Luego de uno de los graves incendios en el Tolima, la historia de los dos supuestos “pirómanos” aquirió un giro alarmante. Julio César Morales Herrera y Leonidas Merjado Hurtado fueron capturados el 25 de agosto en la vereda Guacamayas, municipio de Dolores, pero revelaciones difundidas posteriormente indican que habrían sido contratados para realizar labores de quema en un predio relacionado con Rubiela González Ortiz.
Le puede interesar: ¡Le cantaron la tabla a Abelardo! Defensora del pueblo arremetió contra el show de los cadáveres de De La Espriella y le lanzó una durísima advertencia
Le puede interesar: ¡Se tuvo que retractar! Senadora abelardista Sara Castellanos acusó a las emisoras de paz de ser “propaganda de las FARC y el ELN” y terminó pidiendo perdón
El dato es especialmente delicado porque González Ortiz está vinculada a la Corporación Autónoma Regional del Tolima, precisamente la autoridad encargada de vigilar y proteger los recursos naturales del departamento. Cortolima confirmó oficialmente que entre las personas involucradas aparece alguien perteneciente a su planta de empleos y anunció que la situación fue remitida a Control Interno Disciplinario y a la Fiscalía General de la Nación.
La propia corporación fue más lejos. Mediante la Resolución 938 del 31 de agosto de 2026 abrió un proceso sancionatorio ambiental e impuso una medida preventiva por los hechos registrados en Guacamayas. Una visita técnica encontró intervención de cobertura vegetal mediante tala, quemas posteriores y ausencia de permiso o autorización de aprovechamiento forestal. Cortolima sostiene que investigará responsabilidades respetando el debido proceso.
#NoticiasUNO | Dos campesinos fueron capturados por provocar los incendios en Tolima, sus conocidos aseguran que fueron contratados para hacer una quema de 40 metros en la finca de una contratista de Cortolima pic.twitter.com/tTEPobL3zG
— Noticias Uno (@NoticiasUno) September 3, 2026
El escándalo golpea en el peor momento posible. Apenas días antes, la misma Cortolima había reportado que los incendios forestales dejaron 31.046 hectáreas de cobertura vegetal afectadas en Tolima. Ortega acumulaba 6.887 hectáreas, Armero-Guayabal 5.097, San Luis 4.371, Guamo 4.041 y Coyaima otras 2.411. En semejante desastre, descubrir posibles quemas encargadas por alguien vinculada a la autoridad ambiental resulta alarmante.
Pero existe otra bomba dentro del expediente. La Fiscalía sostiene que Morales Herrera y Merjado Hurtado participaron en una quema que terminó afectando aproximadamente seis hectáreas, razón por la que fueron imputados por incendio y deforestación y enviados preventivamente a establecimiento carcelario. Ninguno aceptó los cargos. Sin embargo, la defensa controvierte duramente esa versión y sostiene que la extensión quemada habría sido muchísimo menor.
El abogado Edwin Trujillo ha asegurado que información atribuida al comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Dolores hablaría de un conato de aproximadamente 40 metros cuadrados. De comprobarse esa dimensión, la diferencia con las seis hectáreas señaladas durante el proceso judicial sería gigantesca. La controversia obliga a establecer con precisión qué superficie fue realmente afectada y qué responsabilidad tuvo cada persona involucrada.
¡Colombia, ayúdenme a compartir esto! Lo que ocurre en el Tolima revela un presunto y al parecer, grave conflicto de intereses que involucraría directamente a Abelardo: los incendios no serían un accidente sino que harían parte de una posible estrategia para entregar nuestros… pic.twitter.com/OGc9q8ZHQ8
— Kevin Gómez Paz (@ckevingomez) September 6, 2026
La defensa también asegura que los trabajadores realizaban una práctica rural conocida como roza y quema para acondicionar el terreno y que lo hicieron por solicitud de la propietaria. Sin embargo, las autoridades han señalado que los mismos hombres ya habían sido requeridos el 24 de julio por actividades semejantes y habrían recibido una advertencia. Ese antecedente también deberá ser valorado dentro del proceso penal.
Aquí aparece la pregunta incómoda que no puede enterrarse bajo el humo. Si los jornaleros fueron contratados por otra persona para ejecutar esas labores, ¿quién tomó realmente la decisión de intervenir el terreno? ¿Quién conocía que no existían los permisos correspondientes? ¿Y por qué dos trabajadores rurales terminaron inmediatamente privados de la libertad mientras apenas después del escándalo público comenzó a examinarse la responsabilidad de quien habría ordenado el trabajo?
La situación provocó incluso una tormenta política. El representante Renzo García ha cuestionado públicamente el tratamiento dado a los campesinos y ha hablado de posibles “falsos positivos ambientales”. En todo caso, sí existe un caso concreto en Dolores en el que una persona vinculada a Cortolima aparece involucrada, dos campesinos permanecen judicializados y la propia corporación decidió abrir investigaciones administrativas y poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía.
#SOSColombia Actualmente hay 38 incendios forestales en Colombia y 339 municipios en alerta roja, más de 1200 hectáreas afectadas. Tolima, Quindío, Nariño, Norte de Santander, Cundinamarca, Cauca, Valle, Antioquia y Cesar son los departamentos en los que presentan incendios en… pic.twitter.com/CrVjtWghSO
— ¿Se lo explico con plastilina? (@altereddie) August 14, 2026
Cortolima ha tratado de marcar distancia y aseguró que “los hechos objeto de investigación corresponden a actuaciones a título personal” y no representan su trabajo institucional. Pero precisamente porque se trata de la máxima autoridad ambiental regional, la explicación tendrá que ser exhaustiva. Tolima atraviesa una emergencia con más de 31.000 hectáreas afectadas y cualquier sospecha sobre quienes deberían protegerlas merece una investigación sin privilegios ni chivos expiatorios.
