El ministro del Interior de Abelardo de la Espriella, Alejandro Ordóñez, recibió un contundente llamado de atención de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz después de aprovechar una audiencia sobre seguridad de excombatientes para cuestionar la legitimidad del tribunal. El magistrado Gustavo Salazar interrumpió su discurso y le recordó que había sido convocado para responder por las garantías de protección.
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La tensión aumentó cuando Salazar calificó de mala educación que el ministro pusiera en duda la legitimidad de la JEP durante una diligencia dedicada a proteger la vida de los firmantes del Acuerdo de Paz. El enfrentamiento elevó los cuestionamientos para la administración de De la Espriella, cuyo ministro terminó recibiendo un llamado de atención.
El choque ocurrió el 12 de noviembre, durante una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares de protección para los firmantes del Acuerdo Final de Paz. Ordóñez, reconocido opositor del proceso firmado en 2016 durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, comenzó su intervención cuestionando los resultados de la justicia transicional y sus compromisos con las víctimas.
Alejandro Ordoñez llegó a generar dudas sobre la legitimidad de la JEP y lo pararon en seco. https://t.co/FlQ5gTpZUz
— Jacobo Solano (@JACOBOSOLANOC) November 12, 2026
“Después de 10 años de firmado el acuerdo y de haber prometido en su momento quienes lo suscribieron que no habría impunidad, que no habría repetición de la barbarie, que habría reparación real a las víctimas, además de verdad y desmantelamiento de los negocios ilícitos, el gran desafío que tiene la JEP tiene que ver con su legitimidad”, afirmó Ordóñez.
La respuesta del magistrado Gustavo Salazar fue inmediata. “Señor ministro Ordóñez, no vinimos a discutir la legitimidad de la JEP”, le manifestó antes de solicitarle que se concentrara en las medidas de protección. El funcionario judicial consideró que el ministro estaba desviando la discusión hacia cuestionamientos institucionales que no correspondían al propósito de la convocatoria ni a las obligaciones examinadas.
Salazar fue todavía más contundente al reprochar el comportamiento del jefe de la cartera política. “Me parece, entre otras, de mala educación venir a poner en duda la legitimidad de la JEP. Entonces le pido que se atenga a lo pertinente a la presente audiencia”, expresó. Sus palabras marcaron uno de los momentos más tensos de la diligencia.
Para reflexionar: ¿A quiénes no les sirve la paz? ¿A quiénes les afecta que se sepa la verdad? ¿A quiénes les incomoda la JEP? ¿A quiénes no les conviene la reforma agraria, el desarrollo del campo y la democratización de la tierra? ¿Por qué ahora pretenden matricular a la tipa de los chocorramos, como experta en conflio colombiano, procesos de paz y justicia? https://t.co/HKId7rdxkG
— Gata en el tejado🐈⬛ (@ThomasitaD) November 13, 2026
Ordóñez intentó reaccionar cuestionando la interrupción. “Señor magistrado, usted no me ha permitido terminar. Le pido a usted también el debido respeto”, respondió el ministro. La magistrada Reinere Jaramillo Chaverra intervino para permitirle concluir su exposición, recordándole que las intervenciones debían ajustarse a los cuestionarios y asuntos establecidos previamente para la audiencia únicamente.
La controversia resulta especialmente significativa porque el Ministerio del Interior tiene responsabilidades concretas frente a las garantías de seguridad y la articulación institucional para proteger a los firmantes de paz. Los magistrados buscaban examinar el cumplimiento de esas obligaciones, en un contexto de amenazas provenientes de organizaciones armadas que disputan territorios y economías ilegales en distintas regiones del país.
Durante su exposición, Ordóñez presentó cifras de la Unidad Nacional de Protección. El ministro aseguró que hasta septiembre se habían implementado 699 esquemas individuales y colectivos mediante la subdirección especializada. También señaló que durante 2025 se ejecutaron $294.742 millones, datos con los que defendió la necesidad de evaluar rigurosamente las medidas de seguridad otorgadas.
🚨ATENCIÓN🚨 Recusamos a Enrique Gómez, quien parece confundir el Congreso con la sala de su casa: pretende debilitar la JEP mientras mantiene un interés familiar en uno de los casos que esta jurisdicción investiga. Primero, impulsó el recorte de $170 mil millones a la JEP con complicidad de su hermano ministro y ahora quiere acabarla en 2028 mediante acto legislativo. Al senador se le olvida que el Congreso de la República no está servicio de intereses familiares ni de agendas personales.
— Ariel Ávila (@ArielAnaliza) November 10, 2026
Sin embargo, el funcionario acompañó sus explicaciones con una declaración que también generó controversia. “En este gobierno se acaba la feria de los esquemas de seguridad”, sostuvo. Ordóñez argumentó que las medidas deben responder a evaluaciones de riesgo y no convertirse en beneficios permanentes o indiscriminados, una posición que plantea interrogantes sobre cómo garantizará el Ejecutivo la protección efectiva de quienes enfrentan amenazas.
El ministro también aseguró que los esquemas de protección resultan insuficientes cuando persisten las organizaciones criminales. “No hay carros ni chalecos que alcancen”, manifestó. Aunque combatir las estructuras armadas es una responsabilidad estatal, el planteamiento no elimina la obligación de adoptar medidas individuales y colectivas para proteger a quienes firmaron el acuerdo y continúan expuestos a riesgos.
Ordóñez terminó reconociendo expresamente el carácter constitucional de la jurisdicción que había cuestionado. “Finalmente, la Jurisdicción Especial para la Paz es legal, es constitucional, tampoco hay discusión”, afirmó. También aseguró que el Gobierno está dispuesto a coordinar esfuerzos territoriales para garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el cumplimiento de las sanciones propias impuestas por el tribunal.
La inteligencia militar creó una lista de 2.624 nombres, llamada "UP-FARC" para perfilar y exterminar a militantes de la Unión Patriótica, entre 1985 y 1993. Algunos de ellos fueron asesinados después. En este video exponemos los detalles de este hallazgo de la JEP. https://t.co/pDB0AViV8q
— Vorágine (@VoragineCo) November 12, 2026
El enfrentamiento volvió a poner sobre la mesa las tensiones entre la administración de Abelardo de la Espriella y las instituciones encargadas de implementar el Acuerdo de Paz. La JEP tiene la responsabilidad de investigar y juzgar graves crímenes del conflicto, pero también necesita que las entidades estatales cumplan sus obligaciones para garantizar la seguridad de comparecientes y firmantes.
La intervención de Gustavo Salazar y Reinere Jaramillo dejó una posición institucional clara. Las diferencias políticas sobre el Acuerdo de Paz no pueden desplazar el seguimiento judicial a las garantías de seguridad. Ordóñez, quiera o no, esté de acuerdo o no, debe cumplir con el mandato constitucional.
