El pasado 14 de noviembre Colombia se consternó con la salida del aire de uno de los noticieros más antiguos del país, Noticias CM&, que luego de 32 años de historia dijo adiós a sus televidentes. Este hecho, sin embargo, destapó toda una olla de problemas dentro del canal, que dejó en evidencia un caso en el que está en riesgo no solo el trabajo de cientos de colombianos, sino también la libertad de prensa y la soberanía territorial.
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El Canal 1, nacido en 1954 (lo que lo convierte en el canal más antiguo de Colombia, con más de 70 años de historia), fue adjudicado durante el Gobierno Santos por su Ministro de TIC, David Luna, a través de la Licitación 001 de 2017 a una promesa de sociedad futura denominada Plural Comunicaciones S.A.S., quien obtendría la concesión para la operación del canal hasta el 2027.
Esta sociedad estaría conformada por Compañía de Medios de Información S.A.S. o CM& (26,66%), Radio de Televisión Interamericana S.A. o NTC (26,66%), Nacional de Televisión y Comunicaciones S.A. o RTI (26,66%) y por HMTV UNO S.A.S o HMTV, esta última una filial del conglomerado estadounidense de medios HEMISPHERE MEDIA GROUP, cuya participación en ese momento era del 20%, que era el límite legal por razones de reciprocidad con el país de orígen de la inversión.
Me enteran que hay graves presiones para que no se adelante el debate convocado en defensa del Canal 1, de sus trabajadores, del patrimonio público y de la soberanía nacional.
— Wilson Arias (@wilsonariasc) November 27, 2024
Comparto ustedes la citación para el día de mañana en Comisión Sexta de Senado, 9 AM👇🏾 pic.twitter.com/7bXi7DdUf8
Sin embargo, los derechos de concesión, que para ese momento ascendían a $107.500 millones de pesos, tuvieron que ser pagados con capital extranjero, por lo que los socios colombianos de Plural Comunicaciones S.A.S. quedaron en deuda con HMTV; lo cual fue finalmente cancelado a través de la figura de “capitalización de acreencias” en el 2020, lo que en la práctica dejó a HMTV con el control de Canal 1, al quedar con el 40% de las acciones, y posteriormente, en el 2022, con el 100%, en claro incumplimiento del artículo 34 de la Ley 182 de 1995 que limita la participación extranjera en 40%.
En noviembre de 2022, se creó con un capital exiguo, de apenas 1 millón de pesos, la sociedad Phoenix Media S.A.S. a la que HEMISPHERE MEDIA GROUP le cedió la totalidad de su participación accionaria en Canal 1. A partir de ahí, Phoenix Media empezó a tomar decisiones administrativas y financieras, quedando los anteriores socios colombianos apenas como proveedores de contenidos.
Ministro @MauricioLizcano, ¡le exijo una respuesta clara e inmediata! ¿Cómo es posible que el conglomerado español Grupo Prisa haya tomado el control de nuestro canal público, @Canal1Colombia? Esto representa una grave pérdida de soberanía mediática. pic.twitter.com/mjMela2fXc
— Wilson Arias (@wilsonariasc) November 19, 2024
A partir del 1 de octubre de 2024, se llegó a un acuerdo de licenciamiento con el conglomerado español de medios PRISA MEDIA, dueños de Caracol Radio, para que empezaran a transmitir su contenido; de tal manera que los contenidos de las demás productoras fue desplazado, por ejemplo, el del Noticiero CM& que dejó de transmitirse el pasado 15 de noviembre.
En ese sentido, se ha dejado sin trabajo a más de 200 empleados que se encargaban de producir estos contenidos y, además, se ha vulnerado una parte de la concesión que exige el pluralismo informativo, pues ahora se limita a la retransmisión de contenidos de Caracol Radio.
Frente a esto, el Presidente Petro se pronunció así en twitter:
Invito a trabajadores y periodistas del canal uno a organizarse en cooperativas. Colombia debe tener experiencia en el cooperativismo periodístico independiente.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 28, 2024
La operación hecha por el grupo prisa sin consulta del gobierno, no puede ser una masacre laboral ni un paso más al…
Por ello, el senador Wilson Arias citó a un debate en la Comisión Sexta para el 27 de noviembre al Ministro de las TIC, Mauricio Lizcano. Sin embargo, a través de una supuesta triquiñuela con el Presidente de la Comisión, Pedro Flores, el debate no pudo ser llevado a cabo.
