La imagen resulta demoledora para una administración que convirtió la palabra “cuidar” en parte de su discurso político. Familias viendo caer las viviendas que levantaron durante años, presencia de la UNDMO, policías y reclamos desesperados por no tener una solución habitacional definitiva. Eso ocurrió en Manrique, donde la Alcaldía de Federico Gutiérrez comenzó un operativo sobre 73 viviendas con orden de evacuación definitiva.
La denuncia adquirió mayor dimensión después de que Cofradía para el Cambio difundiera imágenes del procedimiento y asegurara que el problema afecta a 89 familias y más de 300 personas. La organización lanzó además un cuestionamiento directamente contra las prioridades de la administración de Federico Gutiérrez. La comunidad reclama que hay grandes inversiones para otras obras de ciudad, pero no una solución definitiva para estas familias.
Cofradía para el Cambio habla de 89 familias y más de 300 personas, pero la cifra que maneja la Alcaldía corresponde a 73 viviendas con orden de evacuación definitiva en El Jardín, comuna 3-Manrique. Detrás de los números hay familias con un arraigo que no comenzó ayer. María Alzate, líder comunitaria, aseguró que hay habitantes con más de 15 años viviendo en el sector. Se ha dicho que algunas familias llevan más de 20 años. Son décadas construyendo casas y comunidad que ahora chocan con una orden definitiva de evacuación y un futuro habitacional incierto.
Hoy deberíamos sentir vergüenza de la administración que tenemos. Cuatro meses tuvieron para encontrar una solución digna para las familias de Manrique Jardín, pero no fueron capaces. Hoy muchas no saben dónde van a pasar la noche y les arrebatan lo que construyeron durante años.… pic.twitter.com/ifcpgNdT7T
— Hernán Muriel (@Hernan_MurielP) September 8, 2026
La jornada del martes 8 de septiembre dejó escenas que aumentaron la indignación. Los habitantes denunciaron demoliciones y cuestionaron el despliegue de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden, UNDMO, antiguo Esmad. Al terminar el día, las versiones comunitarias hablaban de entre 10 y 14 viviendas derribadas.
Todavía más delicadas son las denuncias realizadas por habitantes sobre la forma como habría transcurrido el procedimiento. María Alzate aseguró que llegaron “con el ESMAD, con policía, con ejército” y denunció amenazas relacionadas con la eventual intervención de Bienestar Familiar si algunas personas se resistían a abandonar sus casas. Son afirmaciones cuya gravedad impide reducirlas a una simple protesta vecinal.
La dirigente comunitaria también cuestionó que desalojar sea la única salida posible. Los habitantes aseguran haber planteado alternativas relacionadas con obras sobre la quebrada. “Hay varias maneras, no necesariamente sacando la gente”, sostuvo Alzate, quien mencionó posibilidades como canalizar el cauce. El reclamo golpea directamente a la administración de Gutiérrez porque las familias sostienen que sus propuestas no han recibido suficiente atención.
La Alcaldía, sin embargo, presenta una explicación radicalmente diferente. Según el Distrito, no se trata simplemente de expulsar habitantes sino de una “evacuación humanitaria y preventiva” destinada a evitar muertes. El DAGRD determinó condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo alto relacionadas con inundaciones, avenidas torrenciales y factores geológicos. Además, la administración asegura haber realizado más de 20 recorridos entre el 9 de abril y el 11 de julio.
Qué tan desalmado es Federico Gutiérrez @FicoGutierrez para mandar funcionarios de su alcaldía con una gorra que dice “MEDELLÍN TE QUIERE” mientras DESALOJAN 89 FAMILIAS DE MANRIQUE.
— Hernán Muriel (@Hernan_MurielP) September 8, 2026
Si así es queriéndonos… ¡qué tal que no nos quisiera!
Recuerden que estas familias llevan… pic.twitter.com/QzPVx4L0ic
Ese riesgo no puede minimizarse. El 3 de abril de 2026 una lluvia de gran intensidad produjo un aumento súbito del caudal de la quebrada La Mansión. Agua y material ingresaron a viviendas y afectaron vías e infraestructura deportiva y educativa. Según el reporte oficial, aquella emergencia provocó la muerte de un niño de cinco años y dejó otra persona lesionada.
Precisamente allí aparece el dilema que Federico Gutiérrez tendrá que explicar. Proteger a las familias de una posible tragedia no debería significar dejarlas expuestas a otra. La administración ofrece alojamiento temporal, traslado de enseres, acompañamiento institucional y subsidios de arrendamiento para quienes cumplan los requisitos. El problema denunciado por los afectados es qué sucederá cuando termine esa ayuda y todavía no exista una vivienda definitiva.
El reclamo comunitario resulta especialmente duro porque el operativo no fue ejecutado únicamente por funcionarios sociales. La intervención cuenta con múltiples secretarías distritales, DAGRD, Isvimed, inspectores de Policía, Personería, ICBF, Policía Nacional y Ejército. Para los habitantes que rechazan las condiciones de salida, semejante despliegue aumenta la sensación de que la fuerza institucional llegó antes que una solución de vivienda capaz de garantizar estabilidad.
ASÍ MANDA FICO EL ESMAD A NIÑOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS ENFERMAS A MANRIQUE JARDIN, SECTOR LA CAÑADA.
— Hernán Muriel (@Hernan_MurielP) September 8, 2026
Van desalojar a más de 300 personas engañadas, revictimizandolas, porque hace 4 meses el alcalde vino a hacer show cuando sufrían por el desbordamiento de la quebrada, y la… pic.twitter.com/4DP3R15eUi
Cofradía para el Cambio condensó esa inconformidad en una frase demoledora contra el discurso del alcalde. “¿A quién cuida la Medellín de Fico?”, preguntó la organización, antes de sostener que después de meses de incertidumbre algunas familias seguían sin saber dónde dormir. Su denuncia acusa a la administración de haber llegado a desalojar y destruir viviendas después de no ofrecer, según la comunidad, una alternativa que consideren digna y sostenible.
Federico Gutiérrez queda así enfrentado a una pregunta que ninguna explicación técnica sobre el riesgo resuelve por sí sola. Si estas viviendas realmente representan un peligro intolerable, evacuarlas puede resultar necesario. Pero ¿por qué familias asentadas durante 15, 20 o más años llegaron al momento de la demolición sin una solución habitacional definitiva aceptada por ellas? Prevenir una tragedia también exige impedir que la protección termine convertida en desamparo.
Y esa es precisamente la imagen política más difícil para Fico. Casas demolidas, habitantes protestando y decenas de hogares preguntando qué viene después. La Alcaldía sostiene que está salvando vidas. Cofradía para el Cambio y habitantes de Manrique denuncian que la administración está destruyendo viviendas sin resolver el futuro de quienes las ocupaban. Entre ambas versiones quedan cientos de personas que necesitan algo mucho más concreto que discursos. Una vivienda segura y dignidad.
