Solo el 9 % de la Reforma Rural Integral estaba completamente ejecutado y Abelardo de la Espriella pidió retirar su seguimiento de la Misión de Verificación de la ONU. La solicitud fue presentada por el canciller Omar Bula ante el Consejo de Seguridad, precisamente cuando Colombia completa diez años desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016.
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La tierra prometida a los campesinos sigue pendiente y ahora su verificación internacional está en discusión. Apenas 72.880 hectáreas habían sido adjudicadas frente a una meta de tres millones, equivalente al 2,4 %. En ese escenario, el Gobierno propone que Naciones Unidas deje de verificar específicamente la implementación de la reforma rural.
La propuesta fue presentada el 12 de octubre de 2026 ante los 15 países miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Omar Bula Escobar, ministro de Relaciones Exteriores, explicó que el Gobierno desea conservar la Misión de Verificación, pero concentrar sus funciones en la reincorporación de antiguos integrantes de las Farc y las garantías de seguridad.
El cambio solicitado afecta directamente al punto uno del Acuerdo Final de Paz, firmado en 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las antiguas Farc. Ese componente busca transformar las condiciones del campo mediante acceso a tierras, formalización de la propiedad, infraestructura rural, desarrollo productivo y mejores oportunidades para las comunidades históricamente afectadas por la violencia.
Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella pidió eliminar la reforma rural integral del mandato de la Misión de Verificación al Acuerdo de 2016. Según manifestó el canciller, Omar Bula, ese punto "tiene una naturaleza distinta". Además, solicitó que la Misión focalice sus labores en "la reincorporación y las garantías de seguridad están directamente vinculadas con la transición de los antiguos integrantes de las FARC-EP hacia la vida civil". En el pleno del Consejo de Seguridad países como Francia, Rusia, Panamá e incluso Estados Unidos respaldaron la continuidad del proceso y los logros que se han conseguido tras una década de su firma. Por otro lado, Dinamarca pidió que se mantenga el mandato de la Misión sobre el punto de la reforma rural integral.
— El Espectador (@elespectador) October 12, 2026
La Reforma Rural Integral fue incorporada expresamente al mandato de la Misión de Verificación en 2023, durante el gobierno de Gustavo Petro. Tres años después, la administración de Abelardo de la Espriella pretende retirar ese componente de la supervisión específica de Naciones Unidas, aunque asegura que mantendrá las obligaciones nacionales e internacionales relacionadas con su implementación.
El canciller defendió la solicitud afirmando que la reforma rural «tiene una naturaleza distinta» frente a los compromisos de reincorporación y seguridad. Según su explicación, las políticas de acceso a la tierra y desarrollo campesino requieren instituciones permanentes del Estado, por lo que considera que su seguimiento debe trascender la duración de una misión internacional extraordinaria.
Sin embargo, las cifras disponibles explican la preocupación de quienes cuestionan la propuesta. De acuerdo con un informe del Instituto Kroc, para noviembre de 2025 solamente el 9 % de las disposiciones de la Reforma Rural Integral había alcanzado una ejecución completa. Otro 20 % registraba avances intermedios y el 67 % permanecía en un nivel mínimo.
La distancia entre las metas y los resultados también aparece en la adjudicación de tierras. Según cifras de la Agencia Nacional de Tierras, se habían adjudicado 72.880 hectáreas de una meta de tres millones. Esa cantidad representa apenas el 2,4 % del objetivo, aunque debe distinguirse de otras modalidades de acceso y formalización de predios.
