¡Petro frena el tarifazo y salva a Air-e! Decreto del Gobierno evita que el Caribe pague los platos rotos del desastre dejado por Duque

Mientras el país hablaba de posibles alzas, el Gobierno Petro activó un decreto clave que evita el tarifazo en el Caribe y mantiene congelado el precio de la energía de Air-e en 2026, pese al desastre financiero heredado de Electricaribe y la era Duque.

Mientras algunos auguraban un nuevo golpe al bolsillo en la Costa Caribe, el Gobierno de Gustavo Petro movió una ficha clave para evitarlo y mantener a flote el sistema eléctrico sin castigar a los usuarios. Con una resolución del Ministerio de Minas y Energía, el Ejecutivo activó un plan de choque para blindar la confiabilidad del sistema interconectado nacional y, de paso, garantizar que la tarifa de Air-e no suba en 2026, convirtiéndose en un verdadero alivio para Atlántico, Magdalena y La Guajira.

La medida llega en un momento crítico, tras años de desorden financiero heredado de la antigua Electricaribe y de la creación de Air-e durante el gobierno de Iván Duque, un proceso rodeado de promesas, cámaras, discursos grandilocuentes y una bancada Caribe llevada a Palacio para anunciar que “todo se iba a acabar”, mientras por dentro la empresa se desangraba. Hoy, el panorama es otro: con la intervención del Estado y decisiones técnicas de fondo, la tarifa de Air-e se mantiene en $796 por kilovatio hora para las personas del Caribe colombiano, $80 por debajo del promedio nacional, que cerró en $876, desmontando el fantasma del tarifazo que algunos sectores agitaban.

El decreto, titulado “por la cual se adoptan medidas para propender por la confiabilidad, complementariedad y continuidad de la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica del sistema interconectado nacional frente al riesgo sistémico”, apunta directo al corazón del problema: las deudas millonarias de empresas intervenidas que amenazaban con un efecto dominó de impagos en todo el mercado eléctrico. Para evitar que el sistema colapse, se estableció de manera temporal un recaudo de $8 por kilovatio hora a través del componente de restricciones, recursos que serán administrados por el operador del mercado y distribuidos entre los acreedores, cubriendo obligaciones acumuladas hasta el 30 de noviembre de 2025.

Lo clave, y lo que incomoda a los agoreros del caos, es que en el caso de Air-e no habrá aumento para los usuarios del Caribe. El impacto del nuevo componente se compensa con la reducción de otros rubros tarifarios, dejando intacto el valor final de la factura. Es decir, el Gobierno decidió salvar el sistema sin trasladar los costos de los errores del pasado a los hogares del Caribe, una región históricamente castigada por un servicio deficiente y facturas impagables.

Desde Air-e Intervenida han sido claros en que esta estabilidad tarifaria responde a “una gestión técnica responsable, decisiones oportunas y una negociación eficiente en la compra de energía”, priorizando precios justos y sostenibles. Además, la empresa ha apostado por la adquisición de energía de fuentes renovables, alineándose con la transición energética y con una visión de futuro que contrasta con los viejos negocios opacos que rodearon a Electricaribe y a sus herederos empresariales, hoy señalados por malos manejos y vínculos que terminaron obligando al Estado a meter la mano para evitar un apagón financiero y social.

El decreto también abre la puerta a una transformación de fondo. La Comisión de Regulación de Energía y Gas tendrá 18 meses para diseñar un esquema que reconozca de manera real el aporte de la energía solar y eólica como energía firme complementaria, modernizando un sistema pensado para el siglo pasado y adaptándolo a una matriz más limpia, eficiente y financieramente sostenible. No es un parche, es una reingeniería.

En medio del ruido político y de quienes prefieren que todo salga mal para poder culpar al Gobierno, la realidad es contundente: no sube la tarifa de Air-e, se protege a los usuarios del Caribe y se toman decisiones para que el sistema eléctrico no se apague. El llamado final es a la corresponsabilidad ciudadana, porque pagar la factura a tiempo y acogerse a los planes de financiación es parte del rescate. Esta vez, el show quedó atrás y lo que hay es una intervención directa para corregir lo que otros dejaron en ruinas.

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