¡Desastre en el gobierno de Abelardo! Error en el trámite del presupuesto de $634,9 billones dejaría por fuera recursos para salud, subsidios y programas sociales

El presupuesto de $634,9 billones de Abelardo de la Espriella quedó atrapado en un grave error legislativo. Senado y Cámara aprobaron versiones distintas sin conciliarlas, abriendo paso a su expedición por decreto. La controversia amenaza recursos adicionales para salud, subsidios, educación y protección animal en 2027.

Un solo artículo mal tramitado puso en jaque el Presupuesto General de la Nación para 2027, valorado en $634,9 billones. Abelardo de la Espriella celebró su aprobación en el Congreso, pero una diferencia entre los textos de Senado y Cámara impidió completar el procedimiento legislativo. Ahora, el Ejecutivo anunció que expedirá las cuentas nacionales mediante decreto.

La controversia amenaza con dejar por fuera recursos adicionales para salud, subsidios de servicios públicos, educación y protección animal. Las modificaciones incorporadas durante las plenarias no quedarían incluidas en el decreto anunciado por el Gobierno. El episodio desató críticas contra la coordinación entre el Ministerio de Hacienda y el Congreso, que discutieron el presupuesto hasta las últimas horas del plazo constitucional.

La Cámara de Representantes terminó su discusión cerca de las cuatro de la madrugada del martes 20 de octubre. El Senado había aprobado previamente su versión del proyecto. Aunque ambas corporaciones respaldaron el mismo monto global, la Cámara introdujo modificaciones al artículo 65 que no figuraban en el texto aprobado por los senadores, según confirmó la Secretaría General del Senado.

El artículo cuestionado contempla operaciones de cobertura para reducir riesgos fiscales relacionados con los precios del petróleo, los combustibles y la tasa de cambio. Una proposición retirada durante el debate del Senado terminó incorporada en la Cámara. Esa diferencia obligaba a realizar una conciliación y someter el texto unificado a votación antes del vencimiento del plazo legal.

La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, alertó sobre la irregularidad después de revisar los registros audiovisuales de las sesiones. El secretario general del Senado, Diego González, confirmó posteriormente que el artículo 65 había sido aprobado en esa corporación sin proposiciones. Su aclaración contradijo la versión inicial de que ambas cámaras habían acogido exactamente el mismo articulado.

La representante María Fernanda Carrascal también cuestionó el procedimiento. «El presupuesto del país no puede tramitarse a pupitrazo y a las carreras», afirmó. Según la congresista, la Cámara incorporó dos parágrafos que habían sido retirados en el Senado. Carrascal sostuvo que la diferencia exigía una conciliación que no se realizó antes del vencimiento del plazo establecido para aprobar el presupuesto.

El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, anunciaron que el presupuesto será expedido por decreto. Restrepo aseguró que el proyecto «no ha sido ni hundido ni tumbado por nadie» y explicó que regirá el texto aprobado en primer debate por las comisiones económicas, de acuerdo con el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto.

La decisión mantiene el monto de $634,9 billones, pero modifica el alcance de las asignaciones que habían sido negociadas posteriormente. En este contexto quedarían excluidos tres billones de pesos adicionales para aseguramiento en salud y otros tres billones destinados a subsidios de electricidad y gas, incluidos durante el debate legislativo.

También se ha advertido sobre la exclusión de $26.500 millones para esterilización de perros y gatos, $100.000 millones para subsidios de tasas de interés del Icetex y $7.000 millones destinados a programas sociales. Entre estos últimos se ha mencionado Colombia Mayor, Renta Ciudadana, Renta Joven y transferencias para personas con discapacidad. Son partidas cuya incorporación dependería de nuevas decisiones presupuestales.

Otra disposición que quedaría por fuera obligaba al Ministerio de Hacienda a informar trimestralmente sobre saldos y giros de fondos, fiducias y patrimonios autónomos, incluido el Fondo Milagro. La pérdida de ese artículo fue cuestionada por algunos congresistas debido a sus implicaciones para el seguimiento de recursos públicos. El Gobierno podría promover posteriormente mecanismos alternativos de información y control.

La Jurisdicción Especial para la Paz también quedó involucrada en la controversia. El texto aprobado en primer debate contemplaba un recorte de $170.000 millones para la JEP. Sin embargo, la reducción adicional de $11.402 millones aprobada posteriormente no se incorporaría al decreto. 

El expresidente Gustavo Petro cuestionó el proyecto y afirmó que reduce transferencias regionales para salud y educación, mientras contempla cinco billones de pesos para obligaciones relacionadas con las EPS. Esa interpretación forma parte de sus críticas políticas y requiere contrastarse con el articulado presupuestal. El debate también involucra el crecimiento del gasto público y las prioridades fiscales de la administración.

La discusión jurídica permanece abierta. La senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, sostuvo que la diferencia en un artículo no necesariamente invalida toda la ley y recordó antecedentes de la Corte Constitucional sobre correcciones de procedimiento. Sin embargo, el Ejecutivo optó por anunciar la expedición mediante decreto, sin esperar una eventual solución judicial que preserve las modificaciones de las plenarias.

El episodio deja interrogantes sobre la coordinación entre el Gobierno y las mayorías legislativas que respaldaron el proyecto. La Presidencia había celebrado inicialmente la aprobación como una muestra de respaldo político, pero terminó reconociendo que el procedimiento requería otra salida jurídica. La controversia exige aclarar responsabilidades y precisar cómo se garantizarán los recursos sectoriales que no quedaron incluidos. El error en el trámite demuestra la discordancia entre el Congreso y 

Con $634,9 billones comprometidos para 2027, el presupuesto sigue siendo el principal instrumento de financiación del Estado colombiano. El error legislativo no significa que el país vaya a quedarse sin presupuesto, pero sí altera las decisiones adoptadas durante su discusión. El desafío para De la Espriella y el Congreso será explicar las consecuencias y resolver las asignaciones pendientes.

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