¡Mientras miles de escuelas esperan reconstrucción tras el terremoto, la Ministra de Educación de Abelardo pide que le recorten $386.173 millones del presupuesto educativo!

La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, solicitó recortar $386.173 millones del presupuesto de inversión educativa, pese a las necesidades de reconstrucción tras el terremoto. Docentes y congresistas cuestionan una austeridad que podría afectar programas escolares, formación docente y educación superior, mientras el Abelardo de la Espriella defiende el ajuste fiscal.

La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, solicitó quitarle $386.173 millones al presupuesto de inversión de su propia cartera, en un país que todavía enfrenta las consecuencias del terremoto de agosto y que también está sufriendo un aumento en la reclutación de menores para la guerra. Las decisiones de esta administración han desatado fuertes cuestionamientos por las necesidades de infraestructura educativa y el posible impacto sobre programas dirigidos a estudiantes y docentes.

Lo más polémico es que la ministra presenta el recorte como un ejercicio de responsabilidad fiscal, pero las cifras denunciadas por congresistas y representantes del magisterio apuntan a programas directamente relacionados con la calidad educativa. Se ha advertido que podrían reducirse recursos para dignificación docente, jornada escolar y educación superior, precisamente cuando numerosas comunidades necesitan fortalecer sus instituciones educativas.

Hoyos solicitó al Ministerio de Hacienda reducir $386.173 millones del presupuesto de inversión correspondiente a 2026. De esa cantidad, $13.341 millones ya fueron recortados mediante el Decreto 1585, mientras otros $372.832 millones quedaron pendientes de una modificación presupuestal posterior. La cartera también identificó $11.726 millones adicionales cuya incorporación al ajuste todavía requiere aclaraciones.

La decisión genera especial preocupación por las necesidades de reconstrucción educativa posteriores al terremoto del 10 de agosto, que dejó graves daños materiales en distintas comunidades. Esta situación plantea preguntas sobre las prioridades presupuestales del Gobierno nacional. Congresistas han cuestionado duramente la medida advirtiendo sobre sus posibles consecuencias. El ajuste contempla quitar más de $7.100 millones a dignificación docente, más de $3.000 millones a jornada escolar y $2.590 millones al aseguramiento de la calidad de la educación superior. 

El exministro de Educación Daniel Rojas Medellín rechazó la decisión y la calificó como un “atentado sin precedentes contra la niñez y la juventud”. Según Rojas, el ajuste debilitaría programas destinados a prevenir el reclutamiento de menores, mejorar la calidad educativa, garantizar la terminación del bachillerato y ampliar la cobertura y gratuidad para estudiantes de menores ingresos.

Las advertencias también llegaron desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Martha Alfonso, integrante de la dirección de Fecode, aseguró que desde octubre había alertado sobre posibles recortes que implicarían cancelar nueve proyectos. También mencionó otros siete programas en riesgo, entre ellos iniciativas relacionadas con el ascenso y la reubicación salarial de docentes vinculados bajo el Decreto 1278.

La controversia también está relacionada con la denominada Operación Rescate de Abelardo de la Espriella. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, presentó una estrategia que contempla reducir cerca de $23 billones del gasto estatal. En ese contexto, el Ministerio de Educación aparece entre las entidades que buscan contribuir al ajuste, pero preocupan los programas afectados más siendo una cartera tan prioritaria luego de las afectaciones por el terremoto y por el aumento de la violencia en diferentes territorios.

La discusión resulta especialmente sensible porque la educación pública depende de inversiones sostenidas para mejorar infraestructura, ampliar oportunidades y atender poblaciones vulnerables. Los cuestionamientos de Rojas y Fecode muestran que el debate no puede limitarse a presentar cifras de ahorro. También debe establecerse qué proyectos perderán financiación, cuáles continuarán y cómo se garantizará el cumplimiento de las metas educativas. El país lo que  necesita es reconstruir infraestructura escolar y ampliar oportunidades.

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