En medio de un domingo que prometía ser una fiesta democrática, lo que se vivió fue un caos monumental que deja temblando la legitimidad del proceso. En múltiples regiones del país, miles de colombianos quedaron suspendidos entre la encrucijada del derecho al voto y la incompetencia organizada de quienes debieron garantizarlo.
Le puede interesar: ¡La revolución digital y el activismo en las regiones arrasó en las urnas! Wally, Lalis, Hernán Muriel y Daniel Monroy, se meten al Congreso con votaciones históricas
Le puede interesar: ¡La dupla que hará temblar al Congreso! Walter Rodríguez y Laura Beltrán van con todo este 26 de octubre por el voto de los bogotanos y Colombia entera
Desde primeras horas de la mañana, ciudadanos, comunidades indígenas, lideresas sociales y el propio presidente Gustavo Petro comenzaron a denunciar con indignación una serie de irregularidades que no pueden ser calificadas como simples fallas técnicas: reducción masiva de mesas, reubicación arbitraria de puestos de votación sin aviso alguno, desbordes en las filas, ausencia de insumos esenciales y apagones informativos que dejaron en tinieblas el sistema electoral.
Petro no se guardó nada: “Desastre de la Registraduría, de su programa de sistemas que se cae o lo sabotean, deja sin votar a la ciudadanía. Incumplieron: eran 13.000 puestos y hay 9.000”, espetó el mandatario en su cuenta de X, denunciando un castigo contra quienes intentaban acudir a las urnas para expresarse en el proceso interno.
Desastre de la registraduría, de su programa de sistemas que se cae o lo sabotean, deja sin votar a la ciudadanía, incumplieron eran 13.000 puestos y hay 9.000.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 26, 2025
Pero la gente sale en avalancha a votar por la democracia y la Paz de Colombia
En Tumaco (Nariño), comunidades indígenas y afrodescendientes tomaron la sede de la Registraduría, indignadas por el cambio sorpresivo de mesas de votación, sin aviso ni explicación. Una vocera del pueblo indígena Awa denunció que jamás fueron informados de esos movimientos estratégicos que les impidieron participar. En Cartagena, donde más de 3.000 personas esperaban ejercer su voto, solo se habilitaron cuatro mesas, y en momentos apenas dos estaban activas; incluso faltaron lapiceros para marcar los tarjetones. En Sincelejo, una escuela que contaba con 40 mesas redujo su capacidad a apenas tres, desatando caos y desesperación entre quienes creían votar.
En Cali, el caos mostró sus peores caras: filas monumentales, cambios intempestivos de puestos y el momento más grotesco: un equipo de RTVC fue censurado por la Policía mientras hacía su labor de cobertura en el colegio Santa Librada. En Antioquia aparecieron denuncias de ausencia de listados de cédulas habilitadas, lo que generó confusión y denuncias de obstáculos estructurales para acceder al voto.
Mientras tanto, desde el norte de Medellín se reportó una alta participación, pero era imposible ignorar que muchas zonas sufrieron un grave crimen electoral: no permitir votar. En Barranquilla, las mesas se sentían como relictos, menguadas frente al torrente humano que quería expresarse.
Ya no hay tarjetones en buena parte del país, que descaro, siempre el golpe contra el pueblo. Aquí Sincelejo el pueblo que nunca me abandona. pic.twitter.com/szVXgsOqC5
— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 26, 2025
Frente a semejante tsunami de denuncias, la respuesta institucional ha sonado vacía y desconectada. El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que hacia las 11:00 a. m. ya había votado 307.000 personas y que se habían habilitado 9.600 puestos en lugar de los 13.000 planificados, argumentando que fue necesario ajustar por motivos logísticos y de seguridad. El procurador Gregorio Eljach, por su parte, insistió en que todo marchaba con “normalidad” y sin alteraciones de orden público.
Pero esa versión oficial no convence cuando la realidad está frente a los ojos. En efecto, algunos partidos críticos y sectores de oposición también alzaron la voz. Carolina Corcho exhortó a la Registraduría a agilizar el proceso, alertando que en muchas zonas hay “muy pocas mesas” y ciudadanos resignados detrás de filas interminables. El senador Iván Cepeda denunció “inconsistencias” en el desarrollo de la jornada y llamó al pueblo a no permitir silencios frente a abusos electorales.
@lucaspom . Lucas , esto merece minimamente una divulgación y un llamado enérgico a @Registraduria pic.twitter.com/SA285q8Nf0
— Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) October 26, 2025
Ni la extendida movilización popular logró disimular el bochorno. Aun con denuncias por doquier, miles de ciudadanos decidieron salir a votar, a desafiar el sabotaje del sistema, a jugarse la democracia. El presidente Petro, tras sufragar en el barrio Puente Aranda, publicó imágenes emocionantes del momento y escribió: “Así me recibe el pueblo trabajador de Puente Aranda … Lágrimas pero decisión de no dar pie atrás”. Instantes después, al depositar los tarjetones en la urna, clamó: “Adelante, con toda”.
Pero la pregunta candente sigue: ¿a cuántos ciudadanos se les arrebató el derecho de votar? ¿Cuántos quedaron fuera por decisiones arbitrarias? ¿Y quién responde por este ultraje a la democracia?
Este domingo, en Colombia, la tragedia electoral no fue natural ni accidental. Fue diseñada. Adelgazar las mesas, reacomodar puestos sin avisar, crear confusión informática y negar insumos básicos no son fallas, son tácticas. Y si eso no es violencia política, que alguien explique qué lo es.
En esta consulta interna del Pacto Histórico, la indignación no queda en reclamos aislados: hay una crisis institucional latente que exige investigar, depurar y responder con justicia. No es menor: si el pueblo no puede votar libremente, no hay democracia que resista.
