Un nuevo episodio de desinformación sacude el debate político en el país. Esta vez, la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente tuvo que salir a aclarar versiones que circularon en medios y redes sociales sobre supuestos contratos “a dedo” por cifras billonarias con organizaciones de la economía popular. La información difundida por sectores de la oposición no solo es imprecisa, sino completamente falsa.
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Según explicó la entidad, la cifra de 31 billones de pesos que se intentó posicionar en el debate público no corresponde a la realidad ni ha sido reportada por la Agencia. Por el contrario, tras una verificación detallada en las plataformas oficiales de contratación, el monto real de contratos bajo la figura de asociaciones público-populares asciende a apenas 3.592 millones de pesos, una diferencia que deja en evidencia la magnitud de la manipulación.
La entidad tuvo que aclarar que tampoco es cierto que el Gobierno haya suscrito decenas de miles de contratos con organizaciones comunitarias. Esa interpretación, según Colombia Compra Eficiente, surgió de una lectura errónea y descontextualizada de la información entregada en respuesta a un derecho de petición, que incluía contratos de múltiples tipos, entidades y modalidades, no exclusivamente relacionados con la economía popular.
Las cifras de contratación deben leerse bajo el rigor técnico que merecen.
— Cristóbal Padilla Tejeda (@Cristobalpt63) March 27, 2026
Contrario a lo que se ha difundido, el Decreto 0874 apenas empezó a operar en julio de 2024. No hay 31 billones en contratos "público-populares"; la cifra real es de 3.500 millones.
La transparencia se… pic.twitter.com/uDSwZ7a1Iy
Lo que se presentó como un escándalo terminó siendo de nuevo un ejemplo claro de cómo se construyen narrativas engañosas por parte de la oposición en Colombia. La Agencia fue enfática en señalar que los datos fueron “sacados de contexto” y utilizados para elaborar una noticia carente de rigor, lo que pone en cuestión la responsabilidad de quienes difundieron esa versión sin verificarla.
Pero hay otro punto clave que desmonta el discurso de la oposición. Del total de contratos analizados, solo 97 corresponden realmente a asociaciones público-populares y la gran mayoría no se realizó mediante contratación directa. De hecho, el 71% de estos contratos se celebraron bajo otras modalidades legales, lo que contradice frontalmente la narrativa de adjudicaciones irregulares.
Además, apenas una pequeña fracción corresponde a entidades del orden nacional, lo que evidencia que la cifra inflada no solo era falsa, sino que también distorsionaba el alcance real de la política pública.
#Actualidad | La Agencia Nacional de Contratación desmintió la información que circula sobre supuestos contratos por $31 billones.
— Radio Nacional CO (@RadNalCo) March 27, 2026
⚠️ “Es falso que el Gobierno Petro haya suscrito 80 mil contratos con juntas de acción comunal u organizaciones indígenas bajo el Plan Nacional de… pic.twitter.com/YxpbLVC3Vd
Este caso se enmarca en una discusión más amplia sobre el papel de las organizaciones de la economía popular en la contratación estatal. La figura de las asociaciones público-populares fue impulsada en el Plan Nacional de Desarrollo como una herramienta para incluir a sectores históricamente excluidos, permitiendo que comunidades, juntas de acción comunal y organizaciones sociales puedan acceder a contratos de menor cuantía de manera legal y regulada.
Lejos de ser un mecanismo irregular, se trata de una apuesta por democratizar el acceso a la contratación pública y fortalecer la economía local. Sin embargo, esta política ha sido objeto de ataques constantes por parte de sectores de oposición que buscan deslegitimarla a través de información tergiversada.
El pronunciamiento de Colombia Compra Eficiente no solo desmiente las cifras, sino que deja en evidencia de nuevo una estrategia política de la derecha basada en la desinformación. En un contexto electoral, donde cada dato puede influir en la percepción ciudadana, la difusión de noticias falsas se convierte en una herramienta peligrosa que distorsiona el debate público.
#ATENCIÓN Comunicado a la opinión pública
— Colombia Compra Eficiente (@colombiacompra) March 27, 2026
No es cierto, como se ha difundido en algunos medios de comunicación, que esta entidad reportara contratos “a dedo” por $31 billones durante el actual periodo de gobierno. Para más información, ingresa aquí: https://t.co/RwD897pLa8
Desde el Gobierno se ha insistido en que la contratación con organizaciones comunitarias no solo es legal, sino necesaria para cerrar brechas sociales y territoriales. La inclusión de la economía popular en estos procesos busca generar oportunidades, fortalecer capacidades locales y garantizar que los recursos públicos lleguen a quienes históricamente han estado por fuera del sistema.
El episodio también plantea la necesidad de fortalecer la verificación de la información y de exigir mayor responsabilidad a quienes difunden datos en escenarios de alta sensibilidad política y que además ponen en entredicho estas iniciativas que buscan fortalecer la economía de las comunidades directamente, sin la intermediación de grandes empresas contratistas.
Por ahora, lo que queda claro es que la supuesta “contratación billonaria a dedo” no existe. Lo que sí existe es el desespero de la derecha en la que han convertido la desinformación en una herramienta recurrente para deslegitimar los resultados del Gobierno.
