¡Le premiaron la desinformación! La bachiller Jerome Sanabria fue la encargada de la falsa narrativa del «voto fusil» y terminó en el comité de empalme de Abelardo De La Espriella

La narrativa del “voto fusil” nació en redes con tablas incompletas, mapas desactualizados y videos virales que pusieron bajo sospecha a municipios enteros por haber votado por Iván Cepeda. Ahora, esa narrativa impulsada por sectores abelardistas amenaza con convertirse en insumo político para el llamado “empalme anticorrupción” de Abelardo de la Espriella, pese a que verificadores y analistas han advertido que se trata de una lectura selectiva, exagerada y sin pruebas concluyentes.

La narrativa del “voto fusil” se convirtió en una de las armas discursivas más peligrosas del cierre electoral. Con una mezcla de sospechas, mapas sacados de contexto, cifras parciales y señalamientos contra comunidades enteras, sectores cercanos a Abelardo de la Espriella instalaron la idea de que la votación de Iván Cepeda en territorios periféricos no habría sido expresión democrática sino producto de presiones armadas. El problema es que, según la verificación de diferentes medios y de expertos políticos, esa tesis es selectiva, exagerada y se sustenta sobre datos incompletos.

La polémica comenzó incluso antes de que terminara el preconteo de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. En redes sociales empezó a circular una tabla de Excel que supuestamente mostraba resultados en municipios con “riesgo extremo” y que buscaba relacionar, sin pruebas directas, la votación por Cepeda con la presencia de grupos armados. Esa información fue retomada por la influenciadora Jerome Sanabria, activista de ultraderecha y abierta simpatizante de Abelardo de la Espriella, quien afirmó que el candidato del Pacto Histórico había “arrasado” en zonas con presencia de “guerrillas”.

El video de Sanabria tuvo un alcance masivo. De acuerdo con ColombiaCheck, acumuló cerca de 790.000 visualizaciones en distintas plataformas y más de 72.000 “me gusta”, además de ser replicado por cuentas de propaganda de De la Espriella. Esa viralidad convirtió una hipótesis sin sustento suficiente en una narrativa política de alto impacto.

De ahí que llame la atención el anuncio de que Jerome Sanabria hará parte del Comité Nacional del Empalme del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, una instancia que, según ella misma anunció, está integrada por apenas seis personas y es liderada por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo. La designación desató una nueva ola de críticas porque la activista de derecha, de 20 años, es conocida principalmente por su actividad política en redes sociales, ni siquiera cuenta con título universitario, se sabe que actualmente cursa estudios de Derecho, y no se conoce hasta ahora una trayectoria profesional en administración estatal o alguno de los requerimientos mínimos que debería tener una persona para este tipo de empalmes.

Incluso, en redes sociales surgieron comparaciones con otros nombramientos cuestionados por presuntas faltas de experiencia. Para los críticos, resulta llamativo que una de las principales impulsoras de una narrativa que verificadores independientes calificaron como selectiva y exagerada sobre el supuesto «voto fusil» ahora haga parte del equipo encargado de revisar la gestión del Gobierno saliente, alimentando las dudas sobre si el denominado empalme anticorrupción privilegiará criterios técnicos o terminará convertido en un escenario de confrontación política y show mediático a través de redes como las de la creadora de contenido.

En todo caso, la revisión de los datos de las publicaciones sobre la narrativa del “voto fusil” mostró grietas profundas. La tabla utilizada se basaba en información parcial del preconteo. En el caso de Jambaló, Cauca, por ejemplo, se citaban resultados cuando solo se había informado alrededor del 72,7 % de la votación local, aunque luego el resultado final confirmó una tendencia favorable a Cepeda. Además, uno de los mapas usados para hablar de “presencia guerrillera” correspondía a una elaboración de la Fundación Paz y Reconciliación de 2015, es decir, de hace 11 años, cuando el mapa del conflicto armado colombiano era muy distinto al actual.

