El general (r) Mauricio Santoyo Velasco, quien fuera jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, enfrenta un posible incidente de incumplimiento en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por su falta de compromiso con la verdad. A pesar de haber sido condenado en Estados Unidos por apoyar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Santoyo ha evitado esclarecer el alcance de su participación en el paramilitarismo, un requisito esencial para mantener los beneficios de la justicia transicional.
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Los magistrados relatores del subcaso Antioquia del macrocaso 08, Óscar Parra y Gustavo Salazar, han solicitado a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas abrir un incidente de incumplimiento contra Santoyo. Según la JEP, el exoficial ha eludido deliberadamente su responsabilidad al negarse a revelar información clave sobre la relación entre agentes del Estado y grupos paramilitares en Medellín durante 2001, cuando era una de las figuras más influyentes de la Policía en la ciudad.
La negativa de Santoyo a entregar un testimonio completo no es nueva. En diciembre pasado, la JEP le exigió un informe detallado sobre su participación en estos hechos. Sin embargo, casi dos meses después, sigue sin aportar información sustancial. Entre las pruebas remitidas a la magistratura, se documenta que el exgeneral ha guardado silencio sobre la conformación y operación de estructuras paramilitares como el Bloque Cacique Nutibara y el Bloque Metro, a pesar de múltiples testimonios que lo vinculan directamente con estas organizaciones criminales.
#Atención | Magistrados del Subcaso Antioquia, en el #Caso08 de la JEP, sustentan que el general (r) Mauricio Santoyo Velasco no ha aportado verdad plena. pic.twitter.com/3JVUYuNRQM
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Además, Santoyo tampoco ha esclarecido su posible relación con bandas criminales como La Terraza y La Oficina en Envigado, limitándose a negar cualquier conexión, a pesar de la existencia de pruebas y testimonios que documentan su participación en actividades ilegales, incluido el uso indebido de inteligencia estatal para favorecer estos grupos.
Uno de los señalamientos más graves en su contra es su presunta implicación en la desaparición de Claudia Patricia Monsalve y Ángel José Quintero, miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes), ocurrida en diciembre del 2000. En ese periodo, Santoyo era subdirector de la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión y luego comandante del Cuerpo de Élite Antiterrorista de Medellín, lo que lo posiciona como un actor clave en los hechos investigados.
Pese a estos antecedentes, Santoyo sigue argumentando que su rol en los crímenes atribuidos fue mínimo y que no tuvo injerencia en las decisiones estratégicas que facilitaron el auge paramilitar en la región. Sin embargo, la JEP considera que su testimonio ha sido evasivo y que su negativa a brindar información detallada afecta el proceso de esclarecimiento de la verdad.
En concepto de los magistrados correlatores, el compareciente no ha brindado información sobre la conformación y operación de estructuras paramilitares como el Bloque ‘Cacique Nutibara’ y el Bloque ‘Metro’, a pesar de que múltiples testimonios lo vinculan con estas…
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Ahora, la decisión de abrir o no el incidente de incumplimiento recae en los magistrados Pedro Díaz y Mauricio García. Si se determina que Santoyo ha violado el régimen de condicionalidad, podría perder los beneficios otorgados por la JEP e incluso ser expulsado del proceso de justicia transicional, lo que lo dejaría expuesto nuevamente a la justicia ordinaria.
La falta de verdad plena por parte de Santoyo no solo compromete su situación jurídica, sino que también refuerza las dudas sobre su papel en la oscura red de complicidades entre el Estado y el paramilitarismo. Su posición como jefe de seguridad de Álvaro Uribe, así como sus nexos con estructuras criminales, lo convierten en una figura clave para entender la violencia paramilitar en Colombia. Sin embargo, hasta ahora, su silencio ha sido su única respuesta.
