La tranquilidad del Congreso volvió a romperse después de que el senador del Pacto Histórico Wilson Arias denunciara el hallazgo de un presunto dispositivo de escucha oculto dentro de la biblioteca de su oficina, ubicada en el sexto piso del edificio nuevo del Senado de la República. La denuncia, realizada públicamente en un video difundido en sus redes sociales, reitera el llamado sobre las condiciones en las que se ejercerá la oposición política durante el próximo gobierno que manifestó en repetidas ocasiones su posición violenta contra la izquierda. Se revive el recuerdo de los episodios de interceptaciones ilegales que durante años marcaron la historia política colombiana.
Le puede interesar: ¡¿Quieren eliminar el programa Colombia Mayor sembrando miedo?! José Manuel Restrepo pone en vilo a millones de adultos mayores con un supuesto faltante que el Gobierno desmiente
«Le informo al país que hemos encontrado un dispositivo de escucha en mi oficina del sexto piso del edificio nuevo del Senado de la República», afirmó Arias al iniciar su declaración, mientras señalaba el lugar donde, según explicó, fue localizado el objeto durante una inspección realizada junto con funcionarios administrativos del Senado y personal especializado.
El congresista aseguró que la revisión no fue casual. Explicó que, con motivo del inicio del nuevo periodo constitucional, su equipo decidió realizar una inspección preventiva para fortalecer las condiciones de seguridad del despacho, especialmente ante el papel que ejercerá el Pacto Histórico como fuerza de oposición. «Nos dimos a la tarea de hacer cuanto fuera desde nuestro campo para obtener las mejores condiciones», expresó el senador, que además calificó el hallazgo como una afectación directa a los derechos y garantías del ejercicio democrático.
Denuncio que he encontrado un micrófono en la biblioteca de mi oficina personal en el Congreso de la República. Exigimos garantías para nuestro ejercicio de oposición, no nos van a intimidar. pic.twitter.com/VbqFrFysPK
— Wilson Arias (@wilsonariasc) August 5, 2026
Wilson Arias sostuvo que el descubrimiento «raya en el Código Penal» y confirmó que presentará una denuncia formal, con el propósito de establecer quién instaló el presunto dispositivo, cuánto tiempo habría permanecido allí y si existieron interceptaciones ilegales dentro del despacho parlamentario. «Vamos a llevar la denuncia a la Fiscalía», reiteró el congresista, al tiempo que insistió en que continuará desarrollando su labor de control político. «Que no se equivoquen con nosotros. Vamos a defender los intereses de la sociedad», afirmó.
Uno de los elementos que más llamó la atención fue la afirmación realizada por Arias acerca de que, durante las mismas verificaciones, su equipo habría encontrado información relacionada con un caso similar ocurrido anteriormente en la oficina del exsenador Julián Gallo, del partido Comunes. Según relató el senador, en ese despacho también habría sido ubicado un presunto dispositivo de escucha instalado en el teléfono fijo de la oficina.
Aunque las circunstancias de ambos hechos deberán ser verificadas por las autoridades competentes, la referencia desiperta preocupación entre diferentes sectores políticos que recordaron los múltiples episodios de interceptaciones ilegales conocidos en Colombia durante las últimas décadas.
Toda mi solidaridad y apoyo querido Wilson. Esto es delictivo. Exigimos las investigaciones inmediatas para establecer responsabilidades penales. https://t.co/c9xu7DaBWS
— Miguel Angel Del Río Malo (@migueldelrioabg) August 5, 2026
La denuncia provocó una rápida reacción entre congresistas del Pacto Histórico. El representante Daniel Monroy calificó el caso como «gravísimo» y preguntó públicamente quién habría comenzado a instalar dispositivos de escucha en las oficinas de esa colectividad.
Por su parte, el representante Eduard Sarmiento Hidalgo pidió extender las inspecciones a todas las oficinas de los congresistas del Pacto Histórico e incluso al resto del Congreso. Sarmiento recordó además que buena parte del mobiliario de esas oficinas fue reemplazado hace aproximadamente año y medio, planteando interrogantes sobre el momento en que eventualmente pudo haberse instalado el dispositivo denunciado. «Esto es sumamente grave. Debe hacerse una inspección a todas las oficinas», escribió el representante en sus redes sociales, solicitando que toda la situación sea esclarecida por las autoridades.
También el senador Iván Cepeda expresó solidaridad con Wilson Arias y respaldó el llamado para que se adelanten investigaciones exhaustivas que permitan establecer la verdad sobre los hechos denunciados.
Hasta el momento de conocerse la denuncia, ni la Fiscalía General de la Nación ni las directivas del Congreso habían emitido un pronunciamiento oficial sobre el origen, autenticidad o naturaleza técnica del objeto encontrado en el despacho parlamentario.
🚨 Atención! ¡Esto da miedo!
— Lalis 🐆 (@smilelalis) August 5, 2026
¿Así pretenden que la oposición haga control político? ¿Quién garantiza nuestra seguridad y nuestra privacidad?
Esto recuerda a las peores épocas del espionaje contra quienes pensamos distinto. Y mientras tanto, Abelardo anuncia el regreso del… https://t.co/xBl55crRIt
Este preocupante episodio vuelve a instalar en el debate público el tema de las denominadas «chuzadas», término utilizado en Colombia para referirse a interceptaciones ilegales que históricamente han afectado a políticos, periodistas, magistrados, defensores de derechos humanos, líderes sociales y opositores.
Para Wilson Arias, el asunto trasciende el hallazgo físico del dispositivo. El senador sostiene que lo verdaderamente importante es garantizar que quienes ejercen control político puedan desarrollar su trabajo sin presiones, intimidaciones o eventuales actos de vigilancia ilegal. «Exigimos garantías para nuestro ejercicio de oposición. No nos van a intimidar», manifestó el congresista al cerrar su mensaje.
Ahora será la Fiscalía la encargada de determinar si efectivamente existió un mecanismo de escucha, cómo llegó hasta el despacho parlamentario y quiénes podrían estar detrás de un hecho que, de confirmarse, volvería a poner en el centro del debate nacional la protección de los derechos políticos y las garantías institucionales para el ejercicio democrático dentro del Congreso de la República.
