Libertad para 8 jóvenes periodistas: Detenidos más de dos años por la fiscalía de Barbosa por cubrir el estallido social

Ocho jóvenes periodistas recuperaron su libertad tras más de dos años detenidos injustamente por cubrir el estallido social, acusados de terrorismo por la Fiscalía de Barbosa y Duque.

En una histórica decisión, la jueza del Juzgado Décimo Penal con función de control de garantías de Neiva otorgó esta tarde la libertad a ocho jóvenes, detenidos desde el 27 de abril de 2022 en el contexto del estallido social. La decisión llega tras dos años, un mes y 17 días de su privación de libertad, periodo durante el cual nunca fueron llevados a juicio, evidenciando un evidente vencimiento de términos.

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El Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), defensores de los jóvenes, celebró la decisión y destacó la importancia de esta medida en la garantía de sus derechos. «Estos jóvenes y periodistas nunca debieron ser privados de la libertad y el derecho a la protesta nunca debió ni debe seguir siendo estigmatizado ni criminalizado. Celebramos esta decisión de devolverles su libertad y reconocemos la labor judicial que en este momento se ejerce en garantía del derecho humano a la libertad y del Estado social de derecho», afirmó la abogada de Cajar, July Henríquez.

Inicialmente, la Fiscalía acusó a los jóvenes de delitos graves como terrorismo y secuestro, justificando así su detención al considerarlos un peligro para la sociedad. Sin embargo, seis meses después de su detención, la Fiscalía retiró estos cargos, reconociendo su error. A pesar de ello, los jóvenes permanecieron detenidos, sin ser llevados a juicio, lo cual excede el término máximo de 240 días establecido por la ley para las medidas de aseguramiento.

«En este caso, la Fiscalía se extralimitó al solicitar una privación de la libertad con una imputación desproporcionada, que privó de la libertad a estos jóvenes durante más de dos años, sin que hayan sido llevados a juicio», explicó la abogada Henríquez. Esta situación contraviene tanto el sistema penal acusatorio como el sistema interamericano de derechos humanos, que establecen que la libertad debe ser la regla general y su privación, la excepción.

La jueza ordenó la libertad inmediata de los jóvenes al constatar que habían transcurrido 661 días desde la radicación del escrito de acusación sin que se diera inicio al juicio oral, lo cual excede el término máximo de 240 días según los artículos 317 del Código de Procedimiento Penal.

Este caso resalta la problemática de la estigmatización y criminalización de la protesta social durante el estallido social de 2022. Durante este periodo, el gobierno de Iván Duque y la fiscalía liderada por Francisco Barbosa asociaron de manera general las protestas con acciones criminales y grupos delincuenciales, desvirtuando las justas demandas sociales de la población colombiana.

Este tratamiento perjudicó a centenares de jóvenes, quienes fueron presentados ante los medios de comunicación como terroristas y secuestradores, generando un impacto negativo en la opinión pública.

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