Carlos Suárez Rojas, uno de los hombres más cercanos a Abelardo de la Espriella, dejó al descubierto una orden presidencial para quitarles la pauta estatal a medios que publicaron encuestas desfavorables al Gobierno. La declaración del presidente de la junta directiva de Ecopetrol desató un escándalo por el posible uso de dinero público para presionar a la prensa.
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Lo más grave es que la revelación no salió de la oposición, sino del propio círculo de confianza de De la Espriella. La Fundación para la Libertad de Prensa encendió las alarmas y advirtió que castigar económicamente a medios por sus publicaciones constituye una forma de censura indirecta. Ahora, la FLIP, medios de comunicación y la opinión pública le exigen explicaciones sobre quiénes perdieron publicidad oficial y bajo qué criterios. “Así se comportan las dictaduras”, se ha dicho en redes sociales.
Abelardo de la Espriella está bajo fuertes cuestionamientos por una declaración de Carlos Suárez Rojas que apunta al posible uso de la publicidad estatal para castigar y controlar a medios de comunicación. El presidente de la junta directiva de Ecopetrol aseguró públicamente que el mandatario ordenó retirar pauta a medios que difundieron encuestas desfavorables para su administración.
Los de SIEMPRE volvieron al pasado: falsas encuestas replicadas por los medios a los que el Presidente ordenó dejar sin pauta. Mientras tanto, el mundo digital, dice otra cosa. En la campaña ya vimos quién decía la verdad.
— Carlos Suárez Rojas (@carlossuarezr) November 12, 2026
La polémica adquiere mayor gravedad porque no se trata de una denuncia formulada por la oposición, sino de una afirmación realizada por uno de los estrategas más cercanos al presidente. La Fundación para la Libertad de Prensa advirtió que condicionar recursos públicos al tratamiento informativo puede convertirse en censura indirecta y amenazar la independencia periodística.
El enfrentamiento comenzó después de que César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos, analizara en Caracol Radio una medición sobre los primeros 100 días del Gobierno. El estudio ubicó la popularidad de De la Espriella por debajo del 50 %, resultado que provocó una dura reacción de Suárez, quien descalificó las encuestas y cuestionó a los medios que las divulgaron.
“Los de SIEMPRE volvieron al pasado: falsas encuestas replicadas por los medios a los que el Presidente ordenó dejar sin pauta”, escribió Suárez en X. La frase encendió las alarmas porque atribuye directamente al jefe de Estado una decisión sobre publicidad oficial.
La FLIP y El Veinte respondieron el 12 de noviembre con un pronunciamiento titulado “Gobierno confiesa que asigna pauta según el cubrimiento de los medios”. Las organizaciones advirtieron que la publicidad estatal no puede utilizarse para premiar a periodistas favorables al Gobierno ni para castigar a quienes publican investigaciones, encuestas o informaciones que incomodan al presidente.
#ComunicadoFLIP | Carlos Suárez, estratega de la campaña del presidente @ABDELAESPRIELLA, afirmó que el Gobierno ordenó dejar sin pauta a medios por su cubrimiento. Desde @ElVeinteOrg y la FLIP alertamos sobre este hecho y la denuncia contra @cifrasyconcepto, que representan una amenaza seria para la libertad de expresión y de prensa.
— Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) (@FLIP_org) November 13, 2026
El periodista Daniel Coronell también cuestionó las palabras de Suárez. “De manera que según el estratega Carlos Suárez el presidente Abelardo de la Espriella ordenó dejar sin pauta a unos medios. Interesante confesión”, escribió. Su reacción puso el foco en una pregunta que De la Espriella debería responder públicamente, si las decisiones presupuestales están siendo utilizadas para influir sobre las líneas editoriales.
La controversia no comenzó con la encuesta. El pasado 5 de octubre, Suárez había calificado a La Silla Vacía y a la revista Cambio como “portales activistas” y aseguró que se disfrazaban de periodismo. También sostuvo que los “actores políticos reciben respuesta política”, declaraciones rechazadas por la FLIP porque presentan el trabajo de investigación periodística como una confrontación contra el Gobierno.
Un día antes, el 4 de octubre, el mismo Suárez había utilizado un lenguaje de confrontación al referirse a las próximas elecciones. “Ganamos la batalla de 2026, pero para ganar la guerra hay que ir a por 2027 y 2030”, afirmó. Para El Veinte, resulta preocupante que ese discurso coincida con señalamientos contra medios independientes desde una posición de poder institucional.
De manera que según el estratega Carlos Suárez @carlossuarezr, el presidente @ABDELAESPRIELLA ordenó dejar sin pauta a unos medios. Interesante confesión.
— Daniel Coronell (@DCoronell) November 12, 2026
Las advertencias tienen antecedentes concretos. La FLIP informó que desde enero había documentado 14 agresiones contra periodistas y medios atribuidas al De la Espriella y a personas de su entorno político e institucional. Entre los hechos registrados aparecen estigmatización, acoso judicial y obstrucción al trabajo periodístico. La organización también cuestionó las restricciones de acceso a entrevistas y ruedas de prensa.
El escándalo se amplió con una denuncia presentada ante el Consejo Nacional Electoral por Germán Calderón España, antiguo jefe jurídico de la campaña de De la Espriella y exdirector de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Calderón solicitó un procedimiento sancionatorio contra Cifras y Conceptos y su gerente, César Caballero, por asuntos relacionados con la divulgación de la medición presidencial.
"…el derecho a denunciar no puede convertirse en un instrumento de intimidación y censura. Cuando la deslegitimación pública, la presión económica y el trámite sancionatorio apuntan en la misma dirección, el resultado es una forma de censura indirecta…." @FLIP_org @ElVeinteOrg
— César Caballero (@C_CaballeroR) November 13, 2026
Aunque cualquier ciudadano puede acudir a las autoridades para cuestionar posibles incumplimientos de las normas electorales, la FLIP y El Veinte alertaron sobre el efecto intimidatorio de esta actuación. La coincidencia entre las descalificaciones públicas, la referencia al retiro de publicidad y la denuncia contra la encuestadora plantea interrogantes sobre las garantías para informar y evaluar al Gobierno sin enfrentar presiones.
El manejo de la pauta oficial tiene límites legales. La Ley 1474 de 2011 exige criterios de efectividad, transparencia y objetividad en la contratación de publicidad estatal. Además, los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos rechazan su distribución discriminatoria como mecanismo de censura indirecta. La ausencia de una regulación específica no autoriza al Ejecutivo a repartir recursos según simpatías políticas.
Por esa razón, se ha exigido a la Presidencia aclarar si efectivamente ordenó retirar publicidad a determinados medios y publicar el listado de beneficiarios de la pauta oficial. También solicitaron criterios públicos de asignación y vigilancia de la Procuraduría y la Contraloría. De la Espriella tiene que explicar las afirmaciones de Suárez.
