Un contrato de más de 14.000 millones de pesos, que prometía poner a rodar 200 cámaras de alta tecnología para cazar ladrones y carros robados, hoy es motivo de vergüenza nacional: apenas 50 cámaras funcionan y el dinero ya va por la mitad.
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La bomba la destapó la Procuraduría General de la Nación, que decidió abrir una indagación contra funcionarios de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, luego de descubrir que el proyecto, anunciado con bombos y platillos por la administración Galán, está lleno de demoras, fallas técnicas y una preocupante improvisación.
“A la fecha, se reporta un avance físico del 68,5 %, con una ejecución presupuestal del 50 %, pero de las 200 cámaras contratadas, solo se han instalado 50, lo que representa apenas el 25 % del componente principal del proyecto”, advirtió la Procuraduría, dejando en evidencia lo que muchos ciudadanos ya sospechaban: la plata se esfuma, pero la seguridad no llega.
📹 La @PGN_COL investiga retrasos e irregularidades en un millonario contrato de videovigilancia en Bogotá: solo se ha instalado el 25 % de las cámaras, aunque ya se ejecutó la mitad del presupuesto.
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El contrato, firmado desde finales de 2023 cuando Claudia López dejaba la Alcaldía y Galán ya calentaba motores como candidato, contemplaba que en 2024 las cámaras estarían listas para leer placas, rastrear carros robados y ayudar a la Policía a dar con los bandidos en tiempo real. Pero llegó julio de 2025 y solo 14 cámaras nuevas se han instalado desde abril, cuando la propia Secretaría de Seguridad prometió que para mayo estarían todas listas. Otra promesa que se la llevó el viento.
Peor aún: las fallas no son pocas. La Procuraduría encontró “planeación deficiente y fallas técnicas no previstas, tres prórrogas y tres suspensiones sin soporte presupuestal, controversias contractuales por más de 2.000 millones de pesos y sustitución de la interventoría por supervisión interna de la misma secretaría, sin respaldo técnico”. Es decir, un coctel perfecto para que los recursos públicos se diluyan sin resultados.
La @PGN_COL investiga presuntas irregularidades en un contrato por más de $14 mil millones para cámaras de videovigilancia en Bogotá. Solo el 25 % han sido instaladas. Más detalles 👉👉https://t.co/JjPLWfJDBU pic.twitter.com/QiDB8EGMn5
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Mientras tanto, la ciudad sigue atrapada entre atracos y hurtos de vehículos. Las cámaras, que según la Secretaría pueden identificar hasta 55.541 placas por día, iban a convertirse en los ojos secretos de la Policía para cazar motos y carros sospechosos sin que nadie tuviera que llamar al 123. “Para estos casos, sin necesidad de que nadie llame, el mismo sistema genera una alerta diciendo las veces que ha pasado el carro y por qué lugar. Esa alerta, que es sonora y visual, llegará a la Policía”, explicó Ada Luz Sandoval, directora del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4). Una maravilla tecnológica… que hoy existe solo en el papel.
Ni la Alcaldía ni la Secretaría de Seguridad se han dignado a dar la cara por el bochornoso retraso. El proyecto, que debía convertir a Bogotá en una ciudad vigilada y protegida, hoy es solo otra promesa rota en la larga lista de incumplimientos de Galán, quien se llenó la boca hablando de seguridad pero no logra instalar ni la mitad de las cámaras que prometió.
La Procuraduría avanza con pruebas para ver quién debe responder por este descalabro, aunque los ciudadanos ya tienen claro un responsable: Carlos Fernando Galán, que sigue sin explicar por qué la capital sigue a oscuras mientras se esfuman miles de millones.