UNA SOLICITUD SORPRENDENTE E INEXPLICABLE ——-__________ Hoy en el consejo de seguridad de Naciones Unidas, el canciller colombiano solicitó las prorroga de la comisión de verificación de los acuerdos de paz para colombia, pero solicitando que se excluyera de su mandato la verificación del cumplimiento de los acuerdos sobre desarrollo rural ( punto 1 de los acuerdos de 2016). Solicitud sorprendente e inexplicable: los acuerdos sobre desarrollo rural no son en beneficio de las FARC sino de las gentes de la ruralidad colombiana ; hacen parte del bloque de constitucionalidad de nuestro país;y son, también probablemente lo más importantes de los acuerdos de paz de 2016 Esta petición de nuestra cancillería denota, por lo tanto, una displicencia inexplicable del actual gobierno sobre el desarrollo de la ruralidad ( que requiere una visión independiente como La del comité de supervisión de la ONU) para auditar su implementación,sino que constituye la más importante de las funciones encomendadas al comité del consejo de seguridad de las Naciones Unidas al proceso de paz de Colombia. La lenta y deficiente implementación de los acuerdos de paz que trae el desarrollo rural requiere, para su corrección, de una voz independiente que les haga un seguimiento. Esa voz es, entre otras, la del comité de seguimiento del consejo de seguridad de la ONU. Una verdadera lástima lo que ha sucedido hoy en NY.
— Juan Camilo Restrepo (@RestrepoJCamilo) October 12, 2026
Las estadísticas evidencian el preocupante contexto en el que la nueva administración solicita modificar el seguimiento internacional. La discusión consiste en determinar si retirar esa supervisión facilitará la implementación o reducirá los mecanismos independientes para examinar sus resultados.
Uno de los cuestionamientos más contundentes provino del exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, quien calificó la solicitud como «sorprendente e inexplicable». Restrepo recordó que los compromisos rurales no fueron concebidos exclusivamente para beneficiar a los antiguos integrantes de las Farc, sino para responder a las necesidades de millones de habitantes del campo colombiano.
«Los acuerdos sobre desarrollo rural no son en beneficio de las FARC sino de las gentes de la ruralidad colombiana», escribió Restrepo en X. El exfuncionario sostuvo que el seguimiento independiente de Naciones Unidas resulta fundamental precisamente porque la implementación de los compromisos agrarios ha sido lenta y presenta dificultades estructurales que requieren vigilancia constante.
El exjefe negociador del Acuerdo de Paz, Humberto de la Calle, también cuestionó la posición del Gobierno. De la Calle advirtió que presentar la institucionalidad existente como garantía suficiente para ejecutar la reforma desconoce los obstáculos históricos que han impedido transformar la estructura de propiedad y las condiciones de vida rurales.
El expresidente Gustavo Petro también reaccionó con críticas aún más fuertes. El expresidente sostuvo que la solicitud del Gobierno favorece que las tierras acumuladas mediante violencia y actividades ilegales no sean redistribuidas entre los campesinos.
Que el gobierno de extrema derecha de Abelardo diga ante la ONU que la paz “nunca existió” es una mentira infame que pisotea a las víctimas, al campesinado y a todos los que creemos en la paz. Ganaron una elección por solo el 0,29% en territorio nacional; eso no significa que hayan ganado el monopolio de la verdad. Sacar a la ONU de la Reforma Rural dizque por “soberanía” es puro cinismo. Usan el cuento de la independencia solo para no entregarle tierra a los campesinos y frenar la titulación, cuando al mismo tiempo no son tan independientes ni soberanos para buscar al Fondo Monetario Internacional y abrirles las puertas de par en par, sin darnos una sola explicación, a tropas de Estados Unidos e Israel. De las cosas que más indigna es el silencio, la cara cobarde de ciertas élites centralistas de Bogotá que en 2016 se peleaban por salir en la foto con Santos y posar con la paloma en el pecho, solo para figurar en cócteles y asegurarse puestos. La paz para ellos siempre fue una pose. Hoy, cuando este gobierno de extrema derecha dinamita el corazón del acuerdo, miran para otro lado y no dicen ni una sola palabra. Eso no es ninguna clase de patriotismo, por más que abusen diciendo esa palabra, es pura traición a Colombia y a los principios de nuestro Estado social de derecho.
