Cristián Vivas llevó a su hija a celebrar Halloween al Ministerio de Minas y Energía y terminó denunciando una persecución política en su lugar de trabajo. Según su testimonio, cuatro altos funcionarios lo confrontaron después de revisar sus redes sociales, lo acusaron de divulgar información confidencial y amenazaron con terminar su contrato. Todo ocurrió, asegura, sin mostrarle una sola prueba.
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El caso pone bajo cuestionamiento a la ministra María Nohemí Arboleda y a Abelardo de la Espriella. Vivas sostiene que lleva varios meses sin recibir sus honorarios y que las presiones aumentaron después de negarse a terminar anticipadamente su contrato. Su denuncia plantea una pregunta alarmante sobre la entidad. ¿Están utilizando la contratación pública para castigar a quienes critican al presidente?
En un video difundido a través de su cuenta de X, el contratista relató lo sucedido durante la reunión con los funcionarios. «Me dicen que revisaron mis redes sociales y me acusaron de compartir información confidencial», aseguró. También denunció que le advirtieron sobre posibles medidas legales y la terminación de su vínculo contractual con el Ministerio.
El @MinEnergiaCo, en cabeza de @mn_arboleda, perfila, retiene pagos durante meses, amenaza y persigue sistemáticamente para intimidar a los contratistas. Hay personas que presuntamente reciben órdenes de presionar a algunos contratistas, mientras que a otros los buscan para que presuntamente hablen mal de sus compañeros. Se provechan de la necesidad de la gente para ejercer presión con otros contratistas. ¡La maquinaria del régimen puesta al servicio de la intimidación y la retaliación laboral! Señores @PGN_COL, @MintrabajoCol pongo en conocimiento esta denuncia para que tomen cartas en el asunto y protejan los derechos de los contratistas.
— Cristian Vivas (@Cristian_Vivas) October 31, 2026
Vivas sostiene que solicitó pruebas para responder a los señalamientos, pero no recibió los soportes que reclamaba. «Cuando les solicité pruebas de las acusaciones tan graves que me hicieron solo obtuve más amenazas», manifestó. Según su versión, los funcionarios le dijeron que el asunto terminaría ante un juez, sin aclarar qué información reservada habría divulgado.
El contratista relaciona lo ocurrido con sus publicaciones críticas contra el Gobierno nacional. Afirma que sus redes sociales contienen cuestionamientos políticos, pero niega haber compartido documentos confidenciales. «Yo sí soy profesional y jamás he difundido información confidencial de la entidad», sostuvo. Por eso exigió formalmente que le remitan las pruebas de la acusación y cuestionó el procedimiento utilizado en su contra.
Su denuncia también incluye presuntas prácticas de intimidación contra otros contratistas. En X, Vivas afirmó que dentro del Ministerio existirían personas encargadas de presionar trabajadores y buscar testimonios negativos sobre sus compañeros. Además, aseguró que algunos pagos estarían siendo retenidos durante meses. Son señalamientos graves que requieren investigación y cuya veracidad todavía debe ser establecida por las autoridades competentes.
La controversia no comenzó con el testimonio de Vivas. El 11 de octubre, algunos medios informaron sobre denuncias similares formuladas por los exministros Edwin Palma y Antonio Sanguino. Ambos cuestionaron presuntas presiones para que contratistas de entidades estatales aceptaran la terminación anticipada de sus vínculos. Palma señaló específicamente comunicaciones enviadas desde el Ministerio de Minas y Energía.
🚨 Atención contratistas de @MinEnergiaCo Van más de dos meses de improvisación, el Gobierno sigue sin completar equipos para enfrentar El Niño. El viceministro de Energía sale tras apenas dos meses en el cargo y el director de energía ha sido denunciado por presentarse al Congreso sin estar posesionado. Mientras tanto, la gestión se va en revisar lo avanzado sin proponerle nada nuevo al país. Ahora se van contra la clase trabajadora. Ya circulan cartas del Ministerio de Minas que proponen a contratistas terminar sus contratos “de mutuo acuerdo”, citando la Directiva Presidencial 04. Un mutuo acuerdo exige su consentimiento: nadie está obligado a firmar. Pidan por escrito la motivación, no firmen nada sin leerlo y, si lo estiman, consulten con un abogado. Su compromiso es con Colombia y con el contrato que firmaron, no con el funcionario ni con el gobierno de turno. Construir sobre lo construido no es una consigna, es lo que exige el fenómeno de El Niño. Con una demanda en máximos históricos no hay margen para empezar de cero. Quien reciba presiones indebidas por seguir ejecutando su contrato puede ponerlo en conocimiento de la @PGN_COL, quienes esperamos actúe conforme a la Constitución y la ley. Les dejo un modelo de respuesta con unas recomendaciones, para que cada quien decida cómo proceder. Es un texto orientador: cada caso puede ser distinto.
— Edwin Palma Egea (@PalmaEdwin) October 10, 2026
El exministro Palma advirtió que algunas cartas proponían terminar contratos mediante la figura del «mutuo acuerdo», invocando la Directiva Presidencial 04. Recordó que ese procedimiento requiere el consentimiento del contratista y recomendó solicitar explicaciones escritas antes de firmar. También pidió denunciar posibles irregularidades ante la Procuraduría General de la Nación y consultar asesoría jurídica cuando fuera necesario.
Las denuncias encontraron respaldo adicional en una investigación de Cambio. El medio documentó el caso de una contratista del Ministerio de Minas que recibió una comunicación para finalizar su contrato antes del 31 de diciembre de 2026. La mujer rechazó la propuesta y manifestó su voluntad de continuar ejecutando sus obligaciones hasta la fecha de terminación inicialmente pactada.
El contexto incluye una reorganización contractual de gran magnitud. Según un análisis divulgado por La Silla Vacía, durante los primeros dos meses del Gobierno de Abelardo se redujeron 4.573 contratos de prestación de servicios. La administración también planteó limitar la participación de estos vínculos en las entidades del nivel central.
Por su parte, el Ministerio de Minas ha defendido sus revisiones administrativas como parte del control de los recursos públicos. Esas revisiones pueden responder a obligaciones legítimas de vigilancia contractual, pero no justificarían eventuales represalias por opiniones políticas. La senadora Sandra Chindoy cuestionó públicamente los señalamientos de Vivas y pidió respuestas al Ministerio. El contratista, por su parte, solicitó la intervención de la Procuraduría y del Ministerio del Trabajo para proteger los derechos de quienes prestan servicios al Estado.
El cierre de su video tuvo un mensaje dirigido a su hija y al Gobierno. «No les tengo miedo», afirmó Vivas, antes de asegurar que su dignidad no está en negociación. Ahora corresponde establecer quiénes participaron en la reunión, qué pruebas existen y si hubo pagos injustificadamente retenidos. La ministra Arboleda debe ofrecer explicaciones verificables ante una denuncia que compromete la confianza institucional.
