La Defensoría del Pueblo, entidad encabezada por Iris Marín Ortiz, envió un contundente requerimiento a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, María Carolina Restrepo Cañavera. Debe explicar qué instrucciones se están impartiendo dentro del ICBF para excluir la palabra “niñas” de las comunicaciones institucionales, quién las ordenó y qué argumentos existen para justificar una orientación que podría reducir la visibilidad expresa de millones de niñas colombianas. Además, en el documento le recordó las sentencias de la Corte Constitucional sobre este tema.
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El oficio tiene fecha del 25 de agosto y fue dirigido directamente a Restrepo. La Defensoría solicita información sobre las directrices institucionales para el uso del lenguaje referido a niñas, niños y adolescentes. El documento nació después de conocerse información sobre una instrucción en la Regional Huila para utilizar la expresión “niños y adolescentes” sin incluir expresamente a las niñas.
La discusión, advierte la Defensoría, está muy lejos de ser una simple pelea gramatical. La entidad recordó que la Corte Constitucional lleva dos décadas advirtiendo que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que también puede contribuir a construirla, reproducir exclusiones o hacer visibles poblaciones históricamente relegadas. El oficio cita expresamente la Sentencia C-804 de 2006 y recuerda posteriores pronunciamientos como las sentencias C-001 de 2018, C-552 de 2019, C-154 de 2022 y T-250 de 2024.
La Defensoría pidió explicaciones al ICBF por reemplazar “niños y niñas” por “niñez”. La entidad habla de economía del lenguaje; críticos alertan invisibilización de género. ¿Qué se pierde cuando el lenguaje deja de nombrar diferencias? #Colombia #ICBF #Derechos #Género pic.twitter.com/e4aASxgPCe
— Parágrafo.co (@Paragrafo_co) August 26, 2026
La Defensoría fue particularmente clara al señalar que buscar comunicaciones sencillas o eficientes no puede hacerse ignorando las obligaciones constitucionales de igualdad y no discriminación. “La economía del lenguaje no debería traducirse en una pérdida de reconocimiento cuando la diferenciación resulta relevante para garantizar derechos”, señala el documento conocido.
Y el asunto se vuelve todavía más delicado cuando se habla de infancia. El artículo 12 de la Ley 1098 de 2006 establece que la perspectiva de género debe ser tenida en cuenta en todos los ámbitos en los que se desenvuelven niños, niñas y adolescentes. La razón no es decorativa. Las niñas enfrentan riesgos particulares relacionados con violencia sexual, explotación, uniones tempranas, embarazo forzado o adolescente, trata y otras expresiones de violencia basada en género. Por eso, para la Defensoría, identificarlas expresamente permite detectar desigualdades, recopilar información diferenciada y diseñar medidas específicas de prevención.
El mensaje más fuerte aparece en la segunda página del oficio. Allí la Defensoría sostiene que nombrar y desagregar la información no es ornamental, porque permite identificar las desigualdades y caracterizar adecuadamente las violencias que enfrentan las niñas. La entidad advierte además que una regla general orientada a prescindir de su mención expresa podría dificultar la identificación de formas particulares y desproporcionadas de violencia.
Es decir, la controversia dejó de tratarse exclusivamente de palabras. Ahora toca directamente la manera en que una de las instituciones más importantes para la protección de la infancia identifica a quienes debe proteger. Por eso Iris Marín puso cuatro exigencias concretas sobre la mesa. La primera consiste en que el ICBF informe cuál es exactamente la directriz vigente para utilizar expresiones como “niñas”, “niños”, “adolescentes” y “niñez”, aclarando además si tiene alcance nacional o regional, quién la impartió y cuándo comenzó a aplicarse.
🔴 La decisión de la nueva directora del ICBF, María Carolina Restrepo, de excluir la palabra “niñas” del lenguaje institucional va más allá de un tema semántico: es una afrenta política contra los derechos de las menores que desconoce el Código de Infancia y Adolescencia de este… pic.twitter.com/nlciinnNI6
— Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) August 20, 2026
La segunda exige entregar copia de circulares, comunicaciones, correos, lineamientos y cualquier otro documento mediante el cual se haya transmitido esa orientación. La tercera pide revelar los fundamentos técnicos, jurídicos, de derechos humanos, de género y comunicativos utilizados para tomar la decisión. Y la cuarta pretende determinar si el ICBF analizó los posibles efectos de la medida sobre la visibilidad y reconocimiento de las niñas y, sobre todo, si piensa revisar, precisar o modificar la orientación después de la controversia.
La directora María Carolina Restrepo ha defendido una posición diferente. Restrepo sostiene que utilizar la palabra “niñez” no significa eliminar a las niñas del ámbito de protección del instituto. En mensajes anteriores afirmó que “cuando hablamos de niñez, hablamos de todos los niños y todas las niñas del país” y aseguró que recibirán las garantías previstas por la Constitución, la ley y los tratados internacionales.
El propio ICBF también aseguró que responderá formalmente a la Defensoría y manifestó que la institución no pretende borrar a las niñas del lenguaje institucional ni excluirlas o vulnerarlas. Pero esa explicación no cerró la controversia.
La Defensoría justamente quiere determinar si existe una instrucción institucional, cuál es su verdadero alcance y si se analizaron sus consecuencias antes de implementarla. La pregunta institucional de fondo ya no consiste únicamente en determinar si la palabra “niñez” incluye gramaticalmente a ambos sexos, sino en establecer si dejar de mencionar expresamente a las niñas puede afectar la manera en que el Estado reconoce vulnerabilidades que las golpean de forma particular.
La nueva directora del ICBF, Carolina Restrepo, dio la orden de anular la palabra "niñas", a partir de su nombramiento solo se mencionará “niños y adolescentes". Se acabó nombrar a las niñas. ¿Casualidad? No. ¿Es algo menor? No.
— • Naylea • (@Nayleabarros) August 20, 2026
Es una decisión política.
Las vamos a seguir… pic.twitter.com/APPwRn9CB9
Las críticas ya habían llegado desde distintos sectores. La representante Lourdes Mateus puso sobre la mesa la existencia de la directriz cuestionada. María Cristina Hurtado, corredactora del Código de Infancia y Adolescencia, también ha defendido que dejar de nombrarlas puede representar un retroceso en décadas de reconocimiento jurídico.
El pronunciamiento de Iris Marín eleva ahora el debate a otro nivel. Ya no se trata únicamente de críticas en redes sociales o diferencias sobre estilo institucional. La directora del ICBF tendrá que poner sobre la mesa documentos, responsables, argumentos jurídicos y evaluaciones concretas.
