la confrontación.

La asociación pide que las escuelas permanezcan abiertas, que las ayudas lleguen a quienes las necesitan y que las familias puedan seguir viviendo de su trabajo. También reclama condiciones para permanecer en sus tierras sin amenazas. Son demandas concretas que trasladan la discusión desde los discursos oficiales sobre seguridad hacia las necesidades de quienes sufren directamente el conflicto.

La carta sitúa la responsabilidad de proteger a la población civil. Las madres reclaman a Abelardo de la Espriella una estrategia que no dependa de la fuerza y que contemple negociaciones, compromisos humanitarios y participación de las víctimas. Su exigencia es poder vivir sin miedo y mantener unidas a sus familias.

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