¡La mayor traición al Acuerdo de Paz! Curules creadas para las víctimas del conflicto terminan respaldando la «patria milagro» de Abelardo

La decisión de once representantes de las Curules de Paz de respaldar al gobierno de Abelardo de la Espriella provocó una oleada de indignación entre víctimas, líderes sociales y sectores que defendieron el Acuerdo de Paz. La controversia estalló porque estos escaños nacieron precisamente gracias al acuerdo que el presidente electo ha prometido desmontar en varios de sus componentes, una paradoja que muchos califican como una traición política a los territorios golpeados por la guerra.

El respaldo de 11 de las 16 Curules Transitorias Especiales de Paz (CITREP) a la administración de Abelardo de la Espriella se convierte en un episodio polémico y escandaloso en el inicio del nuevo Congreso. Lo que fue presentado por los congresistas firmantes como una decisión «libre, autónoma e independiente», para numerosos sectores sociales, defensores de derechos humanos y analistas representa una profunda contradicción con el origen mismo de las curules creadas para representar a las víctimas del conflicto armado.

Las Curules de Paz fueron creadas mediante el Acuerdo Final de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las extintas Farc como una medida de reparación política para comunidades históricamente golpeadas por la violencia. Su propósito era garantizar representación directa de territorios olvidados durante décadas por la guerra y el abandono estatal.

Precisamente por ello, el anuncio causó sorpresa cuando once representantes decidieron expresar públicamente su acompañamiento al presidente electo, un dirigente que durante la campaña cuestionó varios pilares del Acuerdo de Paz y anunció profundas modificaciones institucionales relacionadas con su implementación.

El comunicado fue firmado por Jorge Rodrigo Tovar Vélez, James Mosquera Torres, Karen López, Juan Carlos Vargas, Luis Romiro Ricardo Buelvas, Javier López Díaz, Alejandro Castillo Gaitán, Janeth Sabogal, Tatiana Gahona Pinzón, Jhon Fredy Valencia y Fred Pineda, representantes de regiones como Catatumbo, Montes de María, Putumayo, Urabá, Guaviare, Meta, Chocó y sur de Córdoba.

En el documento afirmaron que su acompañamiento estará guiado «exclusivamente por el compromiso con los territorios que representamos y por la defensa permanente de los intereses de nuestras comunidades», insistiendo además en que exigirán una política de paz «seria, responsable y eficaz», así como mayor inversión social y reparación integral para las víctimas.

Sin embargo, la decisión abrió inmediatamente un fuerte debate político. Uno de los primeros en reaccionar fue el exsenador Roy Barreras, quien recordó que esas curules existen precisamente gracias al Acuerdo de Paz que ahora enfrenta incertidumbre. «Diez de los elegidos gracias al Acuerdo de 2016 se regalaron al gobierno De la Espriella, que anuncia matar la madre que los parió, la paz, el primer día», escribió Barreras en su cuenta de X. El exsenador fue aún más contundente al asegurar que el respaldo se produjo «sin debate, sin discusión y sin conciencia» sobre el significado histórico de esos escaños para las víctimas del conflicto armado.

Mientras tanto, diversos analistas comenzaron a señalar la enorme paradoja política que representa el respaldo. Durante la campaña presidencial, Abelardo de la Espriella manifestó su intención de impulsar cambios profundos alrededor del sistema de justicia transicional. Entre sus anuncios estuvieron cuestionamientos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la eliminación de la Unidad de Implementación del Acuerdo, el fortalecimiento de una nueva Consejería para la Seguridad Nacional y el eventual desmonte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Aunque especialistas han explicado que el presidente no puede eliminar unilateralmente el Acuerdo de Paz porque el Estado colombiano tiene obligaciones jurídicas derivadas del mismo, sí podría modificar la prioridad política y presupuestal de su implementación. Por esa razón, la decisión de los once congresistas fue interpretada por muchos como una señal contradictoria.

El analista político Ricardo González, citado por medios regionales, resumió esa preocupación con una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. «Con una carta, once de los dieciséis miembros de esas Curules de Paz anunciaron su apoyo a la farsa de la Patria Milagro de Abelardo, lo que no deja de ser una triste paradoja porque De la Espriella no solamente fue abogado sino promotor e impulsor del paramilitarismo durante los diálogos de Santa Fe de Ralito», afirmó.

Otro de los nombres que volvió a aparecer en medio de la polémica fue el de Jorge Rodrigo Tovar Vélez, representante por Magdalena, Cesar y La Guajira e hijo del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias «Jorge 40». Tovar fue además el representante de Curules de Paz que obtuvo el mayor respaldo electoral en estas elecciones con aproximadamente 17.000 votos, circunstancia que volvió a poner bajo la lupa la discusión sobre la verdadera representación de algunos de estos escaños.

Las críticas también recordaron que varias Curules de Paz han sido cuestionadas desde hace años por presuntos respaldos de maquinarias políticas regionales, una preocupación que ya había sido planteada durante las elecciones de 2022 y que volvió a cobrar fuerza tras este anuncio.

Desde las propias Curules de Paz insistieron en que su respaldo no significa una adhesión incondicional al nuevo gobierno. Los representantes sostuvieron que continuarán exigiendo inversión social, reparación integral para las víctimas y presencia efectiva del Estado en los municipios más golpeados por la guerra.

Sin embargo, el debate ya quedó instalado. Para numerosos sectores sociales resulta difícil entender que representantes elegidos gracias a un mecanismo nacido del Acuerdo de Paz respalden políticamente a un gobierno cuyo presidente electo ha planteado modificar varios de los instrumentos creados precisamente para desarrollar ese acuerdo. La controversia apenas comienza y promete convertirse en uno de los primeros grandes choques políticos del nuevo Congreso, donde el futuro de la implementación del Acuerdo de Paz volverá a ocupar un lugar central en la agenda nacional.

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