La marcha en solidaridad con Palestina terminó convertida en un escándalo nacional. Lo que debía ser una jornada de paz y expresión ciudadana se tiñó de violencia cuando los gestores de seguridad y convivencia de la Alcaldía de Medellín arremetieron contra manifestantes, dejando heridos y denuncias de abuso de poder.
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La Defensoría del Pueblo no se quedó callada. Su pronunciamiento fue un golpe directo a la administración local: los hechos registrados en la avenida El Poblado podrían calificarse como violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios municipales.
“En ningún caso deben impartirse o ejecutarse instrucciones orientadas a la disolución violenta de las marchas o concentraciones ciudadanas, especialmente si la disolución es realizada por contratistas que no hacen parte de los contingentes de la Policía”, advirtió con contundencia Iris Marín, Defensora del Pueblo.
“Los gestores no tienen funciones de uso de la fuerza, tampoco de disolución de manifestaciones”, agregó.
Defensoría del Pueblo llama a garantizar el derecho a la protesta pacífica.
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) October 8, 2025
Durante la jornada de la “Marcha Nacional de Solidaridad con Palestina”, realizada en Medellín, se presentaron hechos que podrían calificarse como violaciones a los derechos humanos por parte de… pic.twitter.com/OdRljLTXDi
La funcionaria fue clara y directa: la protesta pacífica no es un delito, es un derecho constitucional. “Su ejercicio debe garantizarse en condiciones de libertad, seguridad y respeto, salvaguardando la vida y la integridad de las personas y los bienes públicos y privados”, recalcó Marín.
Su llamado a las autoridades fue categórico: primero el diálogo, después la mediación y solo en última instancia el uso de la fuerza y únicamente por cuerpos especializados como el UNDEMO, bajo principios de proporcionalidad, necesidad, precaución y diferenciación.
En pocas palabras: los gestores de convivencia no pueden jugar a ser policías, y menos convertirse en verdugos de los ciudadanos que protestan.
El pronunciamiento también incluyó un fuerte mensaje contra el concejal Andrés “El Gury” Rodríguez, quien fue captado portando un bate e increpando manifestantes. Para la Defensora del Pueblo, este comportamiento rompe todos los límites éticos y legales de un servidor público.
Como en los tiempos de @IvanDuque durante el " estallido social " .Este Señor debería ser judicializado .
— Ángela María Robledo (@angelamrobledo) October 8, 2025
Qué dice el alcalde @FicoGutierrez ?? pic.twitter.com/xQEpMkGOtr
“Este tipo de comportamientos constituyen una incitación a la violencia e implican un incumplimiento del deber de los servidores públicos de promover la paz y proteger los derechos de todas las personas”, señaló Marín.
La funcionaria recordó que los representantes del Estado están llamados a ser garantes de derechos, no instigadores del miedo. Mientras la administración local intenta justificar los golpes bajo el argumento de “proteger la propiedad privada”, la Defensoría exige investigaciones disciplinarias y penales contra quienes hayan excedido sus funciones.
“La protesta no se combate con garrotes ni con bates. Se protege con diálogo, con garantías y con respeto”, fue la frase que marcó el cierre del pronunciamiento de Iris Marín.
El mensaje fue claro: si Medellín permite que contratistas sin formación usen la fuerza contra manifestantes, se está cruzando una línea roja en derechos humanos.
La marcha por Palestina terminó evidenciando otro conflicto: el de una administración que habla de convivencia mientras sus propios funcionarios golpean a quienes piensan distinto.
La Defensoría del Pueblo le recordó al país que la paz no se impone con violencia, y que ningún bate ni uniforme municipal está por encima de la Constitución.
