El pulso por la tierra en Colombia se traslada al Congreso, donde la oposición vuelve a jugar a la dilación y al bloqueo mientras millones de campesinos siguen esperando justicia. La Jurisdicción Agraria, una de las piezas centrales para resolver los conflictos sobre la tierra y avanzar en la reforma rural, quedó atrapada en maniobras políticas que hoy desatan indignación desde el Gobierno nacional y sectores sociales.
La escena es repetida y cada vez más evidente. Falta de quórum, aplazamientos y debates que nunca arrancan. La oposición en la Cámara de Representantes se negó a discutir el proyecto el día de ayer 5 de mayo, a pesar de los llamados insistentes del Ejecutivo. El viceministro del Interior, Jaime Berdugo, lo dijo sin rodeos, “La justicia en el campo colombiano es fundamental. Este proyecto busca que jueces y tribunales puedan resolver los conflictos agrarios”, insistió en medio de una sesión marcada por la ausencia de voluntad política.
El momento más tenso se vivió cuando, en plena discusión del proyecto, las bancadas del Centro Democrático, Cambio Radical, sectores del Partido Conservador y de la U abandonaron la plenaria hacia las 4:35 de la tarde, dejando sin quórum al Congreso e impidiendo que continuara el debate.
El Centro Democrático y Cambio Radical quieren que los primitos de Paloma sigan acaparando tierras campesinas; ninguna de las dos bancadas apareció para votar la Jurisdicción Agraria que frena a los despojadores de tierras y otorga justicia agraria. pic.twitter.com/8vmabnrrpd
— Alfredo Mondragón – Congresista Valle del Cauca (@AlfreMondragon) May 5, 2026
La salida no solo frenó una iniciativa clave del Gobierno de Gustavo Petro para crear una jurisdicción especializada que resuelva los conflictos de tierra, sino que desató una ola de críticas por lo que muchos califican como una maniobra deliberada para bloquear la reforma.
Y es que lo que está en juego no es un trámite cualquiera. La Jurisdicción Agraria es un mandato del Acuerdo de Paz y una herramienta clave para ordenar el caos histórico en la propiedad de la tierra en Colombia. Sin ella, miles de procesos quedan en el limbo, los conflictos se eternizan y la desigualdad rural se profundiza.
Desde el Gobierno de Gustavo Petro la alerta es máxima. El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, fue contundente al señalar que se trata de “la pieza que le falta al rompecabezas” de la reforma agraria. Advirtió que sin esta jurisdicción no hay seguridad jurídica en el campo, ni para campesinos ni para inversionistas, y que el país no puede seguir postergando una decisión que lleva más de 16 meses en trámite.
El tiempo juega en contra. El Congreso tiene apenas unas semanas para debatir y aprobar el proyecto antes de que sea archivado. Son 30 días y poco más de una docena de sesiones para decidir el futuro de una iniciativa que busca resolver conflictos sobre baldíos, formalizar la propiedad rural y garantizar que la tierra cumpla su función social.
Llevan más de 5 sesiones bloqueando la Jurisdicción Agraria. La quieren tumbar. La razón, el Centro Democrático quiere dejar al campesinado sin tierra y proteger a políticos como Alirio Barrera y a poderosos como el primo de Paloma Valencia, quien usurpó más de 6.000 baldíos. pic.twitter.com/vg8jdC7hCI
— U L D A R I C O (@UldaricoChilito) May 6, 2026
Sin embargo, mientras el reloj corre, la oposición insiste en frenar. Desde sectores políticos y sociales se acusa directamente a estas bancadas de proteger intereses que históricamente se han beneficiado del desorden en la propiedad de la tierra. “Hoy la oposición vuelve a hacer lo de siempre, bloquear, dilatar y darle la espalda al campo colombiano”, se denunció desde voces cercanas al proceso de paz, en un mensaje que rápidamente se viralizó en redes.
El señalamiento es directo, no hay punto medio en esta discusión. O se avanza en la justicia agraria o se perpetúa el abandono histórico del campo. Así lo plantean desde la bancada de Comunes, que advierte que la Jurisdicción Agraria no es opcional, sino una obligación del Estado colombiano frente a las víctimas, campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes.
El Gobierno ha intentado destrabar el proyecto por múltiples vías. Ha convocado mesas técnicas, dialogado con gremios, académicos, organizaciones sociales y congresistas de diferentes partidos. Incluso ha recurrido al mecanismo constitucional de mensaje de urgencia para obligar al Congreso a priorizar el debate. Pero la respuesta ha sido la misma, dilación.
Tomen nota de este canalla que es uno de los que le huye al tema de la jurisdicción agraria. Y adivinen de qué partido es: así es, del centro democrático. Porque será que esto no me sorprende? #JurisdicciónAgrariaYa pic.twitter.com/jqVg7yFVSP
— Físico Impuro (@FisicoImpuro) May 5, 2026
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, ha insistido en que el objetivo no es imponer decisiones, sino garantizar que el país tome una postura. “Después de más de un año sin avances, Colombia necesita un rumbo claro”, señaló, dejando en evidencia la posición del Ejecutivo frente a la falta de resultados.
El impacto de este bloqueo es enorme. Según cifras oficiales, hay miles de hectáreas en disputa y decenas de miles de campesinos esperando una solución. Sin una jurisdicción especializada, estos conflictos pueden tardar años o incluso décadas en resolverse, perpetuando la pobreza y la desigualdad en las zonas rurales.
Además, la falta de decisión afecta directamente la recuperación de tierras indebidamente ocupadas, uno de los ejes del Gobierno Petro. Sin reglas claras, procesos como la restitución, la formalización y la redistribución quedan expuestos a vacíos legales que favorecen a quienes han acumulado tierra de forma irregular, como el caso reciente de recuperación de tierras apropiadas por un familiar de la candidata Paloma Valencia.
