Una nueva disputa estalló entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá tras la publicación de la resolución del Ministerio de Ambiente que busca regular el ordenamiento ambiental de la sabana de Bogotá. La medida, impulsada por la exministra Susana Muhamad antes de dejar el cargo, ha puesto sobre la mesa un dilema crucial: la protección de los ecosistemas frente a un modelo de desarrollo urbano que parece priorizar el cemento sobre la naturaleza.
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La normativa establece directrices fundamentales para la conservación de humedales y bosques secos, impone límites a la urbanización en zonas rurales y exige rigurosas evaluaciones ambientales para la construcción de nuevas infraestructuras. Una decisión que, según Muhamad, responde a la necesidad de garantizar el equilibrio ecológico y la seguridad hídrica en un territorio clave para la biodiversidad del país. No obstante, el alcalde Carlos Fernando Galán reaccionó con duros cuestionamientos, acusando al Gobierno de actuar de manera unilateral y de afectar proyectos de vivienda y movilidad en la región.
La exministra Muhamad defendió la medida asegurando que se trata de un esfuerzo colectivo, construido con más de un año de consultas técnicas y sociales. «No es una improvisación ni una decisión tomada a espaldas de la ciudadanía», afirmó. También reiteró que el proceso sigue abierto a comentarios públicos hasta el 14 de marzo, promoviendo la participación activa en una decisión de alto impacto para el territorio.
El debate sobre los lineamientos ambientales de la Sabana debe darse con rigor y sin desinformación. No frenan el desarrollo ni detienen obras, su propósito es claro: proteger el agua, los suelos fértiles y los ecosistemas estratégicos.@Bogota lleva un año en racionamiento y la… pic.twitter.com/BoOWsOgfSm
— Susana Muhamad (@susanamuhamad) March 5, 2025
Frente a las críticas de Galán sobre la falta de diálogo con las autoridades locales, Muhamad fue contundente: «Desde 2023 hemos trabajado en esto, el Distrito ha sido invitado a todas las mesas técnicas. Si decidieron no enviar representantes adecuados, no es responsabilidad nuestra». Además, cuestionó la gestión del agua en Bogotá, recordando que la ciudad lleva un año con racionamiento sin medidas estructurales claras.
Mientras Muhamad y el Gobierno defienden la protección ecológica, Galán parece obsesionado con la expansión urbana, sin considerar las consecuencias ambientales. Sus críticas a la resolución se centran en los supuestos perjuicios que podría traer a proyectos de vivienda y movilidad, pero omiten el impacto devastador que el crecimiento descontrolado ha tenido en la sabana de Bogotá.
La alcaldía denuncia que la normativa podría afectar a miles de familias cuyos predios serían catalogados como humedales, generando incertidumbre sobre el uso del suelo. Sin embargo, la realidad es que estas áreas necesitan protección urgente para evitar desastres ambientales. La urbanización desmedida no solo destruye ecosistemas, sino que también agrava problemas como la crisis hídrica y el colapso de los servicios públicos.
La ley no es una opción. La Constitución no es una opción. Esto representa un nuevo ataque del Gobierno Nacional a la autonomía local.
— Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) March 5, 2025
Pedimos al Gobierno Nacional que retire el proyecto de resolución que, sin coordinación con las autoridades locales ni una participación… pic.twitter.com/zhCHXQgeyv
El debate sobre el ordenamiento de la sabana de Bogotá no es menor. Se trata de decidir si la ciudad apuesta por un crecimiento sostenible o si sigue la vía del descontrol urbanístico que ha llevado al país a una crisis ambiental sin precedentes. El llamado del Gobierno Nacional es claro: es momento de proteger los ecosistemas, restaurar áreas vulnerables y garantizar un desarrollo que no sacrifique el futuro de las próximas generaciones en nombre del concreto y el lucro inmobiliario.
