En medio de las elecciones cayeron candidatos del Centro Democrático y del Partido de la U mientras autoridades incautaron casi $4.000 millones en efectivo

Escándalo en plena jornada electoral: capturas de candidatos, casi 4.000 millones de pesos incautados y un fuerte golpe de las autoridades destapan el rastro del dinero que buscaba moverse alrededor de las elecciones. El Gobierno reportó un aumento del 550 % en las detenciones por incautación de dinero.

La jornada electoral terminó con un balance que dejó al descubierto millonarias incautaciones de dinero, capturas de candidatos y un fuerte golpe de las autoridades contra posibles delitos electorales. Mientras el país acudía a las urnas, operativos desplegados en diferentes regiones permitieron capturar a 88 personas y confiscar cerca de 4.000 millones de pesos que estaban en circulación en medio del proceso democrático.

El propio presidente Gustavo Petro destacó la magnitud del resultado de los operativos. Según explicó, se registró un “aumento del 550 % en las capturas por incautación de dinero”, una cifra que contrasta con las apenas ocho detenciones que se habían realizado anteriormente por este motivo. El mensaje fue claro: las autoridades intensificaron los controles y el dinero sospechoso empezó a aparecer.

Uno de los casos que más escándalo provocó fue el del exgobernador del Amazonas y candidato a la Cámara por el Centro Democrático, Víctor Hugo Moreno Bandeira. El aspirante fue interceptado por la Policía cerca del aeropuerto de Leticia cuando se movilizaba en un vehículo Kia Picanto. Según el reporte oficial, en medio del procedimiento el candidato habría tratado de deshacerse de una bolsa arrojándola a una zona boscosa cercana.

Los uniformados recuperaron el paquete y lo que encontraron desató el escándalo: dentro había aproximadamente 20 millones de pesos en efectivo. De acuerdo con las autoridades, “el candidato habría arrojado una bolsa hacia una zona boscosa cercana. Posteriormente, los uniformados encontraron el paquete y verificaron que en su interior había aproximadamente 20 millones de pesos en efectivo”. La situación se agravó cuando, según la investigación, el político habría intentado ofrecer dinero a los policías para evitar el procedimiento.

Un fiscal le imputó el delito de cohecho por dar u ofrecer, cargo que no aceptó, mientras que un juez le impuso medidas no privativas de la libertad. Ante el escándalo, el propio Centro Democrático anunció su suspensión temporal. En un comunicado, la colectividad aseguró: “Esta medida se mantendrá mientras las autoridades competentes adelantan las investigaciones correspondientes y se pronuncian sobre los hechos, y en tanto el candidato entrega las explicaciones del caso ante dichas autoridades”.

Pero el golpe no se quedó allí. En Bogotá también fue capturado el candidato al Senado Freddy Camilo Gómez Castro, del Partido de la U, quien fue detenido cuando acudía a votar. La captura hace parte de la investigación contra la red de contrabando que, según la Fiscalía, lideraría Diego Marín Buitrago.

El ente acusador explicó la gravedad de su presunto papel dentro de la estructura ilegal. “De acuerdo con los elementos materiales probatorios, Gómez Castro sería uno de los articuladores y el encargado de mantener contactos con representantes de entidades del orden nacional y regional, funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la Rama Judicial para que, a cambio de dinero, permitieran el ingreso al país, tránsito y comunicación de mercancía de contrabando”, señaló la Fiscalía.

La operación también terminó con la captura de cuatro policías retirados que, según la investigación, habrían tenido roles clave dentro de ese entramado de corrupción y contrabando que operaba en puertos como Buenaventura y Cartagena.

El balance general de la jornada refleja el tamaño del problema que enfrentaban las autoridades. Solo por delitos electorales se registraron 19 capturas en ciudades como Bogotá, Antioquia, Tolima, Bolívar, Cauca y Caldas. A esto se sumaron 18 detenciones por orden judicial relacionadas con delitos como homicidio, tráfico de estupefacientes, hurto, violencia intrafamiliar y abuso sexual.

Mientras tanto, la Procuraduría General de la Nación informó que recibió 1.379 denuncias y quejas por presuntas irregularidades durante el proceso electoral, lo que evidencia el ambiente tenso que rodeó la jornada.

Desde la observación electoral también hubo advertencias. Alejandra Barrios fue directa al señalar que “es necesario fortalecer los procesos de selección de candidatos y asumir la responsabilidad ética y política en la entrega de avales”, una frase que golpea de frente a los partidos que hoy enfrentan escándalos por aspirantes capturados.

En medio del ruido político, el Gobierno resaltó que los operativos preventivos permitieron detectar dinero sospechoso y frenar posibles prácticas ilegales como la compra de votos. Solo en los procedimientos realizados antes y durante las elecciones se han incautado miles de millones de pesos en distintas regiones del país, una cifra que las autoridades consideran una señal de que los controles están funcionando.

Mientras avanzan las investigaciones, el escándalo deja a varios partidos bajo la lupa y reabre el debate sobre los avales y las redes de corrupción que intentan infiltrarse en la política colombiana. Entretanto, los operativos del Estado dejaron un mensaje contundente: el dinero sucio que buscaba moverse en las elecciones terminó, en muchos casos, en manos de la justicia.

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