La polémica por la neutralidad del proceso electoral en Colombia sumó un nuevo capítulo luego de que la Registraduría Nacional del Estado Civil confirmara la desvinculación inmediata de una funcionaria de la entidad tras la difusión de un video en redes sociales en el que aparentemente participaba en actividades políticas durante la inscripción de candidaturas presidenciales. La decisión fue adoptada de manera inmediata mientras se adelantan las investigaciones disciplinarias internas para esclarecer los hechos y determinar si hubo una falta grave contra los deberes que rigen a los servidores públicos.
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El caso estalló cuando empezó a circular un video en el que la funcionaria, identificada como Camila Gómez, aparecía celebrando la inscripción de la candidatura presidencial de la senadora Paloma Valencia, junto a su ahora formula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo y al expresidente Álvaro Uribe. En la grabación se observa a la empleada usando elementos institucionales de la Registraduría mientras expresaba entusiasmo por el evento político, situación que generó fuertes cuestionamientos sobre la neutralidad que deben mantener los funcionarios del organismo encargado de organizar las elecciones en el país.
¿Por qué una funcionaria de la Registraduría hace proselitismo político? Si se supone que es la entidad que debe garantizar la transparencia de nuestras elecciones. @petrogustavo pic.twitter.com/8KFaf7AeIZ
— Amaranta (@AmarantaHankTw) March 13, 2026
Tras la difusión del material, la Registraduría emitió un comunicado en el que informó que la funcionaria era supernumeraria de la entidad y que fue separada de su cargo de forma inmediata. La institución explicó que la decisión responde a la obligación legal y constitucional de garantizar la imparcialidad absoluta de los servidores públicos en los procesos electorales, principio fundamental para proteger la legitimidad de las elecciones.
“Frente a una aparente participación en política de una funcionaria supernumeraria de la entidad, se tomó la decisión de apartarla de su cargo de manera inmediata”, señaló la Registraduría en su pronunciamiento oficial, en el que también confirmó que el video fue remitido a la Oficina de Control Disciplinario para que se adelanten las investigaciones correspondientes.
Comunicado oficial 📰⬇️ pic.twitter.com/0rNytJOLbV
— Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) March 13, 2026
El organismo electoral recordó además que, de manera reiterada, se ha advertido a todos los funcionarios sobre la prohibición de intervenir en actividades políticas mientras ejercen funciones dentro de la institución. Estas restricciones no solo hacen parte de los protocolos internos de la Registraduría, sino que también están contempladas en el régimen disciplinario de los servidores públicos y en el Código Penal colombiano, que sanciona la intervención indebida en política por parte de funcionarios del Estado.
La decisión de apartar a la funcionaria se produjo en medio de un ambiente político particularmente sensible, marcado por denuncias sobre irregularidades electorales y un intenso debate público sobre la transparencia del proceso democrático.
El caso también tomó fuerza luego de que el propio presidente Gustavo Petro compartiera el video en sus redes sociales y cuestionara la escena que se veía en la grabación. En su mensaje, el mandatario hizo una crítica sobre las figuras que aparecían en el video, lo que amplificó la discusión pública y aceleró la reacción institucional frente al caso.
¡Ay dios!, ahí no más van como 50.0000 hectáreas de tierra juntas en dos personas de este video y sin producir una mata de yuca y así quieren volver a gobernar a Colombia. pic.twitter.com/4s0s5KoHvJ
— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 13, 2026
Más allá de la polémica política que generó el episodio, la decisión de la Registraduría pone nuevamente sobre la mesa un principio básico del sistema democrático y es que quienes organizan las elecciones deben mantener una absoluta neutralidad frente a los candidatos y partidos que participan en la contienda. Cualquier señal que ponga en duda esa imparcialidad puede afectar la confianza ciudadana en el proceso electoral.
Expertos en derecho electoral han señalado que este tipo de medidas disciplinarias son necesarias para preservar la credibilidad de las instituciones. La participación en política por parte de funcionarios encargados de administrar elecciones es considerada una falta grave porque puede generar conflictos de interés y debilitar la percepción de independencia del organismo electoral.
Mientras avanza la investigación disciplinaria, el caso se suma al clima de vigilancia ciudadana que rodea el actual ciclo electoral en Colombia. En los últimos días, distintos sectores políticos han insistido en la necesidad de revisar con rigor cada actuación relacionada con el proceso, desde el conteo de votos hasta el comportamiento de quienes participan en la organización de las elecciones.
