Una bomba aturdidora estalló a los pies de Marcela Portilla cuando registraba la intervención policial contra manifestantes frente al Museo Nacional de Colombia. La creadora de contenido aseguró que un agente del Esmad lanzó el artefacto en su dirección y que la explosión le provocó lesiones en la pierna derecha. La atención médica posterior le dejó una incapacidad.
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El caso pone bajo cuestionamiento el uso de la fuerza durante las protestas contra Abelardo de la Espriella. Portilla afirma que estaba grabando el procedimiento como integrante de la prensa alternativa cuando ocurrió la explosión. Su testimonio, acompañado de publicaciones en redes sociales y el documento médico, plantea cuestionamientos y críticas sobre la actuación de los uniformados y la protección de quienes protestan pacíficamente y de quienes documentan las manifestaciones.
Estábamos grabando como prensa alternativa y al lado de @MafeCarrascal este procedimiento y ven me lanzaron una aturdidora a los pies. Yo diciéndoles que vamos a estar para ellos y por ellos peleando por sus derechos y vean lo que nos hacen, que tristeza. https://t.co/hKlXa2bUvS
— Marce Portilla ♥️ (@nometiente2) October 18, 2026
«Me estallaron una aturdidora en el pie después de decirles a los policías que a pesar de todo nosotros íbamos a pelear por los derechos de ellos también», relató Portilla. La comunicadora pidió ayuda para identificar al uniformado que, según su versión, lanzó el dispositivo. También publicó imágenes en las que asegura que puede distinguirse su número de identificación.
La creadora de contenido describió el instante de la explosión en otra publicación. «El reflejo del estallido en el escudo y después el humo entre mis piernas, estoy casi ilesa de milagro», escribió. Portilla sostiene que se encontraba cerca de la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal mientras registraba el procedimiento.
Después de recibir atención médica, Portilla explicó que la explosión le ocasionó inflamación y lesiones en tejidos blandos. «El médico me dijo que me salvó el pantalón de dril y que el tenis me sostuvo el tobillo», afirmó. También confirmó que recibió dos días de incapacidad. Según su relato, el profesional le advirtió sobre las posibles consecuencias óseas de una explosión cercana.
El registro clínico corresponde a una atención del 18 de octubre de 2026, a las 9 y 51 de la noche. Allí se consigna el relato de una paciente de 43 años que manifestó haber sufrido el impacto de una bomba aturdidora durante la protesta. El documento describe dolor de intensidad siete sobre diez, inflamación y dificultades al apoyar el pie derecho.
Las manifestaciones del 17 y 18 de octubre surgieron como respuesta al retiro de más de 30 piezas del Museo Nacional, una decisión del Gobierno de De la Espriella que provocó denuncias de censura. Entre los objetos desmontados había materiales relacionados con movimientos feministas, comunidades LGBTIQ+, víctimas de la violencia política y el Acuerdo de Paz firmado en 2016.
Unidades antidisturbios utilizaron tanquetas con agua a presión para dispersar a los manifestantes sobre la carrera Séptima. La intervención ocurrió pocos días después de que la Policía restableciera el Esmad mediante la creación de la Unidad Nacional Antidisturbios, el 13 de octubre. El Gobierno también había expedido nuevas disposiciones sobre la actuación policial durante las protestas.
La controversia se extendió a otros sectores de Bogotá. La representante María Fernanda Carrascal denunció actuaciones intimidatorias de uniformados durante una manifestación contra la gentrificación en el barrio La Perseverancia. «No pueden intimidar a la gente, no pueden empujar a la gente», afirmó. La congresista pidió la intervención de las autoridades competentes y cuestionó el despliegue policial frente a participantes que describió como pacíficos.
La ministra de Cultura, Paola Holguín, respaldó la actuación policial y cuestionó a los organizadores de las protestas por supuestos actos de agresión. Estas afirmaciones contrastan con las denuncias de participantes que aseguran haber sufrido intervenciones desproporcionadas.
El caso de Portilla plantea una cuestión distinta al debate sobre los bloqueos. Incluso cuando existen alteraciones del orden público, el empleo de dispositivos antidisturbios debe responder a criterios de necesidad, proporcionalidad y protección de las personas. Determinar por qué el artefacto fue lanzado directamente contra la comunicadora exige examinar las grabaciones, identificar al uniformado y establecer las circunstancias del procedimiento y las medidas sancionatorias contra el mismo.
La denuncia también abre interrogantes sobre las garantías para el ejercicio del periodismo ciudadano. Portilla asegura que estaba documentando la intervención policial y no participando en una agresión contra los agentes. Sus publicaciones solicitan la identificación del presunto responsable y la intervención de organismos de control.
De la Espriella enfrenta así cuestionamientos adicionales por el retiro de contenidos del Museo Nacional y por la respuesta policial a las protestas. La lesión denunciada por Portilla exige una investigación que esclarezca lo ocurrido, establezca responsabilidades y determine cómo se aplicaron los protocolos. El derecho a manifestarse y la protección de quienes registran actuaciones oficiales forman parte central de esa discusión.
