Iván Duque y su ficha de la corrupción: Carlos Camargo, el polémico candidato a la Corte Constitucional

Carlos Camargo, exdefensor del Pueblo, aspira a la Corte Constitucional, pero su candidatura está rodeada de escándalos de corrupción, clientelismo y presunto espionaje.

La posible llegada de Carlos Camargo a la Corte Constitucional ha encendido las alarmas en diversos sectores. El exdefensor del Pueblo y exvicerrector de Gestión Social de la Universidad Sergio Arboleda se perfila como un firme aspirante a ocupar una de las sillas del máximo tribunal, pero su historial está marcado por sombras de corrupción, clientelismo y contratos irregulares que ponen en duda su idoneidad para el cargo.

Camargo dejó la Defensoría del Pueblo para asumir un alto cargo en la Universidad Sergio Arboleda. Desde allí, facilitó un contrato de $2.400 millones de pesos con la misma entidad que dirigía hasta poco antes, con el supuesto propósito de capacitar a funcionarios públicos. Aunque la Defensoría argumentó que se evaluaron propuestas de otras universidades prestigiosas como Los Andes, Javeriana y Externado, la elección de la Sergio Arboleda levantó sospechas de tráfico de influencias y favoritismo.

Pero las acusaciones no terminan ahí. En su paso por la Federación Nacional de Departamentos, se le señala de haber beneficiado con contratos a exmagistrados y familiares de magistrados del Consejo de Estado. Durante su gestión en la Defensoría del Pueblo, se le atribuye el pago de favores políticos con 26 nombramientos estratégicos, muchos de ellos vinculados a partidos que respaldaron su elección.

Uno de los casos más polémicos es el de José Augusto Rendón García, designado como defensor del Pueblo en Urabá, pese a haber sido abogado de empresarios acusados de apropiarse ilegalmente de tierras de desplazados. También destaca Nelson Felipe Videz Calle, su secretario privado, relacionado con el excongresista parapolítico Luis Eduardo Vives.

Las denuncias contra Camargo también incluyen acusaciones de haber participado en un presunto carrusel de contratos por más de $28.000 millones de pesos dentro de la Defensoría del Pueblo. Se señala que parte de estos recursos terminaron en empresas como Telecafé, Canal TRO y Soavento Grupo SAS.

Más grave aún, testimonios indican que Camargo utilizó un crédito de $18 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo para la compra de laboratorios forenses, los cuales habrían sido empleados para interceptar comunicaciones dentro de la entidad. Funcionarios denunciaron haber sido víctimas de espionaje, y una de ellas tuvo que abandonar el país tras recibir amenazas.

Pese a los escándalos, Camargo cuenta con el respaldo del expresidente Iván Duque para reemplazar a la magistrada Diana Fajardo en la Corte Constitucional. La posibilidad de que una figura con semejantes cuestionamientos llegue a una institución clave para el equilibrio del Estado genera inquietud y rechazo en diferentes sectores.

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