La guerra por el salario mínimo vital ya estalló y, tal como lo había advertido el presidente Gustavo Petro, los grandes gremios económicos movieron ficha en los estrados judiciales. Fenalco acudió al Consejo de Estado para intentar tumbar el aumento del 23 % del salario mínimo para 2026, una decisión que el Gobierno defendió como un paso histórico para garantizar condiciones de vida dignas a millones de trabajadores, pero que para el gremio de comerciantes representa una “amenaza” a sus intereses.
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La Federación Nacional de Comerciantes pidió la nulidad y la suspensión inmediata del decreto 1469 de 2025, alegando que el Gobierno no explicó “de manera clara y verificable cómo se pasó de variables económicas que justifican ajustes del 6,21 %, a un incremento del 23 %”. En su ofensiva jurídica, Fenalco asegura que existen “deficiencias legales graves y riesgos económicos y sociales para el país”, una narrativa que revive el libreto de siempre: sembrar miedo, anunciar catástrofes y poner por delante las utilidades antes que el bienestar de quienes viven de un salario.
Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio, fue más allá y acusó al Ejecutivo de haber “desconocido el marco legal y constitucional vigente al aplicar criterios no contemplados en la ley”, cuestionando el concepto de salario vital y atacando el uso de referentes de la OIT, a los que calificó como “sin carácter vinculante”. Incluso puso en duda el rol del Dane, al señalar que “se desconoció la competencia exclusiva” de la entidad en la definición de la canasta del IPC, pese a que el propio Gobierno ha sustentado el salario vital en datos oficiales sobre el costo real de vivir en Colombia.
#ATENCIÓN 🚨 | ECONOMÍA
— ElTrino.Co (@EltrinoCo) January 14, 2026
Fenalco (@FenalcoNacional) demandó ante el Consejo de Estado el aumento del salario mínimo para 2026 y pidió la suspensión inmediata del decreto, advirtiendo que, de mantenerse, podrían perderse cerca de 770.000 empleos. pic.twitter.com/FJCt6rSMaE
Para Fenalco, el aumento traerá una supuesta hecatombe económica: inflación, pérdida de empleo formal, crecimiento de la informalidad y el cierre de mipymes. El gremio llegó a afirmar que se podrían perder “alrededor de 772.340 empleos”, una cifra que no pocos analistas ven como una advertencia inflada para presionar a los jueces. Cabal insistió en que “esta no es una discusión contra los trabajadores”, aunque en el mismo discurso atacó el incremento que busca precisamente garantizarles un ingreso digno.
A esta arremetida se sumó una tutela presentada por el empresario Alexander Donato Rondón, con el exmagistrado Alejandro Linares como apoderado, quien pidió dejar sin efectos el decreto al considerar vulnerado el “derecho fundamental al debido proceso” y el mandato de “concertación tripartita”. El argumento central es que la medida ya está produciendo efectos desde el 1 de enero de 2026 y que existiría un “perjuicio inmediato e irremediable”, mientras el Consejo de Estado decide de fondo.
Alejandro Linares, exmagistrado de la Corte Constitucional, ternado por Juan Manuel Santos, que ha vivido siempre del Estado, con cargos de altísima remuneración, pasó por Ecopetrol y sin haber vivido nunca con un salario mínimo, hoy demanda el salario mínimo vital.
— Isabel Zuleta (@ISAZULETA) January 14, 2026
Es… https://t.co/b4QpsJRCQe
Nada de esto tomó por sorpresa al presidente Petro. Días antes, en un extenso y contundente trino, lanzó una alerta directa a los trabajadores: “¡ATENCIÓN! abejas trabajadoras: alistarse para salir a las calles. Mañana empieza la oligarquía y los oligopolios (…) a buscar sus amigos en el poder judicial para derribar el decreto de salario vital”. En el mismo mensaje denunció que quienes hoy hablan de inconstitucionalidad “no tienen razón científica alguna” y recordó que “el salario vital y familiar lo ordena la Constitución en su artículo 53”.
Petro también explicó el corazón del cálculo que tanto incomoda a los grandes empresarios: “El salario vital se saca del dato del DANE, sobre el costo de la canasta mínima vital de las familias en Colombia (…) y da dos millones de pesos mensuales. Ahí estallaron los oligopolios y la oligarquía”. Para el mandatario, la oposición al salario mínimo vital no es técnica ni jurídica, sino política y de clase, una reacción de quienes “se creen dueños de Colombia” y pretenden mantener a los trabajadores al borde de la subsistencia.
¡ATENCION! abejas trabajadoras: alistarse para salir a las calles
— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 13, 2026
Mañana empieza la oligarquía y los oligopolios, que son los dueños de la oligarquía, a buscar sus amigos en el poder judicial para derribar el decreto de salario vital y el decreto que le hace pagar impuestos a…
Mientras los gremios anuncian desastres y acuden a los jueces, el Gobierno insiste en que no habrá inflación causada por el salario vital y que la verdadera raíz del encarecimiento de la vida está en problemas estructurales como la falta de una reforma agraria. “La ciencia económica los desmiente”, afirmó Petro, al tiempo que defendió el derecho de los trabajadores a no ser tratados como esclavos modernos.
Ahora, la decisión queda en manos del Consejo de Estado, que deberá definir si le da la razón a Fenalco y a los sectores que buscan frenar el salario mínimo vital, o si respalda una medida que el Gobierno presenta como un mandato constitucional largamente incumplido. Lo cierto es que la pulseada dejó al descubierto, una vez más, el choque frontal entre un proyecto que pone al trabajador en el centro y una élite económica que no está dispuesta a soltar sus privilegios sin dar la pelea.
