La tensión política escaló a un nivel explosivo luego de que se conociera la denuncia penal radicada ante la Corte Suprema de Justicia por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, contra los congresistas Jonathan Ferney Pulido Hernández (Jota Pe Hernández), Lina María Garrido y Miguel Abraham Polo Polo, a quienes señala de cruzar una línea peligrosa: respaldar abierta o indirectamente un escenario de intervención militar extranjera contra Colombia.

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El documento, fechado el 5 de enero de 2026, detalla una serie de pronunciamientos públicos hechos por los congresistas de oposición en redes sociales, en los que no solo atacan al presidente Gustavo Petro, sino que normalizan, celebran e incluso incentivan una posible captura del jefe de Estado por fuerzas extranjeras, en referencia a declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre eventuales operaciones militares en la región.
Esta es nuestra denuncia penal ante la honorable Corte Suprema de Justicia contra @linamariagarri1, @MiguelPoloP, @JotaPeHernandez por los delitos de menoscabo de la integridad nacional y participación en hostilidades contra la patria. pic.twitter.com/IpDVs9Ms4s
— Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) January 6, 2026
Uno de los apartes más contundentes citados en la denuncia corresponde a un mensaje publicado por Jota Pe Hernández el 3 de enero de 2026 en la red social X: “Mi sueño menos grande, ver a Petro capturado y tras las rejas, mi sueño más grande es que Colombia no tenga que verlo más”. A esto se suman publicaciones posteriores en Instagram donde afirmó: “Celebra Venezuela ojalá algún día podamos celebrar nosotros de ver a Gustavo Petro tras las rejas” y “A Gustavo Petro le decimos si lo piensa así aténgase a las consecuencias, Estados Unidos lo está mirando, ya le dijo Donald Trump cuide su trasero”.
La denuncia también recoge un mensaje del 5 de enero de 2026, en el que Jota Pe va más allá y afirma: “El Presidente de los Estados Unidos acaba de manifestar que no descarta una intervención militar en Colombia para llevarse extraditado a ese enfermo mental”, agregando que Petro “va a terminar extraditado” tras una supuesta caída del régimen venezolano, declaraciones que, según el ministro, no son opinión política sino un llamado abierto a la injerencia extranjera.
Como ciudadano colombiano anuncio que interpondré en las próximas horas denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra personas el Senador Jhonatan Ferney Pulido Hernandez, la Representante Lina María Garrido y otros que vienen promoviendo conductas orientadas a afectar… pic.twitter.com/q3kI1GftzE
— Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) January 5, 2026
En el caso del representante Miguel Polo Polo, el escrito incorpora un mensaje publicado en X donde se lee: “Cómo te quedó el ojo Gustavo Petro, cómo te quedó, acaba de caer Nicolás Maduro, tu compinche, tu cómplice y capturado por el Gobierno de Estados Unidos”, así como otro video en el que se dirige directamente a Donald Trump diciendo: “Ahí le dejo esas declaraciones señor Presidente Donald Trump, usted sabrá qué hacer, usted sabe lidiar perfectamente con esa perramenta comunista”.
Para Antonio Sanguino, estos mensajes no solo afectan la imagen internacional del país, sino que constituyen presuntamente conductas penales graves. En su pronunciamiento público, el ministro fue tajante: “Llamar a invasiones, promover hostilidades o incentivar acciones contra nuestro país no es una opinión política”, y advirtió que estas actuaciones podrían encuadrar en los delitos de menoscabo de la integridad nacional y instigación a la guerra, contemplados en los artículos 455 y 458 del Código Penal colombiano.
🗣️ “Yo, como ciudadano, estoy pensando en interponer acciones legales contra algunas personas que están pensando en someter a Colombia. Eso es prácticamente a una traición a la patria. Está tipificado en nuestro Código Penal. Miren nada más las cuentas de X, por lo menos de dos… pic.twitter.com/vMoa3l3kOB
— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) January 5, 2026
El documento presentado ante la Corte Suprema sostiene que las declaraciones de los congresistas legitiman escenarios de intervención extranjera, desconocen el principio de autodeterminación de los pueblos y vulneran los deberes constitucionales que recaen sobre quienes ejercen cargos públicos. “No constituyen un ejercicio legítimo de control político”, señala el escrito, sino que promueven hostilidades contra la soberanía nacional.
Sanguino también subrayó la gravedad institucional del caso al tratarse de miembros del Congreso. “Es aún más grave cuando estos mensajes provienen de sujetos políticos obligados a defender la Constitución y el orden jurídico. La libertad de expresión no ampara la traición a la patria”, afirmó, dejando claro que, a su juicio, no se puede disfrazar de discurso político lo que equivale a pedir una invasión contra Colombia.
Mientras los mensajes de los congresistas siguen circulando en redes y generando polarización, la denuncia penal que ya reposa en manos de la justicia. Lo cierto es que el caso abrió un debate de fondo sobre los límites del discurso político y encendió una alarma nacional: cuando representantes del Estado parecen aplaudir una intervención extranjera, lo que está en juego no es un gobierno, sino la soberanía misma del país.





