Petro no se queda quieto: ambulancias para el pueblo y proyecto para que dueños de EPS sean obligados a pagar con su patrimonio las deudas al sistema

Con ambulancias nuevas rodando hacia los territorios olvidados y un proyecto de ley que obligaría a los dueños de las EPS a responder con su patrimonio, el Gobierno Petro lanzó un golpe directo contra la narrativa de la “crisis” en salud.

Bajo un sol imponente y ante más de cuatro mil personas que colmaron la Plaza de Bolívar, el Gobierno nacional lideró el Gran Encuentro Nacional de Salud. Con el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, al frente, no solo hubo discursos: hubo cifras, inversiones y decisiones que sacudieron el tablero.

En medio de aplausos y banderas, se entregaron 51 ambulancias, 50 vehículos de transporte asistencial destinados a 50 municipios en 14 departamentos, con una inversión superior a los $13.600 millones, una inyección directa para fortalecer la red pública hospitalaria en territorios históricamente olvidados. La escena fue contundente: ambulancias nuevas listas para rodar hacia zonas donde antes la atención llegaba tarde o simplemente no llegaba. Y no se trata de un gesto aislado. El Ministerio de Salud confirmó que ya se han asignado 1.551 vehículos de emergencia en los 32 departamentos, beneficiando a 930 municipios, con una inversión que supera los $492.000 millones.

El ministro Jaramillo lanzó una cifra que desarma cualquier narrativa de “desfinanciamiento”: el presupuesto del sector salud registra un crecimiento real del 51,4 %, equivalente a $25 billones adicionales, alcanzando 1,4 puntos del PIB. El acumulado pasó de $184,06 billones a $258,49 billones. Un salto que, en palabras del Gobierno, evidencia una decisión política clara de fortalecer el sistema público y desmontar la idea de una supuesta “crisis histórica”.

Pero el momento más explosivo llegó cuando el presidente Petro anunció que el Ejecutivo radicará un proyecto de ley para que los propietarios de las EPS respondan con su propio patrimonio por las deudas acumuladas con hospitales, clínicas y proveedores. El mandatario fue directo y sin rodeos: el Estado no pagará lo que corresponde a privados que manejaron recursos públicos. “Por eso no liquidamos EPS, para que se sepa cuál es la deuda que aparece en los estados contables y sea un cheque, sea una factura de cobro ejecutiva por la cual los jueces de Colombia tengan que cobrarle a esos dueños de EPS el dinero que deudan”, afirmó ante la multitud.

La frase retumbó en la plaza. El mensaje es claro: las deudas no quedarán en el aire ni seguirán asfixiando hospitales públicos mientras los responsables se diluyen en liquidaciones. La apuesta es que esas obligaciones queden plenamente determinadas y puedan reclamarse por vía judicial, marcando un precedente en la responsabilidad empresarial dentro del sistema.

El evento, bautizado “Defender la salud es defender a Colombia”, se convirtió en una vitrina del modelo que el Gobierno impulsa: prevención, atención primaria y fortalecimiento de lo público. Con 14.468 Equipos Básicos de Salud operando en 32 departamentos y 1.123 municipios, y más de nueve millones de hogares visitados, la administración Petro insiste en que la salud dejó de ser un negocio para convertirse en un derecho que se materializa en territorios donde antes solo había abandono.

Ambulancias rodando hacia los municipios más apartados y un proyecto de ley que pone a responder a los dueños de las EPS con su propio patrimonio: dos señales que el Gobierno presentó como pruebas de que el sistema no está en declive, sino en plena transformación.

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