El senador Jota Pe Hernández pretendía imponer una nueva multa a los colombianos que acabaran de obtener su licencia de conducción, pero su propuesta encontró resistencia en la Cámara de Representantes. Hernán Muriel Pérez, congresista del Pacto Histórico por Antioquia, logró modificar la iniciativa para reemplazar el castigo económico por obligaciones pedagógicas destinadas a fortalecer la seguridad vial.
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La controversia gira alrededor de una sanción equivalente a cuatro salarios mínimos diarios para quienes no llevaran una letra A de aprendiz en sus vehículos. Muriel cuestionó que la respuesta a los problemas de movilidad fuera imponer otro cobro a los ciudadanos. El cambio anunciado en la Comisión Sexta representa un revés para el componente sancionatorio de la propuesta de Hernández. “No más cargas financieras contra las personas” llamó la atención el Representante.
El proyecto, identificado en su versión de 2026 con el número 099 de Cámara, busca establecer un distintivo obligatorio para quienes obtienen por primera vez su licencia. La iniciativa contempla identificar automóviles y motocicletas durante el primer año de conducción, de manera que otros actores viales puedan reconocer a las personas con menor experiencia y adoptar mayores precauciones.
¡LOGRAMOS IMPEDIR QUE JOTA PE LE PUSIERA UNA NUEVA MULTA A LOS COLOMBIANOS! Lo mejor es que ya Jota Pe nos tiene que tratar de igual a igual, con respeto, escuchando nuestras ideas y viéndose obligado a incluirlas en sus proyectos. Quería, desde una mirada punitivista, ponerle una nueva multa a las personas que recién sacan su pase de conducción, y nosotros lo transformamos en obligaciones pedagógicas para mejorar la cultura vial de Colombia. NO más cargas financieras contra las personas. Y miren la coherencia de los congresistas: esperamos que así voten en plenaria contra la reforma tributaria.
— Hernán Muriel (@Hernan_MurielP) November 17, 2026
El aviso debería incluir una letra A visible en las partes delantera y trasera del vehículo. El Ministerio de Transporte tendría seis meses, contados desde la sanción de la eventual ley, para reglamentar aspectos como el tamaño, color, forma y ubicación del distintivo obligatorio.
El punto más discutido era la multa prevista para quienes incumplieran esa obligación. El texto original contemplaba una sanción de cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes, mediante una modificación al artículo 131 del Código Nacional de Tránsito. La medida habría convertido la ausencia de una identificación visual en una infracción económica adicional para conductores recién licenciados.
Muriel celebró públicamente el cambio mediante un mensaje publicado en X. “Logramos impedir que Jota Pe le pusiera una nueva multa a los colombianos”, afirmó el representante. También sostuvo que Hernández tuvo que escuchar sus propuestas e incorporarlas al proyecto. La declaración reflejó las diferencias políticas entre ambos congresistas, Para Muriel la prioridad son los conductores y el ejercicio pedagógico, no cargar y castigar a las personas.
El representante antioqueño explicó que su propuesta buscaba sustituir la sanción por herramientas educativas. Según Muriel, el proyecto partía de una mirada punitivista que podía corregirse mediante obligaciones pedagógicas. El cambio mantiene como objetivo mejorar la cultura vial, pero evita que el incumplimiento de la identificación para principiantes se traduzca automáticamente en una nueva carga económica.
La discusión también involucra el propósito original del proyecto en términos de la identificación de conductores novatos como una herramienta preventiva frente a los accidentes de tránsito. Su argumento consiste en advertir a otros usuarios de las vías que una persona está comenzando su experiencia al volante, especialmente durante los primeros doce meses.
Sin embargo, identificar a los conductores principiantes y sancionarlos económicamente son decisiones diferentes. El debate legislativo plantea si una multa adicional resulta necesaria para conseguir el objetivo de seguridad vial. Muriel considera que la formación puede ofrecer una alternativa, aunque todavía será importante conocer cómo quedarían reglamentadas las obligaciones pedagógicas y qué mecanismos garantizarían su cumplimiento.
El contexto de las sanciones de tránsito también alimenta esta discusión. El Concejo de Bogotá informó el 13 de noviembre sobre hallazgos de la Contraloría relacionados con 503 comparendos cuyos destinatarios fueron exonerados por deficiencias en los procedimientos. También reportó más de $966 millones pagados en grúas y patios por ciudadanos posteriormente declarados no infractores. Estos hallazgos de tránsito en Bogotá permiten dimensionar por qué los nuevos cobros generan preocupación entre los conductores.
Muriel aprovechó el resultado legislativo para reclamar coherencia a sus colegas frente a la discusión de la reforma tributaria. El representante pidió que quienes respaldaron la eliminación de la multa mantengan una posición similar ante otras medidas económicas. Su mensaje vinculó el debate de movilidad con una discusión más amplia sobre las cargas financieras que asumirán los ciudadanos con las medidas que pretende tomar la administración de De la Espriella.
El proyecto todavía debe completar las etapas correspondientes antes de convertirse en una obligación para los conductores. Por ahora, la controversia deja dos posiciones identificables, la propuesta sancionatoria impulsada originalmente por Jota Pe Hernández y la alternativa pedagógica defendida por Hernán Muriel.





