¡Seis museos, ICOM, la Javeriana y la Universidad Nacional se rebelan contra Abelardo y rechazan el retiro de más de 30 piezas del Museo Nacional!

Seis museos de arte moderno, universidades y organizaciones culturales cuestionaron a Abelardo de la Espriella por retirar más de 30 piezas del Museo Nacional. Denuncian censura, violencia simbólica y amenazas a la autonomía institucional. La ministra Paola Holguín enfrenta exigencias de explicaciones, mientras crecen las protestas ciudadanas.

La ofensiva cultural de Abelardo de la Espriella y la ministra Paola Holguín provocó una fuerte reacción de seis museos de arte moderno de Colombia, que denunciaron el retiro de más de 30 piezas del Museo Nacional por posibles motivos ideológicos. Entre los objetos desmontados aparecen símbolos del Acuerdo de Paz, testimonios de las luchas LGBTIQ+ y recuerdos de candidatos presidenciales asesinados. Las instituciones exigieron frenar cualquier intento de imponer una versión oficial de la historia.

La indignación se extendió a las universidades y organismos especializados. La Facultad de Artes de la Universidad Javeriana calificó el desmonte como un ejercicio de «violencia simbólica», mientras la Maestría en Museología de la Universidad Nacional denunció el silenciamiento de memorias. El Consejo Internacional de Museos (ICOM) advirtió sobre señales de autoritarismo y posibles vulneraciones de su Código de Ética, aumentando los cuestionamientos por una presunta censura gubernamental.

El Museo de Arte Moderno de Bogotá, el de Medellín, Barranquilla, Cartagena y Tolima, junto con el Museo Rayo, firmaron una declaración conjunta contra el retiro de piezas por razones ideológicas. Las seis instituciones defendieron la responsabilidad de los museos de conservar testimonios históricos, incluso cuando representan acontecimientos dolorosos, conflictos políticos o experiencias que incomodan a determinados sectores.

«Ningún gobierno debería decidir qué podemos ver de nuestra historia según sus afinidades políticas», advirtieron las instituciones. También señalaron que retirar obras y objetos de memoria empobrece la comprensión colectiva del país. Su pronunciamiento exigió a la ministra Paola Holguín, hija de uno de los presuntos testaferros de Pablo escobar, garantizar la autonomía de los museos y promover una revisión pública, sustentada y participativa de las decisiones.

El Consejo Internacional de Museos en Colombia, ICOM, también cuestionó el procedimiento. La organización, que agrupa a más de 16 instituciones artísticas, advirtió que las decisiones gubernamentales provocaron «confusión, sensación de inestabilidad, autoritarismo e irrespeto por la libertad de expresión». Además, alertó sobre el temor a nuevas intervenciones similares en otras instituciones culturales.

ICOM señaló que el desmonte compromete principios contemplados en su Código de Ética, especialmente la independencia profesional de los museos y su responsabilidad de combatir la discriminación. La organización también respaldó el trabajo del personal encargado de conservar las colecciones. Su cuestionamiento se concentró en la intervención política sobre los contenidos, no en el cuidado material de los objetos.

La Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana se sumó al rechazo mediante un comunicado en defensa de los procesos curatoriales. La institución cuestionó el retiro de piezas de las salas Hacer sociedad, Memoria y Nación y Fuerza, fe y sustancia. También advirtió que estas decisiones afectan la legitimidad institucional y desconocen años de investigación museológica.

«La censura de las salas del Museo no es un medio para sanar heridas», afirmó la Facultad de Artes. En el mismo pronunciamiento calificó el desmonte sin el debido proceso como «un ejercicio de violencia simbólica del Gobierno Nacional a la ciudadanía». La universidad defendió la autonomía de las instituciones culturales y el reconocimiento constitucional de la diversidad colombiana.

La Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional también rechazó la exclusión de contenidos. Según informó Semana, sus docentes y académicos consideraron que retirar testimonios por razones ideológicas constituye una afrenta contra los museos como espacios de investigación y reflexión crítica. La comunidad académica defendió la presencia de relatos históricos diversos, incluso cuando resultan contradictorios.

Las críticas surgieron después del desmonte realizado el jueves 15 de octubre, cuando De la Espriella anunció su denominada contrarrevolución cultural. Entre los objetos retirados estaban una bandera del orgullo gay perteneciente a Elizabeth Castillo, materiales sobre movimientos feministas, afiches de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro, y testimonios de la violencia política colombiana.

También fueron retirados el Balígrafo relacionado con la firma del Acuerdo de Paz de 2016 y un tarjetón de la Séptima Papeleta, movimiento que impulsó la Constituyente de 1991. Se informó además sobre la ausencia de piezas de Antonio Caro y Luis Caballero, así como de la camiseta utilizada por Lucho Herrera al ganar la Vuelta a España de 1987.

La polémica adquirió otra dimensión durante las protestas del fin de semana. Unidades antidisturbios utilizaron vehículos con chorros de agua contra manifestantes. En redes también se ha denunciado restricciones para fotografiar el interior del museo. Esos señalamientos añadieron preguntas sobre las garantías para protestar y documentar las modificaciones realizadas.

El Museo Nacional, fundado en 1823, conserva más de 2.000 obras y objetos históricos, arqueológicos y culturales. En 2024 recibió cerca de medio millón de visitantes. Su importancia explica el alcance de las reacciones institucionales, que reclaman preservar una representación plural de la historia y evitar que los cambios de Gobierno determinen unilateralmente los relatos exhibidos.

Las organizaciones culturales y académicas exigen explicaciones sobre los criterios utilizados, la participación de los comités curatoriales y el destino de las piezas retiradas. Los museos y universidades advierten que las decisiones ideológicas pueden comprometer la independencia institucional y la memoria colectiva.

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