— Andrés Sampayo (@asampayo) October 12, 2026
A las críticas se sumaron la exembajadora Arlene Tickner y el exministro de Minas Andrés Camacho. Tickner cuestionó el alcance del compromiso gubernamental con la implementación, mientras Camacho destacó que las reformas agrarias pueden contribuir al crecimiento económico, la reducción de la pobreza rural y el aumento de la productividad agrícola cuando cuentan con una adecuada planificación.
Omar Bula afirmó que Colombia continuará cumpliendo sus obligaciones jurídicas y que la propuesta fue coordinada con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, encabezado por Indalecio Dandong Baquero. La principal consigna utilizada por el canciller fue «Sin seguridad no hay paz». Bula argumentó que la violencia persistente obliga a concentrar esfuerzos en la protección de las comunidades y de los firmantes del acuerdo.
La discusión sobre seguridad y reforma rural, sin embargo, no necesariamente enfrenta objetivos incompatibles. La transformación del campo también busca reducir las condiciones económicas y territoriales que favorecen la expansión de economías ilegales. Esa relación fue destacada por Dinamarca durante la sesión del Consejo de Seguridad, al defender la continuidad de los compromisos de desarrollo rural.
La representación danesa sostuvo que la aplicación de la reforma seguirá contribuyendo a la paz y la seguridad mediante el fortalecimiento del desarrollo económico y la reducción de condiciones que sostienen actividades ilícitas. Su intervención reflejó una posición diferente a la solicitud colombiana, aunque compartió el respaldo general a la continuidad de la Misión de Verificación.
El jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas, Miroslav Jenča, también intervino en la discusión. El representante destacó la importancia de continuar implementando integralmente el Acuerdo de Paz y reconoció dificultades relacionadas con la seguridad y otros compromisos pendientes. Su intervención subrayó la necesidad de precisar cómo se ejecutarán las prioridades anunciadas por el Gobierno colombiano.
Esto es el colmo. El Canciller pidió sacar la Reforma Rural Integral de la Misión de Verificación de la ONU. Primero buscaron borrar al campesinado, con esto confirman que su apuesta no es por el minifundio y el pequeño productor, es por el latifundio.
— Mar Pizarro (@delmarpizarro) October 13, 2026
En el Consejo de Seguridad también participaron las delegaciones de China, Francia, Reino Unido y Panamá, entre otros países. Hubo respaldo general a la continuidad de la Misión, aunque diferencias sobre el alcance de su mandato. Más de 11.000 firmantes del acuerdo han completado procesos de reincorporación a la vida civil, uno de los resultados destacados durante la sesión.
La propuesta de Abelardo de la Espriella todavía no constituye una decisión de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad deberá resolverla antes del 31 de octubre, cuando vence la vigencia actual del mandato. Reino Unido tendrá a su cargo la preparación de una resolución que será sometida a consideración de los integrantes del organismo internacional.
La controversia tiene además un antecedente político. Abelardo de la Espriella fue promotor del voto por el No en el plebiscito de 2016, cuando los colombianos se pronunciaron sobre el Acuerdo de Paz. Diez años después, desde la Presidencia, propone modificar el alcance de uno de los mecanismos internacionales encargados de verificar su implementación.
Para los campesinos que todavía esperan acceso a tierras, formalización de sus predios y mejores condiciones de vida, el debate va más allá de una modificación administrativa. La cuestión central es cómo garantizar que los compromisos adquiridos por el Estado continúen siendo medibles, verificables y exigibles, especialmente cuando sus niveles de cumplimiento siguen siendo bajos.
El Gobierno insiste en que la reforma continuará bajo responsabilidad de las instituciones colombianas. Sus críticos, en cambio, consideran que retirar la supervisión específica de la ONU podría debilitar un mecanismo independiente de seguimiento. La decisión final dependerá del Consejo de Seguridad y determinará qué papel tendrá Naciones Unidas en la vigilancia de la transformación rural durante la siguiente etapa del acuerdo.