La desactualización es intencional. En la última década, las antiguas Farc se desmovilizaron, surgieron disidencias, se transformaron las dinámicas criminales y distintos grupos armados cambiaron de presencia territorial. Por eso, presentar un mapa viejo como si explicara automáticamente la votación de 2026 no solo es metodológicamente débil, sino políticamente peligroso.

Otro punto clave es que la narrativa agrupó bajo la palabra “guerrillas” a actores armados muy distintos. Analistas consultados por diferentes medios explicaron que hoy la denominación oficial incluye grupos armados organizados y grupos armados residuales, con naturalezas, historias y lógicas diferentes. Meter en la misma bolsa al ELN, al Clan del Golfo y a disidencias de las antiguas Farc simplifica de manera extrema la realidad de los territorios.

La teoría también omite un dato incómodo para quienes la impulsan. En zonas con presencia de actores armados no solo ganó Cepeda. También ganó Abelardo de la Espriella. La Misión de Observación Electoral ha señalado que hubo votaciones cercanas al 100 % que favorecieron a ambos candidatos en distintos territorios. En el caso de De la Espriella, los análisis muestran que obtuvo el 100 % de la votación en 308 mesas, sin que eso signifique automáticamente una anomalía o presión armada.

Además, en departamentos con alta presencia de grupos armados, los resultados fueron mixtos. En Tibú, Norte de Santander, municipio golpeado por la violencia del Catatumbo, De la Espriella obtuvo 9.958 votos, equivalentes al 53 %, mientras Cepeda logró 6.001 votos, el 32 %. En Guaviare, otro departamento con presencia de actores armados y riesgo electoral, dos municipios votaron mayoritariamente por De la Espriella y dos por Cepeda. Es decir, la realidad territorial no cabe en el relato fácil de que donde ganó Cepeda hubo “voto fusil”.

El politólogo Yann Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Universidad del Rosario, explicó que la división entre el voto del centro del país y el voto de la periferia no es nueva. Esa fractura se observa desde la segunda vuelta presidencial de 2014, cuando el proceso de paz fue un eje central de la contienda entre Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga. Factores como pobreza, necesidades básicas insatisfechas, modelo económico, experiencia del conflicto, abandono estatal y demandas sociales también inciden en la votación. Reducir todo a presión armada es, en palabras de los analistas, una lectura simplista.

El riesgo de esa narrativa es enorme, pues cuando se sugiere que comunidades enteras votaron bajo presión sin presentar pruebas suficientes, se deslegitima el derecho al voto de territorios históricamente marginados. Se pone bajo sospecha a campesinos, comunidades indígenas, pueblos afrodescendientes y municipios golpeados por la guerra, como si su decisión política no pudiera ser autónoma, consciente o legítima.

Por eso preocupa que este relato, nacido en redes y amplificado por influenciadores abelardistas, pueda terminar conectado con el anunciado “empalme anticorrupción” de Abelardo de la Espriella. Si una auditoría política parte de una narrativa selectiva, exagerada y previamente desacreditada por verificadores, el riesgo no es combatir la corrupción, sino convertir el empalme en una herramienta de persecución y estigmatización contra territorios que votaron distinto.

La discusión no es si deben investigarse irregularidades electorales. Toda denuncia seria debe revisarse con rigor por las autoridades competentes. El problema aparece cuando se reemplazan las pruebas por sospechas virales, los análisis por mapas viejos y la garantía democrática por señalamientos masivos contra regiones pobres y periféricas.

El “voto fusil” se convirtió así en una etiqueta explosiva. Sirve para sembrar dudas, alimentar indignación y justificar futuras acciones políticas contra opositores y comunidades. Pero los datos completos muestran una realidad más compleja, más territorial y menos conveniente para la narrativa de la ultraderecha. En las zonas de conflicto votaron por Cepeda, sí. Pero también votaron por De la Espriella. Y en una democracia, el voto de la periferia no vale menos solo porque no le guste al poder que ganó.

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