En una polémica decisión, el Consejo Nacional Electoral (CNE) modificó su reglamento interno para evitar que el magistrado Altus Baquero, asumiera la presidencia del tribunal, a pesar de que, conforme a la normativa vigente, le correspondía ocupar el cargo tras la renuncia de César Lorduy. La movida, que contó con seis votos a favor de los nueve posibles, asegura la continuidad de Álvaro Hernán Prada en la presidencia del organismo hasta septiembre de 2026, en un claro beneficio para el Centro Democrático y la oposición al gobierno de Gustavo Petro.
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El ajuste del reglamento, impulsado por el magistrado Alfonso Campo Martínez, se da en un contexto en el que el CNE investiga la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 por una supuesta violación de topes electorales. Prada, quien ahora se perpetúa en la presidencia de la entidad, es precisamente uno de los magistrados encargados de dicho expediente, en compañía de Benjamín Ortiz, del Partido Liberal.
La renuncia de César Lorduy dejó un vacío en la presidencia del CNE que, según las reglas previas, debía ser llenado por Altus Baquero, en estricto orden alfabético. Sin embargo, el repentino ajuste reglamentario frustró este proceso, permitiendo que Prada continúe al mando del tribunal electoral hasta después de las elecciones legislativas y presidenciales, en un evidente intento de controlar el rumbo de las investigaciones clave para el futuro político del país.
Les informo a todo el Progresismo y el señor Álvaro Hernán Prada,que la Constitución Nacional de Colombia en su artículo 264 prohíbe cualquier reelección de integrantes del CNE,su periodo es de 4 años. Cualquier prórroga es inconstitucional. No más trampas electorales. pic.twitter.com/F8TTSxOPXT
— Armando Jimenez M. (@arjima1) February 23, 2025
Mientras Prada se mantiene en el poder, su historial genera más dudas que certezas. Recientemente, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría Segunda Delegada ante la Corte Suprema de Justicia solicitaron la preclusión de un proceso penal en su contra por el delito de instigación a delinquir. El caso, actualmente en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, se originó a partir de un mensaje publicado en la red social X en 2020, en el que replicaba un comentario del abogado Hernando Herrera. Dicho mensaje aludía a las denuncias que congresistas del Centro Democrático planeaban presentar contra el exfiscal general Eduardo Montealegre, en respuesta a sus acusaciones contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por las masacres de El Aro y La Granja.
El telón de fondo de esta maniobra es la sorpresiva renuncia de César Lorduy, quien decidió no asistir a la citación programada por el Senado para explicar los motivos detrás de su salida del CNE. En una carta enviada al secretario General del Senado, Diego Alejandro González, Lorduy argumentó que su ausencia se debía a un compromiso previo: la presidencia de una audiencia pública urgente sobre la revocatoria del alcalde de Villanueva, Casanare. A pesar de la controversia, el magistrado reiteró que su renuncia obedecía a razones estrictamente personales y que, según la jurisprudencia vigente, no estaba obligado a justificarla.
!Lo logramos !
— Ingrid Aguirre (@ingridaguirre11) March 5, 2025
Es una victoria de las mujeres que hemos sido acosadas; es la voz de quienes a diario se exponen a sujetos como César Lorduy !
Congreso en pleno aceptó la renuncia de Lorduy con un total de 228 Votos! pic.twitter.com/6hm7kLqWF5
Sin embargo, su salida allanó el camino para que el CNE, bajo la dirección de Prada y con el respaldo de una mayoría alineada con la oposición, alterara las reglas del juego en un momento clave para la institucionalidad electoral del país. Con la extensión de su mandato, Prada no solo evita que un magistrado cercano al progresismo asuma la presidencia, sino que garantiza el control del tribunal en vísperas de elecciones cruciales.
El hecho de que uno de los principales investigadores de la campaña de Gustavo Petro haya asegurado su permanencia en el poder mediante una reforma de último minuto despierta serias dudas sobre la imparcialidad del CNE. La institución, cuya misión es velar por la transparencia y legalidad de los procesos electorales, queda ahora bajo la sombra de decisiones arbitrarias y maniobras políticas que ponen en entredicho su legitimidad.
