Colombia vive un momento político decisivo. Con la expedición de la Resolución 1117 del 30 de enero de 2026, la Registraduría Nacional del Estado Civil autorizó oficialmente al comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente para iniciar la recolección de firmas, dando un paso firme hacia lo que el Gobierno ha defendido durante años: que sea el pueblo quien decida el rumbo del país cuando las instituciones le cierran el paso al cambio.
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El aval despeja cualquier duda jurídica y confirma que el proceso se ajusta plenamente a la ley. Desde ahora, la discusión deja de ser un debate de élites y se traslada al escenario donde, según el propio Gobierno, siempre debió estar: las calles, los barrios y la ciudadanía organizada. La Constituyente deja de ser una propuesta y se convierte en una ruta democrática en marcha.
Avancemos con determinación hacia la convocatoria de una Asamblea Constituyente: ¡reunamos 10 millones de firmas!
— 🇨🇴SARGENTO DEL EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA🇨🇴 (@SARGENTOCHALA) January 31, 2026
Es momento de unir nuestras fuerzas, de crear redes de colaboración y de impulsar un movimiento que trascienda fronteras. La convocatoria a una Asamblea… pic.twitter.com/y9DbE8UesA
La decisión llega después de meses, y años, de tensión política marcados por el hundimiento sistemático de las reformas sociales impulsadas por el Ejecutivo. Salud, trabajo, pensiones y educación han chocado una y otra vez con un Congreso que, para el presidente Gustavo Petro, ha actuado como un muro de contención frente al mandato popular expresado en las urnas. En distintas intervenciones, el jefe de Estado ha sido enfático en que “cuando el bloqueo institucional impide los cambios, el constituyente primario debe expresarse”, una tesis que hoy encuentra respaldo en el calendario electoral.
Desde el Gobierno, el aval de la Registraduría es leído como una victoria de la democracia participativa y como la confirmación de que la Constitución de 1991, aunque histórica, ya no responde plenamente a las necesidades sociales del país real. No se trata, insisten, de imponer una nueva carta magna, sino de abrir un debate profundo sobre derechos, justicia social y el papel del Estado, debate que hasta ahora ha sido cerrado en los escenarios tradicionales del poder.
Se ha inscrito el comité ciudadano por la Asamblea Nacional Constituyente en la Registraduría Nacional.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 26, 2025
El pueblo no se debe dejar quitar su poder de transformar a Colombia y progresar pic.twitter.com/UwRBg50ULh
El entusiasmo no se hizo esperar. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, celebró la decisión con un mensaje que rápidamente se convirtió en consigna: “¡A recoger firmas por la Constituyente!”, una frase que resume el espíritu de este momento político y que ha sido replicada por organizaciones sociales, sindicatos y movimientos ciudadanos que durante años han exigido transformaciones estructurales.
El proceso establece un plazo de seis meses para reunir el 5 % del censo electoral, más de dos millones de firmas, aunque desde sectores cercanos al Ejecutivo se habla de una movilización mucho más amplia, capaz de demostrar que la demanda de cambio no es marginal, sino mayoritaria. La apuesta es clara: un respaldo masivo que legitime la apertura de un nuevo pacto social.
¡A recoger firmas por la Constituyente! Con la Resolución 1117 de 2026, la Registraduría Nacional reconoció al comité promotor e inició formalmente la recolección de firmas para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Se activa así una iniciativa ciudadana que expresa el…
— Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) January 30, 2026
Mientras tanto, las críticas de los sectores que históricamente han controlado el poder político no se han hecho esperar. Sin embargo, el aval oficial deja en evidencia que la discusión no puede cerrarse con miedo ni desinformación. Si hay respaldo ciudadano, habrá Constituyente, y si no lo hay, será el propio pueblo quien lo decida. Esa es la lógica que hoy defiende el Gobierno.
Con este paso, la Asamblea Constituyente deja de ser un fantasma agitado en el debate público y se consolida como una herramienta legítima para destrabar las reformas sociales que millones de colombianos reclaman. El mensaje es contundente: cuando el Congreso bloquea, la democracia se amplía.
La historia vuelve a moverse, y esta vez lo hace desde abajo. Colombia entra en una etapa en la que la palabra final no la tendrán los acuerdos cerrados, sino la voluntad popular.
